El intento de la ministra Lenia Batres por registrar la marca “ministra de pueblo”, distintivo con el que pretendía competir en la elección judicial del próximo 2 de junio por su continuidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); no llegó a buen término debido a impedimentos legales, según confirmó el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
La institución rechazó la solicitud para el registro de la marca tras deliberar que el nombre podría confundir al público al sugerir un cargo obtenido por elección popular, lo cual no corresponde a su designación.
Además, en base a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la Constitución Mexicana, la cual establece que ciertos cargos judiciales se obtienen mediante elección directa de la ciudadanía, encontró que existe un impedimento legal para el registro de la marca.
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Los principales argumentos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para negar el registro de la marca "ministra del pueblo" fueron los siguientes:
- El IMPI encontró un “impedimento legal” para el registro de la marca.
- La marca “es susceptible de engañar al público e inducir a error”.
- El signo solicitado podría generar confusión.
- El IMPI determinó que el signo propuesto no es susceptible de registro.
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Fundamentación legal para negarle el registro de marca
Contexto: según el análisis del IMPI, el signo solicitado es susceptible de engañar al público e inducir a error respecto de las características de este. Esto se debe a que los cargos públicos de ministras y ministros de la SCJN, entre otros, únicamente se pueden obtener y ostentar por elección popular conforme a la ley.
Una persona que no haya obtenido dicho cargo por elección popular y utilice la denominación "ministra del pueblo" podría generar confusión respecto a las características y naturaleza de la denominación solicitada, señaló el IMPI.
E indicó que la marca incurre en la prohibición prevista en los artículos 12; 173, fracción XV; y 178 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, así como en disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
También destacó el artículo 96 de la Constitución, el cual señala que las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como otros cargos judiciales de alto nivel, serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía.
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En resumen, el IMPI rechazó el registro de la marca al considerar que podría confundir al público al sugerir un cargo obtenido por elección popular cuando no es así, lo que constituye un impedimento legal y una violación de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y otras leyes.