José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, confirmó los cambios propuestos para la Ley Federal de Telecomunicaciones, como la eliminación de las modificaciones al artículo 109. Según Peña Merino, el artículo fue “malinterpretado”, ya que su intención original era armonizar la normativa con el artículo de la Ley del IVA que regula a las plataformas digitales que comercializan bienes y servicios.
“Era un artículo pensado para acompañar una regulación que ya existe en la Ley del IVA, pero para que no haya ningún espacio a duda o malentendido, se elimina”, explicó el funcionario.
En medio del debate público y críticas que apuntaban a un posible intento de censura, Peña Merino enfatizó que la reforma no busca restringir la libertad de expresión. “Aquí no hay censura. Al contrario. Esta es una ley que promueve la conectividad, que busca que más personas puedan usar datos, manifestar sus ideas y acceder a redes sociales. Claramente va en sentido opuesto a cualquier forma de censura”, aseguró.
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Asimismo, reiteró que, como ya lo había anticipado la presidenta de la República, se mantiene en la reforma la prohibición de transmitir propaganda de gobiernos extranjeros, con excepciones claras para contenidos de carácter turístico, cultural o deportivo. “Por ejemplo, ahora que viene la Copa del Mundo que vamos a compartir sedes con nuestros dos vecinos del norte”, puntualizó Peña Merino.
Contexto: La reciente propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México ha generado un intenso debate sobre la regulación de contenidos extranjeros en medios nacionales. La iniciativa surge tras la difusión en televisión mexicana de un anuncio antiinmigrante protagonizado por la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem. El spot, transmitido durante horarios de alta audiencia, instaba a los migrantes indocumentados a "autodeportarse", lo que provocó críticas por su tono considerado discriminatorio y por la utilización del espectro radioeléctrico mexicano para su difusión.
En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una reforma legal para prohibir la transmisión de propaganda política extranjera en medios mexicanos. La propuesta busca restablecer restricciones eliminadas en 2014, impidiendo que concesionarios de radio, televisión y plataformas digitales difundan contenidos pagados por gobiernos foráneos que puedan influir en asuntos internos del país.
La reforma también contempla la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que asumiría funciones regulatorias anteriormente ejercidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). La ATDT tendría facultades para otorgar y revocar concesiones, así como para supervisar el cumplimiento de las nuevas disposiciones legales.
Sin embargo, la iniciativa ha generado preocupaciones sobre posibles actos de censura. Organismos como la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos han instado al Senado a garantizar que la reforma respete los estándares internacionales sobre libertad de expresión y derechos digitales . La presidenta Sheinbaum ha asegurado que la medida no busca censurar contenidos, sino proteger la soberanía y evitar la difusión de mensajes discriminatorios pagados por gobiernos extranjeros.
Aunque la iniciativa tiene una correcta exposición de motivos y forma parte del interés que ha mostrado la presidenta Sheinbaum en la materia, los problemas vienen a la hora de ejecutarla, planteó por su parte el presidente de DPL Group, Jorge Fernando Negrete.
Entrevistado por La Silla Rota, criticó la redacción del artículo 109, que permite a la agencia suspender a una plataforma digital. Eso puede afectar la libertad de expresión y va contra el artículo sexto de la Constitución de tener derecho a las telecomunicaciones, advirtió.
“Esto es un tema de la mayor relevancia porque podríamos tener abusos de parte de la autoridad y cancelar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información”, remarcó.
Claves de la iniciativa de reforma a la Ley de telecomunicaciones
Peña Merino presentó los principales lineamientos de la iniciativa de reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de ampliar la cobertura de internet en el país y garantizar el acceso equitativo a los servicios de telecomunicaciones para la población. A continuación, se detallan los principales puntos de la propuesta:
- Conectividad para 15 millones de personas: La iniciativa busca ampliar la cobertura de internet a alrededor de 15 millones de personas que actualmente no tienen acceso. Se estima que 10.2 millones de menores de 14 años viven en zonas sin cobertura, mientras que 4.4 millones residen en áreas con conectividad pero carecen de recursos para contratar el servicio.
- Participación de CFE e incentivos para privados: La Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través del programa “Internet para Todos”, podrá competir en igualdad de condiciones con empresas privadas para brindar cobertura. Se contemplan esquemas como el uso del espectro a cambio de cobertura social y carretera por parte de operadores privados.
- Reducción de brechas de acceso: La propuesta establece el uso del espectro para fines públicos como internet gratuito en oficinas gubernamentales y espacios públicos. También facilita el acceso al espectro para pequeñas empresas, radios comunitarias y sectores como educación e investigación, con requisitos simplificados.
- Cambios institucionales: La iniciativa prevé una reestructura del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Sus funciones se dividirán entre dos nuevas instancias: una autoridad en telecomunicaciones y una Comisión Antimonopolio adscrita a la Secretaría de Economía. Esta última asumirá responsabilidades en materia de competencia económica.
- Derechos de audiencias y usuarios: Se plantea la restitución de los derechos de las audiencias reconocidos en 2014, como los códigos de ética y la figura de defensoría. También se establece el derecho a adquirir equipos desbloqueados y a realizar recargas de saldo en diversos puntos de venta.
- Uso y regulación del espectro: Se prevén lineamientos para el uso eficiente del espectro y la prevención de la pérdida de recursos orbitales. Se incluirán medidas para el ordenamiento del cableado y el bloqueo de señales en centros penitenciarios, a cargo de las empresas de telecomunicaciones.
- Estructura de gobernanza: La autoridad reguladora estará compuesta por un órgano desconcentrado con independencia técnica, sectorizado a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Estará conformado por cinco consejeros propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado.
- Contexto y cifras: Durante el sexenio anterior se pasó de 13 mil a 141 mil localidades conectadas mediante red pública. Sin embargo, actualmente solo el 92% de la población vive en zonas con cobertura, con una marcada desigualdad entre áreas urbanas y rurales. El gasto promedio mensual en conectividad es de 721 pesos, y el 10% de la población con menores ingresos destina aproximadamente el 6% de su gasto total al acceso a datos.
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