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Advertencias que autoridades federales y de Guerrero omitieron del caso Iguala

Desde 2006, autoridades federales y estatales tuvieron elementos para investigar a la familia Abarca y sus vínculos con la delincuencia organizada

Escrito en NACIÓN el

Entre líneas, los expedientes del caso Iguala relatan distintas omisiones de las autoridades locales y federales que pudieron evitar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Los tomos no testados describen la forma en que Los Beltrán Leyva infiltraron a las instituciones de gobierno, desde el año 2006, y cómo las autoridades dejaron a un lado las distintas denuncias por las actividades ilícitas que realizaban Guerreros Unidos, a través de Mario Alberto, “El Borrado”, y José Alberto Pineda Villa, “El MP”, hermanos de María de los Ángeles Pineda Villa, a su vez esposa de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala.  

LOS HERMANOS DE LA ESPOSA DE ABARCA: PRIMERA EVIDENCIA

Las negligencias de las autoridades incluyen el inicio de averiguaciones previas radicadas en Guerrero, así como en la entonces PGR, en las cuales se detallan los secuestros y homicidios de la organización en la zona de tierra caliente.

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La primera de ellas es el acuerdo A/123/09 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 23 de marzo de 2009, emitido por el entonces procurador General de la República, Eduardo Medina-Mora Icaza, quien después fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el documento se ofrece una recompensa por diferentes integrantes del crimen organizado, entre ellos, Alberto Pineda Villa, y Marco Antonio Pineda Villa, hermanos de María de los Ángeles Pineda Villa.

Por información que permitiera conocer su paradero o captura, de ambos hermanos vinculados a Los Beltrán Leyva, se ofrecía un monto de 15 millones de pesos. Ninguno de ellos fue detenido. Fueron encontrados muertos en septiembre de 2009, luego de que Arturo Beltrán Leyva, diera la orden de asesinarlos.

SECUESTROS Y DESAPARICIONES: SEGUNDA EVIDENCIA

La segunda evidencia es una declaración hecha el 1 de mayo de 2013 ante el Ministerio Público de Guerrero (HID/SC/01/0758/2013), por una persona identificada como Ernesto Pineda Villa, en la que menciona que la Organización de los Guerreros Unidos, efectuó distintos secuestros y desaparición de personas. Sin embargo, las autoridades nunca hicieron nada.

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De acuerdo con las fojas 40 a 43, Tomo XXV, el denunciante, comentó a las autoridades locales que Guerreros Unidos controlaba los municipios de Cocula, Tepecuacuilco y todo Iguala hasta Las Balsas.

Según su declaración, incluida en tres tomos, la organización estaba integrada por el Comisario Ejidal de Iguala, Marco Antonio Bustamante Nájera (asesinado en 2018), Fausto Nájera, “El Perico Belem”, Moisés y Maximiliano Pedraza Delgado, los hermanos Tilo, Osiel, Orbelin, Mateo y Salvador Peralta Rodríguez, Prudencio y Luciano Estrada. También mencionó los apodos de “El May” y/o “El Choky o El Peló”, a quien identificó como jefe de sicarios. El último que pronunció fue el “Gil” o “El Gallero”, quien después se conocería que era Gildardo López Astudillo.

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Aunque la carpeta de investigación HID/SC/01/0758/2013 fue enviada el mismo día de su integración a la PGR, la institución que dirigía Jesús Murillo Karam abrió el expediente PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014 hasta el 12 de junio de 2014.

TERCERA EVIDENCIA: LOS 10 MILLONES DE DÓLARES

La tercera prueba de la presencia del crimen organizado en Iguala, que omitieron las autoridades de Guerrero y la extinta Procuraduría General de la República, es el secuestro de María Leonor Villa Ortuño, madre de María de los Ángeles Pineda Villa

Villa Ortuño fue privada de la libertad el 28 de mayo de 2013 en la Ciudad de México y trasladada al municipio de Chalco, Estado de México, lugar del que escapó de sus captores, según consta en la averiguación previa FAST/T3/00668/13-05 que se abrió en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, expediente que, al momento de ser iniciado, también fue enviado a la PGR.

María de los Ángeles Pineda Villa


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Durante el tiempo en que estuvo retenida Villa Ortuño, su esposo Salomón Pineda Bermúdez recibió una llamada por parte de una persona identificada como “El Pony” (José María Chávez Magaña, detenido en julio de 2014), integrante de la Familia Michoacana, quien le pidió los números telefónicos de su hija María de los Ángeles y de su yerno José Luis Abarca.

