En los centros penitenciarios del país existe un subregistro de casos de covid-19, ya que sólo 14 entidades han emitido información al respecto, denunció la organización de derechos humanos Asilegal. Hasta ahora se han contabilizado un total de 256 personas contagiadas y 41 que fallecieron.
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La organización detalló que de los 256 contagios, 211 son personas privadas de su libertad y 45 son custodios o personal penitenciario. Respecto a los 41 fallecimientos, 29 eran reclusos y 12 trabajadores del penal.
La entidad con más contagios en centros penitenciarios es Jalisco, con 106 casos; seguido por la Ciudad de México con 34; el Estado de México con 23; Baja California con 22; Yucatán con 16; Chihuahua con 11; Chiapas y Puebla con 10, respectivamente; Oaxaca con siete; Tabasco con seis; Sinaloa con cinco; Morelos y Quintana Roo con dos, y Coahuila y Guanajuato con uno, respectivamente.
Señaló que a dos meses de que se presentara el primer caso de contagio de covid-19 al interior de los centros penitenciarios, la cifra de contagios que se conoce es inexacta, ya que sólo 14 de las 32 entidades han emitido información sobre estos casos. Además, resaltó que en las últimas semanas se han presentado protestas al interior de los centros para exigir atención médica ante los cuadros de coronavirus que presentan varios internos, por lo que podría haber más casos de los que se confirman.
Asilegal cuestionó la información que dieron a conocer el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, y el director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, quienes dijeron que se han realizado mil 578 pruebas de diagnóstico del virus Sars-CoV2 en 11 centros penitenciarios, cifra que “no sólo es insuficiente sino también inverosímil y que podría señalar la situación que se vive en los más de 300 centros que existen en el país, que albergan a más de 200 mil personas privadas de libertad”.
Expresó que el protocolo indicado por López-Gatell de segmentar a la población para atender la emergencia en los CEFERESOS, es inaplicable a la realidad de los centros estatales del país, por lo que la organización urgió a que se apliquen otras medidas, ya que si bien en algunas entidades se ha implementado la cancelación de visitas y traslados, así como aislamiento a personas con síntomas, pero no es suficiente.
Respecto a las preliberaciones, la organización defensora de derechos humanos indicó que no se han seguido realizando, la última de la que se tiene conocimiento fue el pasado 11 de mayo y desde entonces no se ha dado seguimiento en ninguna de las entidades federativas del país.
Asilegal enfatizó que “en este sentido, las pruebas al interior de los centros se hacen imprescindibles, ya que las personas privadas de libertad se encuentran totalmente bajo responsabilidad del Estado, quien debe garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de estas minorías, su seguridad y sobre todo acceso a una atención médica efectiva, oportuna y de calidad”.
(Luis Ramos)