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Advierten presiones diversas contra México con “Acuerdo Nahle”

Especialistas alertan que se abre la puerta para que EU o Canadá puedan demandar al gobierno mexicano con el T-MEC, y también Europa; oposición busca parlamento

Escrito en NACIÓN el

Mientras la bancada oficialista de la 4T reiteró su anuncio para agilizar este mes en San Lázaro la discusión y aprobación de la iniciativa que envío ayer el presidente López Obrador (LIE, Ley de Industria Eléctrica) las bancadas de oposición (PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) propusieron en la Junta de Coordinación Política realizar un parlamento abierto con expertos en temas energéticos. El presidente de la Jucopo (y de la bancada de Morena) Ignacio Mier escuchó la propuesta, pero contrapropuso: “que sea la comisión de energía quien presente una ruta para el análisis, discusión y elaboración del dictamen”.

Manuel Rodríguez es el morenista tabasqueño que preside esta comisión. Un abogado que ha desempeñado diversos cargos en anteriores gobiernos de ese estado y que, según su ficha legislativa, cuenta con tres maestrías en Derecho además de ser enlace estatal con el Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

Verónica Juárez, coordinadora de la bancada del PRD, explicó a La Silla Rota por qué la importancia del parlamento abierto. “Para demostrar que Morena puede tener los votos, pero no la razón en este tema. Exteriorizar los argumentos de por qué esta iniciativa no tiene razón de ser, escuchar analistas sobre las consecuencias de la aprobación de este tema y quisiéramos que también participe la secretaria Nahle”. También se planteó invitar a representantes de la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía.

 

Fuentes cercanas a la Jucopo confirmaron a La Silla Rota que Mier comentó a los coordinadores en algún momento, que la Ley Banxico ya no sería prioridad en este mes.

LAS CONTROVERSIAS NACIONALES…

“Que la reforma se tambaLIE”. Con esta frase el Think Tank Ombudsman Energía México marcó en redes sociales su postura sobre la iniciativa presidencial en el editorial de la publicación mensual que elabora. "Generará un gran debate alrededor de la reforma energética de 2013-2014 y sobre el respeto irrestricto a las garantías individuales y derechos consagrados en nuestra Constitución y los tratados internacionales, y posibles violaciones por discriminación diversos participantes y usuarios del sector energético".

Además, destacó que la LIE "afecta la libre competencia y además va en detrimento del medio ambiente a limitar las centrales de fuentes renovables".

Arturo Carranza, analista en el sector energético, explicó en entrevista con La Silla Rota que el carácter de iniciativa preferente muestra la prioridad que el tema tiene en el Ejecutivo. Sin embargo, equiparó su decisión con el refrán "nadie cambia de caballo a mitad del río porque es muy peligroso. Es decir, la propuesta es un cambio de reglas que afectan los intereses de particulares y derechos adquiridos".

Precisó que una de las ventajas de los permisos de autoabastecimiento se refería a la posibilidad de que las empresas crearan su propia electricidad en virtud de que la CFE no se daba abasto. Sin embargo, la figura se convirtió en un doble riesgo.

"En cierta medida esto descargaba algo de responsabilidad de la Comisión, en un principio esta figura fue muy eficiente; aunque en algunos casos fue objeto de distorsiones en la interpretación de los permisos. Algunas empresas los utilizaron y formaron asociaciones para facilitar el acceso de energía y acceder a condiciones y tarifas de autoabasto más económicas. Pero permitir la cancelación de esta figura también genera un riesgo", destacó.

El experto se refirió a que, si bien el marco jurídico es perfectible, la forma en que lo hizo el Ejecutivo no es la mejor. “Entiendo que el gobierno pudiera querer mejorar y perfeccionar el modelo energético, pero no estoy seguro que estás sean las formas si es una iniciativa que no se socializó con los actores principales que se sector privado y los tomó por sorpresa", advirtió. "Eso es lo que llevará a los privados a buscar la inconstitucionalidad".

