Tuvieron que pasar cinco décadas para que el Estado Mexicano reconociera las violaciones de los derechos humanos contra las víctimas de la llamada “Guerra Sucia”, comprendida durante la década de los setenta.
Un documento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en posesión de La Silla Rota, determina el plan de reparación a favor de las víctimas de la "guerra sucia".
La “guerra sucia” es un lapso comprendido durante la década de los setenta donde el Estado Mexicano, representado aquellos años por el PRI, a través de instituciones de seguridad, comenzó una ofensiva letal e incompasiva contra los detractores políticos de su régimen.
El CEAV reconoce al menos mil 351 víctimas de la “guerra sucia”, 419 directas y 932 indirectas, a la vez que señala a la Ciudad de México, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Jalisco y Sinaloa como las entidades más afectadas.
Detenciones arbitrarias y desplazamiento, tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, son algunas de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante una década.
Las instancias implicadas son las extintas Dirección Federal de Seguridad, la Dirección General de Policía y Tránsito del Departamento del Distrito Federal, así como las procuradurías Federal, del Distrito Federal, del Estado de México y principalmente el Ejército Mexicano.
El plan de reparación
El “plan colectivo de reparación integral” iniciará con una disculpa pública por parte del Estado Mexicano, así como la construcción de monumentos en memoria de las víctimas de la “guerra sucia”.
La CEAV creará una investigación “independiente, imparcial y competente” para el esclarecimiento de las “violaciones graves, generalizadas o sistemáticas a los derechos humanos” ocurridos durante la “guerra sucia”.
Además, la CEAV enviará a la Secretaría de Gobernación (Segob) la propuesta para que se reconozca un Día Nacional para Recordar a las Víctimas de la “guerra sucia”.
La Procuraduría General de la República (PGR) deberá comenzar una investigación para localizar de forma inmediata a las víctimas o sus restos, dado que la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales, fueron los delitos que prevalecieron.
Los restos mortales de víctimas deberán ser entregados a sus familiares, siendo todos los recursos, desde identificación genética, hasta gastos funerarios, cubiertos por el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Las victimas sobrevivientes e indirectas serán incluidas en un programa de atención y rehabilitación integral de salud, donde serán atendidos física y psicológicamente. También se creará un programa de becas específico en materia de educación, capacitación o profesionalización.
Los intentos fallidos
En casi 20 años se presentaron varios intentos para que el Estado Mexicano reconociera las violaciones a los derechos humanos, se castigara a culpables y se reparara el daño a víctimas de la “guerra sucia”, pero sin éxito.
La primera ocasión fue el 27 de noviembre de 2001, a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien identificó a 532 víctimas de desaparición forzada en la “guerra sucia”.
Aunque el Gobierno Federal, encabezado en ese momento por Vicente Fox, creó la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado para esclarecer los hechos, poco se dio a conocer al respecto y la impunidad prevaleció.
Ocho años después se retomó el tema, el 23 de noviembre de 2009, con Felipe Calderón en la presidencia, esta vez mediante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que señaló a servidores públicos involucrados en la detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de personas durante la “guerra sucia”. Tampoco pasó nada.
En 2012, el Congreso del Estado de Guerrero, creó una Comisión de la Verdad para que investigara lo sucedido en la entidad durante la “guerra sucia”, concluyendo dos años después en la violación generalizada o sistemática de los derechos humanos por parte de funcionarios públicos.
Y, aunque en su informe final se instruye al Gobierno Federal un plan de reparación similar al que actualmente presenta el CEAV, éste no trascendió. El país era gobernador por Enrique Peña Nieto.
Finalmente en marzo del 2017 y de nueva cuenta la CNDH en su informe especial sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México aborda la “guerra sucia”.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en dos ocasiones, primero en 2011 y luego en 2014, llamó al Estado Mexicano de reconocer las violaciones a los derecho humanos, castigar culpables y reparar adecuadamente a las víctimas.