Después el captor, según consta en la denuncia FAST/T3/00668/13-05 se comunicó con Salomón Pineda Villa, para exigir el pago de 10 millones de dólares y la entrega de la plaza del municipio de Iguala para dejarla en libertad.

María Leonor Villa Ortuño relató al Ministerio Público, que durante el tiempo en que permaneció secuestrada, sus captores le comentaron que el plagió fue ordenado por uno de “Los Chapitos”, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, por una deuda de más de seis millones de dólares en droga.

Los captores de Villa Ortuño también difundieron un video en el que ella narra las actividades que realizaban para el cártel de Los Beltrán Leyva sus hijos Mario Alberto, “El Borrado”; José Alberto Pineda Villa, “El MP”; María de los Ángeles Pineda Villa, y José Luis Abarca. La grabación fue difundida en redes sociales.

CUARTA EVIDENCIA. OTRO ASESINATO

La omisión de las autoridades incluyen una cuarta evidencia. El 12 de marzo de 2014 Nicolás Mendoza Villa, integrante de la Unidad Popular, dirigida por Arturo Hernández Cardona, esta última persona asesinada en 2013 ofreció una prueba más del crimen organizado en Iguala, la declaración fue integrada en el expediente HID/SC/01/0758/2013.

Mendoza Villa relató al Ministerio Público local que el 30 de mayo de 2013, conducía una camioneta marca Honda, tipo Pilot, en la que viajaban Arturo Hernández Cardona y otras personas. Según su relato, a la altura de la caseta de cobro de Iguala una camioneta Explorer los comenzó a seguir. Segundos después, un vehículo Cherokee les cerró el paso, descendiendo de la misma seis personas con armas de fuego quienes los obligaron a bajar.

Al descender le dispararon a uno de los pies de Arturo Hernández Cardona. Inmediatamente los captores los llevaron a un lugar de matorrales. Los plagiarios les vendaron los ojos mientras a la zona arribaron dos agresores más. Uno de ellos, según el testimonio de Nicolás Mendoza Villa, incluidos en las fojas 275 a 287, Tomo XXV, era el secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Iguala, Felipe Flores Velázquez.

La segunda persona fue el presidente municipal José Luis Abarca, quien antes de accionar un arma de fuego contra a la mejilla de Arturo Hernández Cardona le dijo: “que tanto estás chingando con el abono, y te dabas gusto de pintar mi Ayuntamiento, ahora yo me voy a dar el gusto de matarte”.

Los cuerpos de Arturo Hernández Cardona y otra persona más, asesinada en el lugar, fueron trasladados en una camioneta Cherokee a Mezcala, donde los dejaron, e hicieron pasar el crimen como una venganza de Los Rojos.

QUINTA EVIDENCIA: “EL PONY”, OPOSITOR DEL MATRIMONIO ABARCA

Un quinto llamado que omitieron las autoridades, es la declaración ministerial de José María Chávez Magaña alias “El Pony” hecha ante el Ministerio Público de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada el 5 de julio de 2014.

“El Pony”, mencionó que el presidente municipal de Iguala, junto con Felipe Flores Velázquez, así como toda la policía del ayuntamiento, formaba parte de la organización Guerreros Unidos, según consta en la foja 306, Tomo XXV. En la misma declaración, José María Chávez Magaña, hizo mención del secuestro de la madre de María de los Ángeles Pineda Villa.

“Que una semana después del video que fuera difundido en una página de internet donde aparece la señora María Leonor Villa Ortuño, un sujeto al que conozco como el ‘Cremas’, se presentó ante mí para hacerme del conocimiento que las personas que habían levantado a dicha señora fueron la gente del Chapito, esto debido a que un familiar del presidente municipal de Iguala, Guerrero, le debía la cantidad arriba de cinco a seis millones de dólares por droga que tenía el hijo de la señora María Leonor, por lo que sé y me consta que el presidente municipal de Iguala, junto con el señor Felipe Flores Velázquez quien es su guardaespaldas y toda la policía municipal de dicha entidad está coludida, y el señor José Luis Abarca Velázquez es una de las fuertes cabezas del cártel de ‘Guerreros Unidos’ junto con Mario Casarrubias”.

Sin embargo, ninguna de las evidencias fue suficiente para el gobierno de Guerrero, así como el federal, para investigar al alcalde de Iguala, así como a su familia. Meses después, y tras cuestionamientos por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, las procuradurías de Guerrero y federal se vieron obligadas a indagar, sin embargo, el crimen ya estaba consumado.