Y LAS CONTROVERSIAS INTERNACIONALES…

Ignacio Martínez, coordinador de Laboratorio de Análisis Económico de la UNAM, precisó que la LIE afecta al T-MEC en los capítulos 14.2 y 22.7. “Está abierta la puerta para que Estados Unidos o Canadá puedan demandar al gobierno mexicano con relación a lo que se estableció desde un inicio", dijo. Si bien afirmó que como tal no hay tribunales internacionales que revisen el tema, tampoco es de injerencia de la OMC (Organización Mundial del Comercio) "porque no se trata de una mercancía como tal", dijo en referencia a la energía.

Después, habría diferendos con la Unión Europea y recordó que en mayo pasado los embajadores de ésta enviaron cartas a secretaría de Energía, Rocío Nahle, expresando sus dudas sobre el futuro del sector energético en México frente al “acuerdo Nahle”. "En México hay empresas alemanas y españolas que han invertido fuertemente en el sector a raíz de la reforma energética y eléctrica de Peña Nieto", enlistó.

"Yo espero que al presidente López Obrador lo hayan asesorado bien porque se puede meter en honduras en el sentido de que lo que trata de hacer es dar preferencia a la empresa de estado y esto va en contra sentido de lo que se estableció en el T-MEC y TLCUE (Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea).

Las sanciones, dijo, van desde la aplicación de aranceles para presionar a México; o bien, la implementación de medidas similares. Y destacó que el no cumplimiento del tratado en su cláusula "cúmplase lo negociado" (que se interpreta como una obligación oral en un acuerdo) puede generar mayor desconfianza en el sector económico en un momento en el que los efectos económicos de la pandemia del coronavirus, requieren de inversión para la reactivación económica.

"Jesús Seade debió informarle al presidente del alcance de cada capítulo del tema en el T-MEC... López Obrador aplaudió que él haya otorgado la salvedad a México para quitar las cláusulas que comprometían a parte del petróleo. El presidente debió haber sabido esto desde julio de 2018... De que sabía, sabía el alcance”, opinó. “Pero como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que no lo sabía, la gente especializada de la CFE y la Secretaría de Energía, Economía o Relaciones Exteriores debieron decirle... Y si no le dijeron, ahí está el abogado jurídico de presidencia, Julio Scherer, que debe conocer ese ámbito".

LA POSTURA EMPRESARIAL

Mediante comunicados de prensa la Coparmex consideró que LIE desincentivará la competencia e inversión en el sector energético; advirtió que CFE está en riesgo de convertirse en un monopolio y que los mexicanos se verán afectados ante el aumento del costo de la energía eléctrica.

"Se daría prioridad de despacho a la energía termoeléctrica producida por CFE cuyo costo de generación es 5 veces mayor a la generación de energía solar y eólica, por lo tanto la propuesta presentada no sólo retrasaría competitividad a las pequeñas y medianas empresas sino que impactaría en mayor medida al gasto familiar pues no se garantizaría una baja de las tarifas en el largo plazo", señaló.

De igual manera aseguró que respalda la iniciativa presidencial en cuanto a sanciones para los llamados generadores legados "que hay incurrido en simulación de suministro, aunque consideramos que dichas sanciones deberán sustentarse en investigaciones claras con apego a la ley", dijo. Finalmente advirtió que la propuesta presidencial causaría un retroceso medioambiental pues violará el acuerdo de París "en el que México se comprometió a que el año 2024 el 35% de la energía generada sería limpia".


Por su parte el Consejo Coordinador Empresarial informó mediante sus redes sociales que LIE equivale a una "expropiación indirecta" de las plantas privadas de energía en beneficio de lo que afirmó, será el monopolio de la CFE. "Es una violación a la constitución", acusó. "Es inexplicable la presentación de esta iniciativa sin diálogo previo con los sectores afectados", reclamó.

Reiteró que ninguna norma puede ser retroactiva en perjuicio de un particular y advirtió que de avalarse en el Congreso, esto causará indemnizaciones del Estado hacia dichas empresas, en medio de la crisis económica del país atraviesa por la pandemia. Finalmente exhortó al congreso en San Lázaro "a una reflexión profunda y a rechazar esta iniciativa".