Pese a los embates lanzados desde el gobierno de la denominada 4T, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, los avances que tiene el país en materia de transparencia no pueden eliminarse, pero el organismo autónomo sí corre el riesgo de ver limitadas sus capacidades, así lo adelantaron expertos consultados por La Silla Rota.
La Ley Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dio nacimiento al hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), cumple 20 años este 2022. A partir de entonces, la ley se ha perfeccionado, pero este sexenio ha recibido amenazas graves, desde la eliminación del organismo autónomo, hasta la acotación de sus funciones.
En el último año, López Obrador declaró –en varias ocasiones– que el Inai es un organismo “oneroso, cuyas responsabilidades pueden ser delegadas a la Secretaría de la Función Pública”.
En 2022, se cumplen 20 años de un importante avance para la vida democrática de ????: la expedición de la primera Ley de #Transparencia y #AIP.
— Blanca Lilia Ibarra (@bl_ibarra) January 3, 2022
En el INAI reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando, de la mano de la sociedad, para fortalecer su conocimiento y ejercicio.
Jacqueline Peschard, extitular del otrora IFAI, destacó que el derecho a la información (artículo 6 constitucional) está catalogado como un derecho humano que marca la existencia, facultades y capacidades del INAI para obligar a los gobiernos y sus dependencias a entregar información, excepto en el rubro de seguridad nacional. Y agregó "el artículo 1 señala que los derechos humanos deben ser progresivos, ir para más y no para menos”, subrayó.
Además, la cultura para solicitar información vía transparencia ha crecido en los últimos años sumó Mauricio Merino, director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas de la Universidad de Guadalajara y del CIDE. Y destacó que uno de los sectores que más aprovechado esta facultad han sido los periodistas, hecho que no es menor.
"No será fácil echar para atrás avances de esta magnitud que han sido retomados en América y Europa del este. La fuerza misma de la sociedad civil organizada y de los propios medios de comunicación harían prácticamente imposible que el gobierno mexicano quisiera dar marcha atrás. No lo veo ni siquiera posible: le saldría carísimo”, consideró. Y se dijo optimista, al pensar que difícilmente la 4T podrá haber reversa en el tema en el segundo tramo de este sexenio.
Desde otro ángulo, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, advirtió de la gravedad que implicaría pretende debilitar al Inai como se hizo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando se nombró en 2019 a un relevo afín a la 4T desde el Senado; o bien, si el Poder Legislativo implementa acciones que restrinjan las capacidades de un órgano autónomo como es el de transparencia.
“La CNDH dejó de ser un órgano de garantía, así de fácil y sencillo; no desapareció, constitucionalmente sigue existiendo y tiene asignado personal, etcétera. Pero no funge como un ombudsperson por la cercanía de su titular con El Ejecutivo".
HACE DOS DÉCADAS…
Tocó al Grupo Oaxaca –integrado por políticos y periodistas– abrir la ruta para concretar el derecho a la información con la redacción de la primera ley. Si el objetivo se logró, fue porque se aprovechó la coyuntura política con un gobierno de alternancia que en ese caso fue la llegada del presidente Vicente Fox.
Merino –quien participó en la redacción de Ley de Transparencia, vigente desde 2014– recordó que, anterior al 2000, las administraciones priistas no abrieron su información.
"Desde 1977, Jesús Reyes Heroles buscó modificar el artículo sexto constitucional, pero el PRI redujo el acceso a la información solo de carácter electoral y solo para los partidos políticos ¡Imagínese usted! Y eso lo convalidó una Corte a modo".
Y subrayó que el PRI solo cambio de parecer cuando se convirtió en oposición con Fox.
Peschard recordó que, tras la redacción y promulgación de las primeras leyes, la transparencia fue bien vista los primeros 10 años, es decir hasta 2010; después los gobiernos se dedicaron a buscar los medios para evadirla por considerarla incómoda.
“En el gobierno de Peña Nieto también comenzaron estás prácticas de retrasar la información y decir que era inexistente; de retrasar respuestas para desanimar a los ciudadanos. Pero hoy es más grave por el ambiente que ha generado las opiniones del presidente contra del INAI. Fue erróneo decir que su gobierno puede suplir las funciones del instituto porque un poder no puede obligar a otro, ni a los organismos autónomos, a la transparencia”, aseguró.
La también profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, contextualizó que la Función Pública no podría asumir esta responsabilidad, “se necesita un organismo que esté por encima de todos los 3 Poderes para poder imponerse. Lo que quiere el presidente no es posible, sería un retroceso enorme".
