Xalapa, Ver. (La Silla Rota) .– El alcalde de Papantla, Marcos Romero Sánchez, solicitó el 13 de abril de 2016 al congreso de Veracruz la enajenación de un terreno de 120 metros cuadrados a favor de Mario Ángeles Sosa, alias “El Bolas”, presunto jefe de Los Zetas en esa zona y acusado por la desaparición forzada de tres jóvenes.
También puedes leer: Familiares del caso Papantla reciben amenazas
Se trata de un predio con una extensión equivalente a dos casas de interés social, ubicado en la colonia Unidad y Trabajo, andador sin nombre, sin número, manzana 08, sector 06, por el cual, a petición del cabildo del Ayuntamiento de Papantla, “El Bolas” pagó la cantidad de 3 mil 960 pesos.
La autoridad municipal también solicitó la regularización de un predio con las mismas características, situado en la misma colonia en favor del hermano de “El Bolas”, Timoteo Ángeles Sosa.
Mario Ángeles, su hermano Timoteo y el padre de ambos Gabino Ángeles García prestaron sus servicios en la policía municipal de Papantla. El padre era el único que permanecía activo el día de la desaparición forzada de Luis Humberto Morales Santiago, Alberto Uriel Pérez Cruz y Jesús Alan Ticante Olmedo, de 18, 19 y 24 años respectivamente, meses después fue dado de baja por no acreditar los exámenes de control y confianza.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), informó en su recomendación 6VG/2017, que, con base en información recabada en notas informativas y averiguaciones ministeriales, “El Bolas” y otro sujeto apodado “Paco El Lavador” -presuntos jefes de Plaza de Los Zetas en Papantla- murieron en un enfrentamiento con elementos de la SSP Veracruz, el 09 de abril de 2017.
El Bolas y Paco El Lavador fueron denunciados el 26 de marzo de 2016 como autores intelectuales de la desaparición forzada de los tres jóvenes, cometida por ocho policías municipales que hoy están presos en el penal de Papantla, Veracruz.
Con base en declaraciones de testigos -incluidas en la recomendación de la CNDH- el día de la desaparición de Luis Humberto, Alberto y Jesús, a El Bolas” se le vio descender de la patrulla número 60, vestido como policía municipal, dictando órdenes a los ocho uniformados para cometer el agravio.
Quiero manifestar que cuando se bajaron los policías que iban en la patrulla 084, me di cuenta que de la patrulla 060 también se bajó un joven al que conozco; aunque no sé si ahora sea policía, lo cierto es que lo vi con uniforme de color azul de la municipal; quien iba acompañado de otros policías”, refirió uno de los testigos.
El Bolas, de acuerdo con vecinos de la colonia Unidad y Trabajo, tuvo sus inicios como albañil y luego formó parte de la Policía Municipal. Un hombre de 36 años aproximadamente, de complexión delgada, piel morena, pectorales y abdomen marcados por el ejercicio. Tenía al menos siete tatuajes, dos de ellos en honor a la Santa Muerte, uno en el brazo y otro en el hombro.
Los vecinos recuerdan que durante una temporada en 2013 “El Bolas” se mudó de Papantla. “Se fue unos seis o siete meses y ya después regresó todo cambiado, ya usaba cadenas de oro y manejaba una camioneta negra que tenía que estacionar abajo de la colonia porque no pasaba por las calles que son angostas”.
El 12 de junio de 2016, ya denunciado por el delito de desaparición forzada, El Bolas fue detenido junto con su pareja en la flagrante comisión de los delitos contra la salud, en su modalidad de posesión de marihuana y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, ambos fueron puestos a disposición de la Unidad de Investigación y Litigación en Poza Rica.
A pesar de que las autoridades ministeriales estuvieron informadas de los señalamientos en contra de El Bolas, éste únicamente fue consignado por la portación de marihuana y armas exclusivas del Ejército. Tras ser vinculado a proceso por esos delitos, obtuvo su libertad dos días después de su detención mediante el pago de una fianza de 4 mil 500 pesos.
Por esas posibles omisiones cometidas en el ministerio público de Poza Rica, la CNDH exhortó al titular de la Fiscalía de Veracruz Jorge Winckler Ortiz colaborar en la investigación de dos servidores públicos, concretamente.
El 23 de junio de 2016, a 11 días de la liberación de El Bolas, Rosa, una de las madres de los tres jóvenes desaparecidos fue contactada vía mensaje de texto por el presunto jefe de plaza quien se acreditó la desaparición y muerte de su hijo y de los otros dos.
Me dijo que dejara esto (la búsqueda) porque me mataría a mi hijo mayor, pero que a él si me lo iría a tirar a mi casa para que no lo buscara. A mí me dijo con groserías que me violaría y que me destazaría”, señaló Rosa, quien será llamada de esa forma por seguridad.
“El Bolas” finalmente envió una fotografía a la madre, donde se le aprecia portando un arma corta semiautomática Star 9 mm y un rifle de asalto calibre .223; su rostro era oculto por gafas oscuras.
