En la zona del casco de Santo Tomás, alrededor de 10 mil jóvenes, en su mayoría estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se reunieron para marchar hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Era el 10 de junio de 1971 y comenzaba “El Halconazo”.
Unas semanas antes, el entonces gobernador de Nuevo León, Eduardo Ángel Elizondo Lozano, promulgó una nueva Ley Orgánica para la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), que suprimió la autonomía de la institución.
Esta reforma fue rechazada tanto por estudiantes y académicos de la UANL, quienes en forma de protesta se declararon en huelga e iniciaron protestas. En respuesta, el gobierno estatal redujo el presupuesto de la universidad, lo que provocó más movilizaciones y llamaron al resto de las universidades del país a sumarse a las protestas.
Así, los estudiantes de la capital respondieron al llamado y convocaron a una manifestación aquel jueves, la primera gran manifestación tras la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, tres años antes.
Luis Echeverría, quien recién había llegado a la Presidencia, se vendió como un demócrata abierto a las críticas, se desconocía ese momento que él había sido el hombre detrás de la masacre de Tlatelolco cuando era Secretario de Gobernación (Segob) de Gustavo Díaz Ordaz.
Los estudiantes, confiados de la supuesta apertura democrática de Echeverría que se vio reflejado en la liberación de presos políticos como y el regreso del exilio de líderes estudiantiles de 1968, siguieron con la manifestación.
Sin embargo, tras salir del casco de Santo Tomás y llegar a avenida de los Maestros, los manifestantes se encontraron con las calles bloqueadas por granaderos del Distrito Federal.
Entonces, apareció un grupo de jóvenes vestidos de civil quienes supuestamente se iban a sumar a la marcha, sin embargo, eran infiltrados armados con varas de bambú quienes comenzaron a agredir a los estudiantes, eran “Halcones”, un grupo paramilitar creado por el gobierno para “reventar” manifestaciones.
En un principio los manifestantes lograron repeler las agresiones de “Los Halcones”, pero se vieron superados cuando más de éstos aparecieron apoyados por vehículos oficiales, como patrullas y ambulancias, y armados. La masacre comenzó.
Los manifestantes intentaron huir y esconderse de los “Halcones”, pero muchos de ellos no lo consiguieron. Varios estudiantes murieron y los que no fueron hospitalizados en el Hospital Rubén Leñero, donde algunos -aseguran- fueron rematados en los quirófanos e intimidando al personal médico.
Se desconoce cuántos muertos hubo tras el “Halconazo”, sin embargo, la cifra oficial ronda las 120 víctimas. Muy posiblemente fueron más.
Tras el incidente, se negó la existencia de “Los Halcones”. Mientras que el regente del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez; el jefe de la policía capitalina, Roberto Flores Curiel; y el procurador general de la República, Julio Sánchez Vargas, renunciaron a su cargo.
En 2005, 34 años después, la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado acusó al expresidente Luis Echeverría por delitos de lesa humanidad, en forma particular por genocidio, por varios casos como la masacre de Tlatelolco, la “guerra sucia” y el “Halconazo”
Cuando se presentó la denuncia por la fiscalía, la defensa de Echeverría aseguró que el delito de lesa humanidad había prescrito por lo que ya no podía ser acusado. Sin embargo, las autoridades judiciales rechazaron este argumento y el expresidente fue enjuiciado.
Durante su proceso Echeverría tuvo prisión domiciliaria, por su edad y estado de salud no fue ingresado a ningún penal. En su momento, muchos especialistas y sobrevivientes de los hechos por los que era acusado el expresidente dudaron si el término “genocido” cabía judicialmente para señalarlo.
El juez que llevó el caso, José Guadalupe Luna Altamirano, aseguró que en efecto se cometió un genocidio durante la “Guerra Sucia” pero, dijo, no había “ni una sola prueba” de que Echeverría fuera responsable de dichos delitos de lesa humanidad y lo exoneró en 2007.
Dos años después, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó la resolución de Luna Altamirano y el expresidente fue deslindado de responsabilidades.
En 2012, el juez que llevó el caso fue señalado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de una serie de transferencias millonarias irregulares que se encontraron en sus cuentas bancarias y de sus familiares, por lo que fue separado de su cargo.
Medio siglo ha pasado de “El Halconazo”, ningún personaje relacionado a la masacre ha recibido condena alguna y Luis Echeverría cerca de cumplir los 100 años viviendo en su casa al sur de la Ciudad de México y vacunado contra la covid-19.