Salazar resaltó que el hecho de que los ciudadanos utilicen de manera más frecuente la transparencia en información terminó por convertirse en una especialidad. "En términos culturales se robusteció la ciudadanía en materia de información y su acceso a ella, se generó una conciencia de los derechos y uso cotidiano de estas instituciones. Por eso veo muy difícil desandar lo logrado porque ya hay normas constitucionales y una apropiación interna y externa de miles de personas".
Llamó a defender el marco normativo del INAI y estar pendiente de este tema desde el Congreso “porque a través de nombramientos a modo se puede neutralizar su capacidad de garantía de derechos” sentenció.
20 AÑOS DESPUÉS: RESPUESTAS A MEDIAS
Peschard lamentó que la transparencia no se ha convertido en este momento en práctica cotidiana de los sujetos obligados, es decir, los gobiernos.
"Hay todavía muchas deficiencias en cuanto a sus respuestas. Aunque se arrancó muy bien nos encontramos en una especie de retroceso y limitación. El INAI ha sido catalogado enemigo del actual gobierno, por eso muchas solicitudes no se responden adecuadamente; y el instituto acepta que así sea cuando tendría que presionar. Si una dependencia dice ‘no encuentro la información’, el INAI se da por bien servido".
Señaló que en antes el INAI ordenó a gobiernos y dependencias la búsqueda de información hasta agotar sus límites. "Ahora ha doblado los brazos ante las críticas, malos formas y expresiones del presidente que no ha entendido su trabajo ni lo respeta". A esto Merino agregó “cada vez es más cierto que la información que se solicita no se obtiene.
Los expertos consultados coincidieron en que durante la segunda década de su vida, gobiernos y dependencias especializaron parte de su personal en el manejo de la Ley Federal de Transparencia con otra finalidad: encontrar los recovecos legales dentro de esta ley para evadir la entrega de información a quien lo solicite. Y resaltaron que esto se ha vuelto una práctica generalizada a nivel federal y en las 32 entidades lo que representa un retroceso frente a la exigencia ciudadana.
Merino denominó esta práctica como “uso de puertas falsas” para negar información o reservarla por tres o cinco años y ejemplificó el caso reciente de la compra de vacunas covid y medicamentos. “No debería ser de ninguna manera información confidencial porque es de interés público", rebatió.
"Parece que nadie se preocupa de eso y se ha vuelto natural", añadió Peschard, "entonces lo que se ganó desde 2002 creo que ahora nos estamos quedando rezagados. Este sería un buen momento para que el INAI abandere de manera muy clara la exigencia de sus facultades para que avancen y no tengan un retroceso; y que no se sienta intimidado por el discurso oficial y se fortalezca como instituto autónomo".
AMLO: ENEMIGO DE LA TRANSPARENCIA
"El presidente ha sido adversario de la transparencia y esto ha sido parte de su biografía política porque como jefe de Gobierno de la Ciudad de México fue uno de los principales opositores a la transparencia, está acreditado, es público se sabe” recordó Merino.
“Ha dicho en sus conferencias que considera que el acceso a la información es una puerta de acceso a sus adversarios para quienes dañar a su gobierno. No lo ve como un contrapeso sino como arma de los conservadores y enemigos que pone en riesgo su fuerza política y popularidad".
Al respecto Salazar consideró que López Obrador "no es el primer presidente ni el único gobernante –en el caso de estados– que ha expresado su disgusto molestia e incomodidad con las decisiones de estas autoridades. Sí bien existe una hostilidad injustificada al tema, veo difícil que se logre desmontar o desarticular a estas instituciones, aunque también es cierto que no es imposible".
Los entrevistados también señalaron que el llamado “decretazo presidencial” que se refiere al acuerdo que presentó el Poder Ejecutivo para acotar la transparencia de información relacionada con obras emblemáticas de su gobierno, es un claro reflejo de la postura de la actual administración.
Y celebraron que la controversia constitucional interpuesta por el INAI haya contado con el respaldo de la Corte que ordenó suspenderlo el 14 de diciembre.
"Le dio la razón al instituto, le dijo que esa información no se puede reservar en materia de construcción y edificación de obra pública y que deben transparentarse, eso lo ganó el INAI. Lo que no ganó es que se cumpla con todas las otras disposiciones de ley en materia de adquisiciones y obra pública”, dijo Peschard.
Merino aseguró que no es para menos estar preocupado por el hecho de que el Poder Ejecutivo pretenda decir cuál información sí y cuál no hacer pública.
Seguiremos en la batalla, el presidente debe saber que la regresión que él ha producido se va a caer: en algún momento se va a caer y seguiremos adelante con la transparencia porque es la base de un régimen democrático. Dudo que pueda cumplir con su deseo de qué entrega y qué no entrega