“Marcos Romero sabía quién era El Bolas y lo benefició”
Marcos Romero sabía quién era El Bolas y que estaba denunciado por la desaparición de nuestros hijos. Todo mundo en Papantla sabía que él era jefe de plaza y aun así lo benefició”, sostiene Rosa.
Los familiares de las víctimas se reunieron con Marcos Romero en las oficinas del Palacio Municipal el 28 de marzo de 2016 -nueve días después de la desaparición-. “Nos dijo que sabía de las travesuras que hacían los canijos de sus policías pero que mientras no hubiera más denuncias él no podía hacer nada”, agrega Rosa.
Pese a las referencias de los familiares, dos meses más tarde, el 13 de mayo de 2016, la Comisión Permanente de Hacienda Municipal del Congreso de Veracruz, aprobó la propuesta enviada por el Ayuntamiento de Papantla para enajenar 99 predios pertenecientes al fundo legal de ese municipio.
De acuerdo con la petición del Ayuntamiento, el pago de cada uno de los beneficiados, incluidos El Bolas y su hermano Timoteo, fue establecido de acuerdo con los ingresos socioeconómicos de cada uno, los cuales fueron revisados por las autoridades locales.
Rosa, quien se dedicó a investigar a los posibles plagiarios de su hijo, advierte que las autoridades omitieron que El Bolas era el único en la colonia Unión y Trabajo que, sin contar con un empleo fijo, era dueño de una camioneta negra, blindada, que no cabía por sus extensiones en las calles de ese sector.
En contraste con su vehículo blindado y las cadenas de oro que gustaba usar, la vivienda que habitaba El Bolas, su esposa y su hija, es un cuarto de cinco metros de alto por seis de ancho, con paredes de block sin revocar y techo de lámina.
En el caso de Timoteo Ángeles Sosa, el hermano, Rosa agregó que es de los pocos vecinos que logró construir una vivienda de dos plantas, “con paredes de color mostaza, vistas y ventanas blancas, con pisos de loseta y mosaico”.
A la fecha, las dos viviendas aparentan estar deshabitadas por sus propietarios, no obstante vecinos que brindaron fotografías a este medio, aseguran que por las noches son ocupadas por jóvenes que conviven y vigilan la zona desde la azotea.
La responsabilidad en la regularización de los predios recae en el Ayuntamiento de Papantla: exdiputada Pontón Villa
Sobre la regularización de los predios, fue entrevistada la expresidenta de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, la panista María del Carmen Pontón Villa, quien aseguró que ellos como encargados de aprobar la solicitud del Ayuntamiento de Papantla, “partieron de la autonomía municipal”.
El cabildo del Ayuntamiento es el primer contacto con los beneficiados. No es una forma de evadir responsabilidades, si nosotros somos responsables que se nos investigue, pero uno actúa de buena fe, uno piensa que si lo está solicitando el Ayuntamiento es para gente que lo necesita, y no para malandrines”, refirió Pontón Villa en entrevista telefónica.
Agregó que, además de la autoridad municipal, existe un departamento del Fundo Legal en el Congreso de Veracruz encargado de visitar los predios de la lista de beneficiados entregada por los ayuntamientos. Dicho departamento en la legislatura pasada fue encabezado por el exdiputado priista, Heber Alan Carballo Salazar.
Hay un dictamen del departamento del Fundo Legal y la Comisión de Hacienda con base a ese dictamen es como solicita al pleno la autorización y posteriormente es como se hace la publicación en la Gaceta Oficial”, abundó la entrevistada.
Pontón Villa agregó que “es la limitante que tiene la Comisión. Para nosotros sería imposible como diputados llegar hasta ese punto de negarle a alguien un derecho que solicita el Ayuntamiento. Son casos aislados. Creo que ahí también tendría que hacerse una modificación a la ley para que no se beneficien malandrines en vez de gente que realmente lo necesita”.
Este medio llamó a la Secretaría Particular de la Presidencia de Papantla para solicitar una entrevista con el alcalde Marcos Romero Sánchez sin embargo, la encargada de ese despacho refirió que el munícipe no se encontraba en su sitio de trabajo. Posteriormente se buscó entablar comunicación con la oficina de Comunicación Social, a cargo del ciudadano Alberto Reyes, pero tampoco hubo respuesta favorable hasta la publicación de este trabajo.
Los jóvenes habrían sido calcinados en rancho de amistades de Romero Sánchez
El 19 de marzo de 2016, Luis Humberto Morales, Alberto Uriel Pérez y Jesús Alan Ticante fueron privados de la libertad en el centro de Papantla por un grupo de ocho policías que recibían órdenes de El Bolas.
De acuerdo con la declaración de un menor de edad detenido que se acreditó como halcón de Los Zetas, los tres jóvenes fueron asesinados y posteriormente calcinados en el rancho La Isla, un predio también ligado a amistades del alcalde Marcos Romero.
Rosa fue la primera de los familiares afectados en levantar la voz mediante protestas y denuncias penales. Dos días antes de la entrevista con el alcalde Marcos Romero -el 26 de marzo de 2016- Rosa acudió al ministerio público para denunciar que la desaparición de sus hijos, según testigos, había sido una instrucción de los entonces capos de ese municipio: El Bolas y Paco El Lavador.
