La telefonía es el único producto que ha bajado de precio en términos nominales respecto de la inflación y el cálculo es que los consumidores ahorraron alrededor de 264 mil millones desde que existe el Instituto Federal de Telecomunicaciones (2014), explicó a La Silla Rota el comisionado del IFT, Ramiro Camacho.
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“Es decir, aun cuando hay inflación, los servicios siguen bajando. Entonces aproximadamente tenemos un 33% de reducción de precios en los 11 años de existencia del instituto, a pesar de que en ese tiempo la inflación acumulada estaba por encima del 60%. Entonces esto lo hemos calculado que es aproximadamente un total de 805 mil millones de pesos en ahorros para los consumidores”, dijo durante el programa Charlas con La Silla Rota.
En ese lapso desaparecieron cargos como “El que llama paga”, las costosas llamadas de larga distancia o las dificultades que existían para cambiarse de proveedor.
Proyecciones del IFT apuntan a que en el sector de las telecomunicaciones el ahorro en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión fue de unos 805 mil millones.
Camacho agregó que parte del potencial que tiene el regulador de las telecomunicaciones es el de provocar es que los usuarios tengan servicios de buena calidad y a bajos precios.
“El potencial es muy alto, y nosotros como instituto hemos realizado ese tipo de eficiencias, ese tipo de incrementos en la calidad y en la competencia”, aseguró.
Duelo contra gigantes
El IFT concretó lo que diversos organismos de competencia y supervisión del mercado de telecomunicaciones no pudieron: aplicar reglas especiales para Telmex y Telcel, que permitieran a empresas de menor tamaño competir con los gigantes de las telecomunicaciones mediante la llamada “regulación asimétrica”.
"Son medidas específicas para esas compañías, que les establece condiciones que solamente ellos tienen que cumplir. El origen de nuestro sector de telecomunicaciones fue una antigua empresa estatal que se privatizó y durante muchos años fue la que tuvo casi toda o la mayoría de la infraestructura, de los servicios, las ventas. ¿Cómo creas competencia en esas condiciones? Pues creas una regulación asimétrica, que tiene que ser revisada de forma que la competencia sea posible para otras empresas que no tengan ese tipo de infraestructura”.
El reto de la autonomía
Sin embargo, ese potencial está en riesgo luego de que el Congreso de la Unión aprobó la extinción de los organismos constitucionalmente, como el IFT, la Comisión Federal de Telecomunicaciones y el INAI, entre otros.
Aunque las funciones del IFT serán asumidas por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dependería de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, lo que no garantiza su autonomía.
“Lo que sí podemos decir es que el modelo actual tiene ciertas ventajas. Tiene, por ejemplo, el hecho de que los reguladores son técnicos, no son políticos, son nombrados por un procedimiento que privilegia el conocimiento técnico”, enfatizó el comisionado.
El modelo del IFT permite la autonomía e independencia en sus decisiones, lo cual garantiza seguridad para las inversiones.
“Es un sector que requiere muchas inversiones y esas inversiones, como la tecnología, cambian muy rápidamente. No es una cuestión de que se invierte y ya dura 30 o 40 años, sino que es invertir y dentro de dos o tres años a lo mejor la infraestructura ya no es tan moderna, entonces hay que seguir invirtiendo”, continuó.
“Entonces es un sector con muchas necesidades de inversión y por lo tanto con muchas necesidades de certidumbre jurídica”, remarcó.
Potencial impacto a consumidores
El comisionado Camacho también recordó que la incertidumbre puede llevar a su vez a una falta de competencia y a escenarios como los del pasado, en el que había una o dos compañías que tenían una influencia desproporcionada en los mercados, e incluso en el regulador.
Sin competencia, los precios de los servicios pueden aumentar y la calidad disminuir.
“Lo que consideramos es que para que el sector siga avanzando en la reducción de costos, de precios, es necesario que el regulador sea técnicamente imparcial, tenga independencia en las decisiones y también presupuestaria. De preferencia independencia en su funcionamiento”, agregó.
Camacho recalcó la importancia de que el gobierno no sea juez y parte en las decisiones de telecomunicaciones.
Rememoró cuando años atrás la Comisión Federal de Telecomunicaciones, antecedente del IFT, regulaba, pero el secretario de Comunicaciones y Transportes podía modificar las decisiones de la Cofetel y además había problemas de cuestiones tan sencillas como la interconexión en telecomunicaciones.
“Es algo muy básico para garantizar la competencia. Y en aquella época, antes de la reforma era muy difícil llevar a cabo la interconexión en términos eficientes, porque había problemas de tarifas excesivas, de que un operador tenía la red principal. Entonces tenía la capacidad de establecer condiciones a sus competidores. Nosotros creemos que son riesgos que posiblemente se pueden atenuar si la ley secundaria es elaborada con cuidado y tomando en cuenta las opiniones de muchos interesados, porque se tiene mucha experiencia en el sector”.
Otro riesgo es que sin un ente autónomo haya actores preponderantes que no sean regulados, advirtió.