La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia de constitucionalidad presentada por el gobierno de Baja California contra la “Ley Bonilla”, es decir, la ampliación de mandato de Jaime Bonilla de dos a cinco años.
Esta controversia contra el también llamado “Bonillazo”, de la cual La Silla Rota tiene copia, fue presentado por Francisco Rueda Gómez, secretario de Gobierno de Baja California.
La “Ley Bonilla”, aprobada por el Congreso bajacaliforniano, es calificada por Rueda Gómez como ilegal y transgresora al principio de legalidad.
El secretario de Gobierno refiere en dos conceptos la ilegalidad de la “Ley Bonilla”: invalidez y violación al servicio de certeza.
Primero, explica que la sesión en la que se aprobó dicha legislación no fue turnada a comisiones y se realizó en urgencia sin argumentar la misma, por ello señala que el Congreso violó de manera grave el proceso legislativo.
Los legisladores tampoco permitieron, refiere el secretario de Gobierno, al poder ejecutivo del estado ejercer su derecho de audiencia para opinar, discutir y hacerse representar.
“El Ejecutivo Estatal, por derecho constitucional, debió participar en el procedimiento legislativo de la reforma de que se trata (Es decir la “Ley Bonilla”), toda vez que la iniciativa incide de manera directa en la vida política de la entidad”.
La ley, de acuerdo con Rueda Gomez, refiere que el Congreso tuvo que anunciar cuando menos con cinco días de anticipación la fecha de la sesión en la cual se votaría la “Ley Bonilla”.
“(El Congreso está obligado a) anunciar al Poder Ejecutivo, cuando menos con cinco días de anticipación, la fecha de la sesión cuando haya de discutirse un proyecto de ley, a fin de que pueda enviar un representante que tome parte en los trabajos legislativos”
En segundo punto, el gobierno de Baja California asegura que la “Ley Bonilla” viola el principio de certeza, pues desconoce las reglas establecidas en el proceso electoral, donde -en efecto- refiere que el plazo de gobierno sería de dos años y no de cinco.
“(La Ley Bonilla) repercute en la planeación de la estrategia política seguida por los participantes, e incide en la certeza del proceso comicial, porque ya celebrada la jornada comicial y electo un candidato a gobernador, se cambian las reglas que le sirvieron de base para le elección de dicho cargo”.
Para el gobierno de Baja California, se transgrede el principio de certeza porque se esquiva el voto de los electores que eligieron a un gobernador por un periodo específico y, al cambiar dicho periodo terminada las elecciones, se afecta la decisión de los votantes.
La SJCN también admitió las cuatro acciones de inconstitucionalidad contra la “Ley Bonilla”, informó el ministro Fernando Franco.
Aunque el gobierno de Bonilla comience el próximo primero de noviembre, la Corte puede echar para atrás la ley después de que este haya tomado protesta, explicó el ministro.
"No es necesario que la presente acción de inconstitucionalidad se resuelva antes de que el próximo titular del Ejecutivo del Estado de Baja California rinda la respectiva protesta para asumir el cargo, pues la norma impugnada continuará surtiendo sus efectos y, por tanto, la sentencia respectiva aún tendrá objeto de pronunciamiento"
Franco dio al Congreso de Baja California y al Ejecutivo estatal sólo seis días naturales para contestar la demanda, así como diez días al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que le entregue su opinión sobre el caso, lo que indica su intención de tramitar el juicio lo más rápido posible.
Por su parte, el secretario general del PRD, uno de los partidos que presentó la inconstitucionalidad contra la ley, Ángel Dávila, calificó el hecho como una buena noticia.
Muy buena noticia que hoy la @SCJN haya admitido las Acciones de Inconstitucionalidad de la "Ley Bonilla". Además se aclaró que la validez de dicha Ley solo podrá sustentarse hasta que sea resuelta de fondo. El @PRDMexico hace un llamado a la Corte para que resuelva con autonomía— Angel Avila (@AngelAvilaPRD) October 24, 2019