Radilla y Cabañas: Los casos emblemáticos de la “guerra sucia”
Aunque la CEAV reconoce mil 351 víctimas de la “guerra sucia” en realidad éstas son más, mucho más. En el documento al que La Silla Rota tuvo acceso destacan dos de los innumerables casos de violaciones a los derechos humanos
El primero es el de Lucio Cabañas, líder social del municipio Atoyac de Álvarez, en Guerrero, fundador del Partido de los Pobres, quien se convirtió en guerrillero tras una matanza en la comunidad perpetuado por la Policía Judicial de Guerrero, por la cual quisieron culparlo.
“El Guerrillero del Sur” opta por la clandestinidad tras los señalamientos en su contra, las autoridades ya tenían los ojos sobre él por “revoltoso”, durante años luchó por la mejora en las condiciones de vida, criticó además opresión y miseria de los campesinos en Guerrero.
Egresado de la Normal Rural de Ayotzinapa, Cabañas Barrientos encabezó el secuestro del entonces senador y candidato a la gubernatura de Guerrero, Rubén Figueroa, a quien liberaron tras dos meses.
Fue entonces cuando se emprendió una ofensiva contra Lucio Cabañas y sus seguidores, pero también contra personas no inmiscuidas en la guerrilla como dirigentes sociales, disidentes, miembros de organizaciones de izquierda e incluso familiares de guerrilleros o personas a las que se les percibiera la mínima sospecha de pertenecer a la guerrilla.
Así, sufrieron desaparición forzada desde estudiantes, campesinos, indígenas, activistas sociales e incluso delincuentes o supuestos delincuentes.
Incluso, se formó un grupo de represión dirigido por el capitán Francisco Javier Barquín Alonso, formado por ex agentes de la policía judicial y militar que recibía órdenes del gobernador de Guerrero, el mismo Rubén Figueroa, quien quiso vengarse de su secuestro.
La comunidad de “El Quemado”, en Guerrero, fue escenario de la ofensiva letal contra inocentes encabezada por el Estado Mexicano. En septiembre de 1972, militares arribaron al lugar argumentando que Lucio Cabañas había ingresado a la comunidad, hecho que nunca fue comprobado.
Hicieron cateos ilegales en las casas de la comunidad, sembrando utensilios militares como ropa, garrafas y hasta armas, para que otros soldados los “encontraran” y acusaran a los habitantes de formar parte de la guerrilla.
Así, 92 personas fueron detenidas, la mayoría hombres, de todas las edades desde menores de edad hasta ancianos. Fue entonces cuando comenzó la tortura: agujas bajo las uñas, choques eléctricos en genitales, atados, vendados, sin comer y ni dormir, todo ello para que firmaran una confesión en blanco.
Pasaron años en prisión acusados de ser guerrilleros sin pruebas y poco a poco fueron saliendo de prisión beneficiados por una Ley de Amnistía otorgada por el mismo que ordenó su detención y uno de los principales culpables de la “guerra sucia”: el gobernador Rubén Figueroa.
El segundo caso que cita el documento del CEAV es el de Rosendo Radilla Pacheco, campesino ganadero, líder social del municipio de Atoyac de Álvarez, quien incluso se convirtió en presidente municipal.
Defensor de la salud y trabajo digno de su comunidad, Radilla Pacheco fue detenido junto a su hijo de 11 años ilegalmente por militares en agosto de 1974 cuando viajaba en un camión hacía Chilpancingo.
Un retén militar paró el camión donde viajaba Rosendo, soldados bajaron a todos y al reconocer a Radilla Pacheco no dejaron que subiera de nuevo al vehículo, lo acusaron de “componer corridos” y lo detuvieron.
A su hijo de once años sí lo dejaron ir y fue por él que supieron que Rosendo había sido aprehendido por militares, pero nunca más volvieron a saber de él, fue víctima de desaparición forzada.
La exigencia de justicia por parte de su familia desde el momento de la desaparición provocó que el caso de Rosendo Radilla Pacheco fuera de los primero en tomar relevancia tras la “guerra sucia”.
Tras el asesinato de Lucio Cabañas en diciembre de 1974 a manos del ejército, la represión continúo, es más, hasta incrementó, pero también se evidenció documentación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) donde mandos ordenaban a los militares el “exterminio”.
Medio siglo después, las víctimas de la “guerra sucia” recibirán, sino justicia, sí una pizca de dignidad.