La Suprema Corte de Justicia está por invalidar en su totalidad la Ley de Seguridad Interior, que pretende regular la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia.
En la sesión de este día, los seis ministros que intervinieron se pronunciaron por anular la ley, pero el presidente Luis María Aguilar suspendió el debate cuando faltaban doce minutos para el límite de las 14:00 horas, por lo que la discusión seguirá el jueves.
Para que se invalide la ley, se requiere el voto de ocho de los once ministros y, hasta ahora, nadie apoyó el proyecto de Jorge Pardo, que propone declarar que el Congreso sí tenía facultad Constitucional para expedirla.
La Ley de Seguridad Interior legitima y regula el uso de las Fuerzas Armadas para combatir la violencia. Sin embargo, decenas de expertos y organizaciones de derechos humanos han alertado de los riesgos de la ley.
La propuesta impulsada por el PRI, una vez aceptada en la Cámara de Diputados se turnó al Senado para su análisis. El 13 de diciembre de 2017 fue analizado el dictamen por parte de las comisiones unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Estudios Legislativos y aprobado para su discusión en el pleno.
Durante la madrugada del 15 de diciembre de 2017, después doce horas en debate, fue aprobada por 76 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones con algunas modificaciones por lo que se envió nuevamente a la Cámara de Diputados, quienes el mismo día en rápida votación con 262 votos en favor y 25 en contra aprobaron las modificaciones realizadas por el Senado y fue dirigida al ejecutivo federal para su promulgación.
Finalmente, el 21 de diciembre de 2017, el presidente Enrique Peña Nieto anunció durante su participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública que la ley fue promulgada, pero que no haría uso de ella y esperaría hasta que la Suprema Corte de Justicia avalara o no su constitucionalidad.
Ahora, el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentará su plan de seguridad, por lo que dicho fallo de la Corte será posterior a este anuncio.
Cinco ministros de la Corte coincidieron en que la Carta Magna no faculta al Congreso para expedir esta ley. Al respecto, Norma Piña acusó que su aprobación fue un fast track en la Cámara de Diputados, lo que significó un vicio de procedimiento que invalida la norma.
Fue el ministro José Ramón Cossío quien reiteró su postura de que exclusivamente el Ejecutivo puede disponer de las Fuerzas Armadas, cuando hay declaración formal de guerra o de suspensión de derechos humanos.
El resto de los ministros sí aceptaron la posibilidad de que Ejército y Marina coadyuven en el combate a la delincuencia, pero de manera excepcional, por solicitud y bajo mando civil, y con temporalidad limitada, lo que sería contrario al esquema permanente de intervención federal en las entidades previsto en la ley impugnada.
Eduardo Medina Mora, ex titular de la PGR, reconoció la disposición de las Fuerzas Armadas para asumir tareas que de origen no le corresponden, reconocimiento al que se sumaron otros ministros que destacaron la valentía de los militares y la restauración de la paz pública que han logrado en varias regiones.
El problema es que estas tareas y el espacio que ocupan, han servido en algún sentido de coartada para que los tres niveles de gobierno, eludieran su responsabilidad en la tarea de construcción institucional para la seguridad pública", agregó Medina.
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En el mismo sentido, Arturo Zaldívar calificó a la ley de fraude a la Constitución, porque si bien dice regular la seguridad interior, en realidad norma la seguridad pública, que es una función prevista para autoridades civiles de los tres órdenes de gobierno en el artículo 21 de la Constitución.
Javier Láynez y Alberto Pérez Dayán también rechazaron que exista facultad del Congreso para regular este tema.
Si la seguridad interior es materia exclusiva de la Federación, ¿por qué se faculta a estados y municipios a solicitar la intervención federal, en una materia en la que no son competentes?", cuestionó Láynez.
Luego de las intervenciones de hoy, parece poco probable que el proyecto de Pardo pueda sobrevivir, ya que necesitaría el voto de tres de los cuatro ministros que no han opinado.
Si logra esos votos, el proyecto seguiría vivo, y se discutiría la invalidez de 30 porciones de la ley, como propone Pardo, lo que la dejaría como una norma que difícilmente funcionaría en la práctica.
mlmt