Este miércoles 1 de enero fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto con el que se reforma el artículo 21 de la Constitución en materia de seguridad pública, el cual amplía las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para la investigación de delitos y fortalece sus operaciones en materia de seguridad pública.
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Con este decreto, la dependencia encabezada por Omar García Harfuch permitirá a la secretaria formular, coordinar y dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, además de que auxiliará a la presidenta Claudia Sheinbaum en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional.
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La SSPC podrá coordinar las acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno a través de las instituciones de seguridad pública, los cuales además deberán proporcionar la información de que dispongan o que recaben en la materia conforme a la ley. Además, podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos.
Con la reforma al artículo 21 de la Constitución, la SSPC y la Guardia Nacional podrán participar en la investigación de delitos, labor que anteriormente realizaba solo el Ministerio Público.
Los recursos
El decreto establece que los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. Estos fondos serán auditados y su debido ejercicio vigilado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
“Podrá ampliar las bases, emitir acuerdos y lineamientos, así como realizar las acciones necesarias para lograr la homologación de estándares y criterios, así como una coordinación eficiente, transparente y responsable, en el ejercicio de las atribuciones concurrentes de los tres órdenes de gobierno; en todo momento en atención a los fines del Sistema y los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.
A partir de la publicación del decreto, la SSPC tiene un plazo de 90 días naturales para afinar y armonizar normativas de los instrumentos jurídicos que correspondan.
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