Chilpancingo, Guerrero.- Llegaron los cuatro años de la noche de Iguala y con esto el cierre del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, quien apunta a irse sin asumir las cuatro líneas de investigación que para los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, por recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), son fundamentales para saber qué pasó con sus hijos.
Estas líneas fueron propuestas por los investigadores independientes, grupo creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y son resultado de su año de investigaciones (marzo de 2015 a abril de 2016): el involucramiento de policías municipales de Huitzuco, el posible trasiego de droga de Iguala a Chicago en un quinto camión, la ruta de los celulares de los jóvenes desaparecidos y la probable participación del Ejército en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Peña Nieto, no se salió del guion ni en el último momento de su gobierno. “Con el dolor que causa y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó lo que justamente la investigación arrojó”, dijo en un video previo al Sexto Informe de Gobierno.
Lo que la investigación oficial mantiene como versión de los hechos es que los normalistas fueron asesinados e incinerados por gente de un grupo criminal en el basurero de Cocula. “Peña Nieto se va con las manos manchadas de sangre”, dijo el vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Felipe de la Cruz.
LOS MILITARES
Investigar al Ejército es una de las principales recomendaciones sugeridas por los investigadores independientes. En su visita a Guerrero del 3 septiembre pasado a la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayozinapa, en Tixtla, representantes de la CIDH, como parte del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, insistieron en la necesidad de que el gobierno mexicano esclarezca el rol de los militares en los hechos.
En su informe de Balance del Mecanismo hay puntuales cuestionamientos o requerimientos al Ejército, como los videos y fotografías que, determinaron, hicieron los militares del 27 Batallón de Infantería de Iguala esa noche en la escena del Palacio de Justicia, de donde también se llevaron a un grupo de estudiantes.
Existe una inspección ministerial -da cuenta el mismo informe de balance- hecha por personal de la Procuraduría General de la República (PGR) en el 27 Batallón el 15 de agosto de 2017. Ahí revisaron una computadora en la sede militar, donde hay evidencia de que descargaron imágenes (se entiende que sería del día de la desaparición), pero no encontraron ningún material de respaldo porque, al parecer, el disco duro de la máquina se dañó y fue reemplazado.
También hacen la observación de las contradicciones en las declaraciones de militares en la escena de Palacio de Justicia, en Iguala.
Ese edificio público está en la mira de los padres de los 43, como uno de los lugares donde ocurrió parte de la desaparición colectiva de sus hijos, equiparado al de la escena del cruce de calle Álvarez y Periférico. Ahí han concentrado sus últimas protestas, con la demanda de que el Poder Judicial local les entregue los videos captados por las cámaras de seguridad del edificio.
MÁS POLICÍAS INVOLUCRADOS
En el sitio, de alguna manera cobran firmeza otras las líneas que los padres y abogados piden sean consideradas en la investigación, como la posible participación de policías municipales de Huitzuco, quienes pudieron llevarse de ahí a unos 20 jóvenes del grupo de los 43. Aparte es el caso de los elementos de Cocula e Iguala.
Por el extremo sur de la ciudad de Iguala, donde está el Palacio de Justicia, salieron otros dos de los camiones que intentaron llevarse a los normalistas, y fue uno de los puntos donde hombres armados (policías o sicarios) los retuvieron. Los normalistas acudieron a Iguala esa noche del 26 de septiembre a retener autobuses para las protestas del 2 de octubre.
EL CAMIÓN Y LOS CELULARES
El GIEI determinó que uno de los camiones que salía por la parte sur de la ciudad, al que identificó como el quinto camión porque al principio no figuraba en los hechos, pudo ser utilizado para el trasiego de droga a Chicago. Iguala es una de las ciudades guerrerenses donde las empresas de autobuses de pasajeros ofrecen viajes hasta Chicago.
Esta línea de investigación, como la del seguimiento a la telefonía celular de los jóvenes desaparecidos, son rutas no exploradas.
A la 1:16 de la madrugada del 27 de septiembre de 2014, Jorge Aníbal de la Cruz envió un mensaje a su mamá, Carmen Cruz Mendoza: “mamá hazme un recarga. Me urge”. Jorge Aníbal es uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
A la hora que cayó el mensaje de texto del celular del normalista, ya estaba avanzada la noche de Iguala. Meses después de su desaparición, la aplicación de WhatsApp de su número celular estaba activada y sus familiares recibieron llamadas, según algunas publicaciones periodísticas retomadas de partes de la investigación oficial.
En su informe de balance, la CIDH señala que: “el Estado ya ha aceptado que al menos nueve teléfonos o IMEIS de los estudiantes tuvieron actividad después de la medianoche del 26 de septiembre de 2014, pese a que en un primer momento el propio Estado afirmó que los teléfonos habría tenido el mismo destino que, afirmó, tuvieran las víctimas en la primera fase de la investigación”.
La investigación del gobierno mexicano, aun cuando ha tomado algunos giros en estos cuatro años (la PGR aceptó en mayo de 2017 seguir las cuatro líneas de investigación), no se descarrila de la verdad histórica, contada por el exprocurador Jesús Murillo Karam.
“No hubo avances sustanciales definitivamente. Aceptan que hay mucha incongruencia en la ‘verdad histórica’, aceptan que se equiparon en mucho de las investigaciones, pero no hacen por enmendar y avanzar, ese es el problema que nos mantuvo los cuatro años patinando en el mismo lugar”, comentó el abogado De la Cruz.
La llamada “verdad histórica” se encuadra en que a los 43 normalistas de Ayotzinapa los entregaron policías municipales de Iguala a criminales y se los llevaron al basurero de Cocula, donde los asesinaron, incineraron y tiraron sus cenizas al río San Juan.
Esta versión tiene en contra hasta las condiciones del clima, porque esa madrugada llovió fuerte en Cocula, pero todavía es la única versión institucional.
ams