Cuadras antes de llegar a las instalaciones ministeriales, Rosa fue advertida con un mensaje de texto para que no declarara en contra de Bernardino Olmedo Castillo, quien entonces era inspector de la Policía Municipal y hoy está preso junto a otros siete de sus compañeros.
“Yo nada más te dijo el mismo presidente municipal de tu pueblo está en este pedo. Cuidado con eso”, leyó Rosa la amenaza en la pantalla de su celular, sin embargo, no desistió en su búsqueda.
Los padres de los tres jóvenes volvieron a enfrentar al alcalde perredista el 06 de mayo de 2016, esta vez en una reunión que fue mediada por el entonces Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras y Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Los padres resaltaron el hallazgo de al menos 100 carros robados, producto de una diligencia en el rancho La Isla, propiedad vinculada a la familia Patraca. “Exigimos que se buscara en ese sitio rastros de nuestros hijos y dijimos en la cara de Marcos Romero que él era amigo de los Patraca”, recuerda la madre.
Ante el rostro sonrojado del munícipe, Rosa pidió a las autoridades: “si los señores Patraca son amigos de Marcos Romero también busquen en sus ranchos”, diligencias que las autoridades aprobaron en la mesa, pero de lo cual no hay registro en la recomendación de la CNDH.
El rancho La Isla terminó siendo determinante en el caso Papantla, pues de acuerdo con la declaración de un menor de edad detenido, supuesto halcón de Los Zetas, los tres jóvenes fueron asesinados y calcinados en la loma de ese predio. Tiempo después elementos de la Fiscalía encontraron restos óseos carbonizados, que fueron sometidos a exámenes de ADN y las familias aún esperan las conclusiones.
Marcos Romero, de capataz a alcalde; vinculado con la delincuencia organizada
En un video que se difundió en medios y redes sociales el 04 de octubre de 2017, hombres armados saludan al alcalde de Papantla, Marcos Romero y luego se presentan como integrantes del cártel de Los Zetas, que aseguran han regresado a “tomar el control” del norte de Veracruz.
En el mensaje, el “Comandante Sierra 4”, acusa a Marcos Romero de haber tenido una línea de trabajo directa con El 512. “Misma que retomaremos”, acota el encapuchado.
Le informamos que por órdenes superiores estuvimos un tiempo inactivos, pero hemos detectado un descontrol total en el municipio. Tenemos más de 20 días realizando trabajos de inteligencia. Retomaremos el control, no habrá secuestros, eliminaremos a todas las lacras, asaltantes, violadores y cobradores de piso. Nosotros limpiaremos el mugrero. No habrá tolerancia”, advierte el sujeto armado.
“Manténganse pendiente a la línea de teléfono que nos proporcionó, a la brevedad nos comunicaremos con usted. Me despido recordándole que Papantla es territorio Zeta”, se dirige, aparentemente, por última vez a Romero Sánchez.
Lo anterior, es el último escándalo en el que Marcos Romero se ha visto inmerso. El originario de la comunidad de Cerro Blanco, tuvo sus inicios laborando como capataz en los ranchos de su hermano, Ricardo Emigdio Romero Sánchez.
En 2014, Romero Sánchez obtuvo la presidencia municipal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y fue a partir de ese periodo -cuatro años- que sus riquezas se han visto multiplicadas de forma considerable.
Según información consultada en el portal de transparencia del ayuntamiento de Papantla, el alcalde percibe de manera mensual 114 mil 500 pesos, lo que equivale a 1 mil 560 salarios mínimos. Además, la nómina mensual de 11 funcionarios de la plantilla municipal supera el millón de pesos.
Militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Papantla, criticaron a Marcos Romero de haber impulsado la campaña política su sobrino, Mariano Romero González, quien obtuvo el triunfo en los comicios de junio pasado y lo sucederá en la presidencia municipal el 01 de enero de 2018, como abanderado de la alianza PAN-PRD.
El munícipe también fue señalado durante la campaña de su sobrino como un cacique de la región, quien mediante la adjudicación de obras públicas se habría hecho de tierras citrícolas, así como de una flotilla de automóviles entre los que destacan camionetas Lobo, y vehículos Mustang y Titán.
El funcionario en agosto de 2016 cimbró las redes sociales con una fotografía donde se le ve sin camiseta, sonriente, abrazando a una jovencita que luce un bikini rosado. Reporteros de la zona refieren que la imagen corresponde a una de las fiestas privadas que el munícipe ofreció a un grupo de colaboradores.
Aunque la CNDH recomendó a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar a funcionarios que pudieron haber permitido, tolerado o instruido la desaparición forzada de Luis Humberto Morales Santiago, Alberto Uriel Pérez Cruz y Jesús Alan Ticante Olmedo, Marcos Romero no ha desatendido su agenda política.
Al municipio se la ha visto acompañar al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en la inauguración de obras en el municipio de Papantla, la más reciente, el 17 de julio de 2017 durante la rehabilitación del Hospital General Papantla “DR. José Buil Belenguer”.
Jamp