La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para poder promover la elección judicial del próximo 1 de junio, donde serán elegidos jueces, magistrados y magistrados.
"Ya podemos hablar, el 1 de junio hay que ir a votar… ya vamos a poder informar nuevamente (...) lo que sí se puede hacer es utilizar los tiempos del gobierno para promover la participación, sino promover el 1 de junio, lo que no podemos hacer es destinar recursos para la promoción, que no sea el tiempo oficial que tenemos en la TV para la promoción", expresó.
La jefa del Ejecutivo comentó durante la mañanera que ahora ya podrán explicar cómo se tiene que votar y todo lo relacionado con la elección al Poder Judicial.
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TEPJF da luz verde para que gobiernos y funcionarios públicos promuevan elección judicial
La Presidencia de la República, legisladores, gobernadores y servidores públicos en general podrán promover la participación ciudadana en la próxima elección judicial, de acuerdo con una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Sin embargo, esta promoción no podrá dirigirse a impulsar candidaturas específicas.
Los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes votaron a favor, y dos en contra de Janine Otálora y Reyes Rodríguez. Así se logró la modificación el acuerdo previamente establecido por el Instituto Nacional Electoral (INE). El acuerdo del INE prohibía a los servidores públicos utilizar recursos públicos para difundir la elección judicial, al considerar que esta era una facultad exclusiva del órgano electoral.
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El magistrado Felipe de la Mata propuso a sus compañeros del Tribunal Electoral dar vía libre a funcionarios de todos los niveles para que promuevan la elección de jueces del 1 de junio.
¿Qué dice la sentencia del Tribunal Electoral?
La sentencia del Tribunal Electoral especifica que los legisladores federales podrán promover la elección judicial a través de cualquier medio de comunicación, siempre y cuando los recursos públicos empleados se destinen a la comunicación social con fines constitucionalmente lícitos y sin favorecer a ninguna candidatura en particular.
De acuerdo con el proyecto de De la Mata, desde la Presidencia hasta los gobernadores, legisladores y funcionarios, podrán hacer promoción de la elección, en contraposición al Acuerdo emitido por el Instituto Nacional Electoral (INE) que sólo permitía a esa institución hacer la difusión del proceso.
"Los poderes de la Unión, los poderes de las entidades federativas, los OPLE y personas servidoras públicas en general pueden llevar a cabo las actividades tendentes a la promoción del voto y de la participación ciudadana en el contexto del actual proceso electivo", señala el proyecto que presentó el magistrado y se votará este miércoles en el pleno de la Sala Superior.
El Acuerdo del INE fue impugnado por la Presidencia, el partido Morena, el Congreso de la Unión, las gobernadoras del Estado de México, Campeche y la Ciudad de México, las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, además de numerosos diputados de Morena que aprobaron la reforma electoral que facultaba solamente al INE a promover el proceso.
El proyecto reconoce que la reforma judicial no previó reglas específicas en torno a quien debería promover la elección y le encargó la tarea al INE y le facultó para fijar los criterios que garanticen que las campañas electorales se ajusten a los principios rectores de la función electoral.
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No obstante, estima que el INE interpretó indebidamente los artículos 134 constitucional y 506 de la Ley Electoral.
El primero, de acuerdo con el proyecto, “tiene como finalidad garantizar que los recursos públicos sean usados únicamente con fines institucionales e informativos, y no así obstruir la comunicación institucional que no pretende influir en las preferencias del electorado sino informar a la ciudadanía de ciertos temas de interés para el ejercicio de sus derechos”.
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De acuerdo con De la Mata hay una distinción entre la comunicación institucional oficial de un organismo público y las expresiones, actos o comunicados que puedan realizar por voluntad propia las personas funcionarias públicas respecto del proceso electoral.
Janine Otálora y Reyes Rodríguez alertan sobre riesgos a la imparcialidad
En contraposición, la magistrada Janine Otálora subrayó que la ley prohíbe expresamente el uso de recursos públicos para promoción y propaganda, lo que garantiza la imparcialidad del proceso electoral. "Se restringe para evitar injerencias indebidas justamente en este proceso comicial, mientras que el INE despliega una campaña integral de difusión imparcial y neutral", explicó. Otálora cuestionó si permitir la promoción por parte de otras autoridades implicaría considerar que pueden realizar un trabajo más profesional que el INE o si existe desconfianza en la capacidad de la autoridad electoral para llevar a cabo estas actividades.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón advirtió que permitir la promoción por parte de funcionarios públicos podría generar la percepción de que están apoyando a candidatos postulados, lo cual no fue previsto en el modelo de elección judicial. No obstante, Rodríguez Mondragón también afirmó que el derecho de acceso a la información no se ve vulnerado, ya que el INE tiene la obligación de promover la participación ciudadana en todos los procesos electivos, incluyendo la elección judicial, a través de los medios aprobados, como radio y televisión, y en colaboración con las candidaturas