En México la desaparición forzada de personas es sistémica, con una impunidad casi “absoluta” lo que la ha llevado al país a ser un paradigma del crimen perfecto en el que participan autoridades de los tres niveles de gobierno, así como integrantes del crimen organizado, comentó Carmen Rosa Villa Quintana, una de las cuatro integrantes del Comité.
El Comité comentó que las desapariciones no son un tema del pasado, ya que se siguen cometiendo en el presente, una realidad que, ante la falta de un sistema forense adecuado, ha originado que en el país hay más de 52 mil personas sin identificar
Al presentar un informe durante la visita que realizó a México, el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Desaparición Forzada, comentaron que a pesar de los diferentes programas que ha implementado el gobierno, continúan las desapariciones, impera la impunidad, así como la revictimización de las personas.
“Lamentamos constatar que se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio del Estado, frente a la cual, tal y como venimos señalando desde el 2015, “[imperan] la impunidad y la revictimización”, comentó Carmen Rosa Villa Quintana, una de las cuatro integrantes.
En los recorridos el comité realizó en los estados de Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, entre el 15 y el 26 de noviembre pasado, los cuatro integrantes identificaron que han aumentado las desapariciones de niñas, niños y mujeres, principalmente durante la contingencia del virus covid-19.
“Debemos resaltar el incremento notable del número de desapariciones de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Lamentamos observar que esta tendencia se agudizó en el contexto de la pandemia de la covid-19. Las personas migrantes también son un grupo particularmente vulnerable frente a las desapariciones. Las masacres de San Fernando, Cadereyta y Camargo son solo algunos ejemplos. Hemos recibido información de personas que iniciaron su ruta migratoria y terminaron en fosas clandestinas. Otras se encuentran ilegalmente privadas de su libertad sin comunicación con el mundo exterior, lo que las convertiría en personas desaparecidas”.
Hasta el momento en México se tiene el registro de 95 mil 121 personas desaparecidas, de las cuales, más de 100 fueron reportadas durante la visita del Comité.
“Según cifras oficiales, al día de hoy, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas indica una cifra de 95121 personas desaparecidas, de las cuales más de un centenar habrían sido cometidas durante nuestra estancia. De ellas, más de un centenar fueron en nuestra visita del Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada”.
Aunque el Comité reconoció los esfuerzos que ha hecho el gobierno para dar con el paradero de las personas, mencionaron que es necesario mejorar el Protocolo Homologado de Búsqueda, ya que no permite a los familiares, así como a las víctimas esclarecer sus casos.
Al presentar los avances, mencionaron: “desaparecen personas, pero también desaparecen cuerpos localizados, y hasta expedientes”.
“Existen varios protocolos de actuación, en particular el Protocolo Homologado de Búsqueda. Dicho protocolo es un instrumento modélico, pero su efectividad todavía requiere de su debida implementación. Por ello, quisiéramos resaltar la importancia de aunar todos los esfuerzos para utilizar adecuadamente las herramientas que proporciona dicho protocolo, instrumento fundamental para esclarecer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas”.
Al presentar un resumen del informe que será debatido en la ONU el próximo año, Carmen Rosa Villa Quintana, comentó que la impunidad estructural en las desapariciones favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas.
Entre las inconsistencias identificadas, se encuentra la ineficacia en la investigación de estos crímenes; un sistema procesal penal que aún conserva las inercias del pasado, así como la limitada asistencia jurídica brindada a las víctimas para impulsar sus procesos.
“Lo anterior se traduce en una notable falta de confianza de las víctimas. Durante la visita, muchas de ellas expresaron su frustración por muy diversas causas, incluyendo: la demora y la falta de resultados en las investigaciones; la fragmentación y la insuficiente articulación entre las entidades de búsqueda e investigación; la negativa de algunas autoridades a la hora de proporcionar información; la falta de seguimiento a los requerimientos y disposiciones que se emiten en el marco de las investigaciones; la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas”.