La Ciudad de México es una de las entidades que cumple con más de la mitad de los elementos prácticos y normativos de evaluación de programas y acceso a la información al respecto.
Pero de acuerdo con el Diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación de las entidades federativas 2019, ha tenido retrocesos en la publicación de evaluaciones realizadas a sus programas, ya que de 2017 a la fecha se han incluido menos elementos para hacerlo.
Además, de acuerdo con el documento elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 2017 a 2019 el seguimiento a los resultados de las evaluaciones de los programas tampoco se hizo.
En materia de vínculos directos en sus páginas de internet a información sobre los programas sociales, también disminuyó, según dicho diagnóstico.
A ello se añade la calidad de las respuestas, de parte del órgano de transparencia y acceso a la información, en este caso el Infomex. Se trata de uno de los órganos más rápidos en dar respuestas, de acuerdo con el Coneval, sin embargo es el único de todo el país que hace ir a los ciudadanos a sus instalaciones a recoger información y pagar para que le sea entregada en un disco compacto.
PROGRAMAS SOCIALES
En el Diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación en las entidades federativas 2019 se presenta el avance que han tenido las entidades federativas en el fortalecimiento de los elementos de monitoreo y evaluación.
El primer diagnóstico se hizo en 2011 y desde entonces se elabora cada dos años.
El diagnóstico analiza el avance de las entidades en la ley de desarrollo social o equivalente, difusión de información de los programas de desarrollo social, indicadores de resultados y de gestión, reglas de operación o equivalente, padrón de beneficiarios, criterios para la creación de programas nuevos, elemento de monitoreo y evaluación, área responsable de realizar o coordinar la evaluación, y transparencia en el presupuesto.
Aunque la Ciudad de México destaca en la mayoría de los elementos, hay algunos donde esta a media tabla de las posiciones o incluso entre los peor evaluados.
Por ejemplo en Monitoreo y evaluación, todas las entidades federativas cuentan con normativa que establece la evaluación de la política y los programas sociales, los lineamientos para realizarla y publicarla y para dar seguimiento a sus resultados.
“Entre 2017 y 2019, las entidades que avanzaron más en este elemento fueron Colima, Baja California Sur, Sonora y Durango. En cambio, las entidades que mostraron un retroceso fueron Coahuila, Veracruz, Ciudad de México, Oaxaca y Yucatán”.
En cuanto a publicación de las evaluaciones realizadas y el número de elementos que deben contener como responsables y evaluadores, costo y objetivo de la evaluación, metodología, resultados y recomendaciones, entre otros, incluyó menos datos en la Ciudad de México con respecto a 2017.
“Cuatro entidades reportaron retrocesos: Chiapas, Coahuila, Ciudad de México y Sinaloa. En el caso de la Ciudad de México, los lineamientos vigentes que establecen la publicación de las evaluaciones y las características que deben cumplir contemplan menos elementos que los lineamientos vigentes en 2017”, se lee en el diagnóstico del Coneval.
Además, la Ciudad de México no ha hecho un seguimiento a los resultados de las evaluaciones, pese a que cuenta con una normativa al respecto. Junto con la capital del país están en esa situación Chiapas, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.
ACCESIBILIDAD
En materia de accesibilidad, que es la facilidad que tiene el usuario para llegar a la información sobre programas sociales, evaluaciones de programas e indicadores de resultados y/o de gestión, la Ciudad de México también cojea.
Un caso es el número de clics para obtener información en los enlaces sobre datos de programas sociales.
Entre todas las entidades se promedian 4.3 clics, en la capital son 6 clics, lo mismo que en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila.
En cuanto a la respuesta a las solicitudes de información únicamente la Ciudad de México pidió al ciudadano acudir a las instalaciones. “También en esa entidad la obtención de la información representó un gasto económico al tener que pagar a la Unidad de Transparencia el disco compacto con el que se entregó la información”.
MJP