Regular el ciberespacio, acabar con los “giros negros”, incrementar las sanciones por el uso de armas falsas, registro de migrantes en hoteles, así como crear un padrón de usuarios de telefonía celular, son algunas de las iniciativas que el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, busca presentar ante diputados y senadores para que sean aprobadas este año.
La “Estrategia Nacional de Seguridad Pública” que prevé el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para 2020 contempla un paquete de 11 iniciativas para mejorar la seguridad en las 32 entidades del país.
El documento consultado por LA SILLA ROTA menciona que, la primera prioridad es crear la Ley Nacional de Seguridad Privada para regular las empresas de seguridad privada, la cual, según datos de organizaciones sociales y de seguridad, existen cuatro mil empresas de seguridad privada irregulares que emplean a por lo menos 450 mil personas.
“Reformar el artículo 73 Constitucional para emitir una ley nacional que regule: el registro y permiso único a nivel nacional para las empresas y su personal; la homologación de centros de capacitación y especialización; obligación de centros de capacitación y especialización; obligación de los prestadores de seguridad privada para actuar en auxilio de la seguridad pública; regulación del uso de armas”, menciona el apartado Prioridades Legislativas.
Otra de las prioridades de la federación para este año, es reformar el Código Penal Nacional, para modificar el artículo 73 Constitucional y se puedan “homologar tipos penales, penas privativas de libertad y parte sustantiva del derecho penal.
“Regulación de Giros Negros: Reforma al artículo 73 constitucional para facultar al Congreso de la Unión para emitir una ley general que regule los establecimientos mercantiles que tienen incidencia en la seguridad pública, a fin de evitar discrecionalidad de los municipios para regular autorizaciones, horarios, consumo de bebidas alcohólicas, verificaciones y sanciones”.
El cuarto punto es la creación de un “Registro de personas que “adquieran chip de telefonía celular”, el cual se busca llevar a cabo a través de modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Con esta propuesta de iniciativa, se busca “combatir los delitos de extorsión y secuestro”.
Esta iniciativa es semejante al extinto registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), el cual fue hecho público a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
Según el documento, a partir del 11 de abril de 2009 todos los usuarios debían registrar su línea, incluyendo su nombre (s) y apellidos, fecha de nacimiento, sexo y Clave Única de Registro de Población (CURP).
El decreto también obligaba a las empresas de telefonía a crear un padrón de usuarios (nombre, domicilio y huella dactilar). Diez meses después del inicio del programa, sólo 20 millones de los 80 millones de líneas que había en el país estaban registradas. Al cumplirse el año, empresas de telefonía móvil se ampararon para evitar el registro. En junio de 2010 se dio a conocer que la base de datos del Renaut era vendida en internet.
La venta de los datos personales de millones de usuarios, originó que el 2 de marzo de 2012 el Instituto Federal Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenará la eliminación del Renaut, el cual llegó a tener un registro de 98 millones 455 mil 246 líneas telefónicas.
Extranjeros, ciberespacio y delitos de policías en la mira
El desglose de las propuestas, también incluye “Regular el registro de extranjeros que atraviesen el país” a través de cambios a la Ley de Migración y la Ley de Caminos y Autotransporte Federal que obligue a las empresas de transporte terrestre un contar con un registro de los extranjeros por medio de la verificación de su documentación. Esta propuesta, también obliga a los hoteles a llevar un registro de los “huéspedes extranjeros”.
“Crear la Oficialía Mayor de la Guardia Nacional. Modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y la Ley de la Guardia Nacional para: dotar a su Unidad de administración de la autonomía necesaria para contar con una gestión administrativa eficiente y eficaz”, menciona el punto sexto.
Las iniciativas que pretende impulsar Alfonso Durazo, contemplan la regulación del ciberespacio, a través de una Ley que “permita” el uso adecuado del ciberespacio y fortalecer así las capacidades de prevención, detención y respuesta necesarias en coordinación con municipios y estados.
“Facultar a la Federación para conocer de delitos cometidos por elementos de instituciones de seguridad pública estatal y municipal. Reformar el artículo 73 Constitucional para: facultad de la Fiscalía para conocer delitos del fuero común, cuando se encuentren involucrados servidores públicos de las instituciones de seguridad pública estatales y municipales”, menciona el punto ocho de posibles propuestas.
Castigo por uso de armas de fuego falsas
Las iniciativas que busca proponer el gobierno federal, también incluyen reformas a la Ley Federal de Armas y Explosivos para sancionar el “tráfico de ilícito y componentes de fuego, las modificaciones que permitan disparar proyectiles, -así- como el uso de armas replica para cometer otros delitos”.
Las últimas dos reformas que se van a proponer es una al artículo 18 Constitucional relacionada con el traslado de personas privadas de su libertad, así como el emitir una Ley General en materia de Justicia Cívica que permita homologar el modelo de Justicia Cívica aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Este borrador será presentado ante el Senado a unas semanas de que se diera a conocer una Reforma Constitucional y ocho Leyes, entre ellas la Ley Orgánica de la Fiscalía, que buscaba presentar Alejandro Gertz Manero ante el Senado.
Sin embargo, las iniciativas se pospusieron luego de que especialistas en derechos humanos, académicos y la sociedad civil afirmar que los proyectos violaban los derechos humanos.
Los rechazos a las iniciativas de reforma de la FGR, también fueron rechazadas por políticos de diferentes partidos, quienes mencionaron que en caso de ser aprobadas, representaba regresar a una justicia inquisidora.
(María José Pardo)