El Consejo de la Judicatura Federal denunció penalmente a los jueces que concedieron amparos contra la reforma judicial, contra los que ya la Fiscalía General de la República había iniciado una investigación.
La magistrada María Julia García denunció una persecución en la conferencia matutina de los jueces que han criticado la reforma judicial y acusó que los consejeros vinculados a Morena, Celia Maya, Verónica de Gyves y Bernardo Bátiz, más Javier Molina, ordenaron que se presente una demanda penal contra los impartidores de justicia Sergio Santamaría, y Gabriela Ruiz, de los distritos judiciales de Michoacán y Jalisco, respectivamente.
"Esto nos revela algo que ya sabíamos, que estos órganos están totalmente cooptados por el oficialismo, es increíble que el órgano que está llamado a velar por nuestra independencia, a generar las condiciones para que la justicia se materialice todos los días, va ser quien persiga a los jueces", dijo.
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FGR investiga a jueces
La Fiscalía General de la República inició un proceso de investigación en contra de dos jueces federales que dictaron suspensiones en los juicios de amparo contra la reforma al Poder Judicial de la Federación.
Los jueces Sergio Santamaría Chamú y Gabriela Ruiz informaron este viernes que recibieron notificaciones de la Fiscalía en respuesta a la solicitud que hizo Mónica Soto, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial, para que se presentara denuncia contra ambos por conceder las suspensiones.
Las peticiones de información que hizo la FGR muestran que ya existe una carpeta de investigación, que el juzgador Santamaría impugnará ante quien corresponda.
La jueza Ruiz, titular del sexto juzgado administrativo del tercer circuito con sede en Jalisco, dijo que recibió una notificación similar que tiene el objetivo de atemorizarla, según dijo.
“Considero que este tipo de actos son tendentes a amedrentarme, a influir en mi psique de cómo resolver. Así lo veo así lo veo y se me viene a la mente mis clases este de derecho procesal y recuerdo al eminente Eduardo Couture, quien decía el día que los jueces tengan miedo ningún ciudadano podrá dormir tranquilo. Yo no tengo miedo, mi resolución es con base en las en las facultades constitucionales que tengo”.
Trabajadores del Poder Judicial impugnan reforma; denuncian violaciones a derechos laborales
Un grupo de funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) ha presentado una demanda de amparo indirecto contra diversas disposiciones de la Ley de Carrera Judicial y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, alegando que estas reformas "vulneran sus derechos laborales, el debido proceso y la independencia judicial".
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Los quejosos, que incluyen secretarios, actuarios, asistentes y otros empleados del PJF, señalan que las modificaciones legislativas "afectan la estabilidad democrática del país", de acuerdo con la demanda a la que La Silla Rota tuvo acceso.
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Principales puntos de desacuerdo
Evaluación del Desempeño: Los funcionarios judiciales cuestionan los artículos 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 (fracción IV) y 43 (fracción II) de la Ley de Carrera Judicial, argumentando que los **mecanismos de evaluación no están claramente definidos, generando incertidumbre jurídica** sobre su permanencia laboral. Señalan que la falta de aprobación en estas evaluaciones "conlleva el cese del nombramiento sin responsabilidad para el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), lo cual consideran una sanción desproporcionada". Además, argumentan que "no se garantiza una capacitación permanente y accesible".
Regulación de la figura del "Secretario Proyectista": Se impugnan los artículos 247 (párrafos segundo y tercero) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 11 (fracciones VI y IX) de la Ley de Carrera Judicial, al considerar que la creación de esta categoría laboral "genera un trato desigual". Los quejosos denuncian que los Secretarios Proyectistas "pueden ser removidos libremente por el titular, sin necesidad de un procedimiento de cese, violando así su derecho al debido proceso". Alegan que esta distinción "no responde a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida", creando un esquema de "castas" laborales.
Omisión de un recurso contra medidas cautelares: Se cuestiona el artículo 198 (párrafo primero) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, argumentando que "no establece un recurso efectivo contra las medidas cautelares". Los funcionarios señalan que "se limita la impugnación a las resoluciones definitivas", dejando desprotegidos a los servidores públicos ante decisiones que "afectan sus derechos durante el proceso administrativo".
Tipicidad administrativa: Los artículos 187 (fracciones I a III, V, VIII y X) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación son criticados por su "vaguedad y ambigüedad en las causales de responsabilidad administrativa". Los quejosos afirman que términos como "no preservar la dignidad" o "tener una notoria ineptitud" "se prestan a interpretaciones discrecionales", vulnerando el principio de legalidad.
Violaciones al principio de paridad de género: Se argumenta que las reformas "socavan los avances en materia de género", al no establecer "acciones afirmativas concretas" que garanticen la igualdad sustantiva en el acceso y ascenso en la carrera judicial.
Argumentos de la demanda
Los demandantes argumentan que las reformas "son autoaplicativas" y que "modifican su esfera jurídica desde su entrada en vigor". Sostienen que "se extinguen derechos adquiridos y se modifican regresivamente las condiciones laborales". Invocan jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y estándares internacionales de derechos humanos para "respaldar su legitimación para impugnar las normas como un sistema normativo".
Además, denuncian "campañas de desprestigio y discursos de odio" contra el Poder Judicial, "poniendo en riesgo su integridad personal". También señalan "presiones y amenazas" contra jueces que han tomado decisiones contrarias a los intereses del gobierno.
Solicitudes al Juez de Distrito
En su demanda, los funcionarios solicitan al Juez de Distrito que:
- Ordene la "suspensión de las normas reclamadas".
- Declare la "inconstitucionalidad e inconvencionalidad" de los actos reclamados.
- Aplique los "estándares mínimos constitucionales y convencionales" en materia de derechos humanos.
- Ordene "medidas de reparación integral", incluyendo restitución de derechos, compensación por daños y garantías de no repetición.
- Informe a la "Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados del Consejo de Derechos Humanos" sobre las preocupaciones expresadas en diversas resoluciones internacionales.
La demanda de amparo ha generado gran expectativa en el ámbito judicial y legal, pues "podría sentar un precedente importante sobre los límites de las reformas judiciales y la protección de los derechos de los funcionarios del PJF".