La Cámara de Diputados decidió recortar el presupuesto al Instituto Federal de Telecomunicaciones y al Instituto Nacional Electoral (INE) para 2025, lo que provocó reclamos de los organismos. El IFT señaló que hay "extrema preocupación" ante la reducción porque la reducción de recursos dificultará que cumplan con su obligación legal de regular a la industria de telecomunicaciones.
El IFT emitió un posicionamiento en el que señala que de acuerdo con la reforma constitucional que lo desaparece deberá ejercer sus funciones durante los próximos 180 días, en lo que se elaboran las leyes secundarias, sin embargo, "los recursos presupuestales asignados resultan insuficientes para cumplir con dichas responsabilidades".
No contar con el presupuesto mínimo indispensable coloca a este órgano regulador en una situación crítica, pues se comprometen seriamente los mandatos constitucionales de supervisión y fomento de la competencia en las industrias de radiodifusión y telecomunicaciones.
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El recorte presupuestal al IFT fue de 70% de lo solicitado y quedó en 500 millones de pesos; ya que la reforma obliga a preservar los derechos de los trabajadores, la disminución pone en riesgo el cumplimiento de este mandato.
Además, el recorte impedirá que se concreten proyectos como la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información, lo que hará imposible contra con un diagnóstico "sobre la evolución en el uso de diversas tecnologías por parte de la población en nuestro país".
El instituto advierte que sus obligaciones legales y operación están en riesgo recordó que su existencia misma "es una obligación contenida en compromisos expresos de nuestro país en tratados internacionales, en particular el T-MEC".
El INE protesta y enmienda
En el INE, que había solicitado 40 mil millones de pesos para su operación y organizar la elección de los jueces derivada de la reforma judicial aprobada por Morena en el Congreso, los diputados aplicaron un recorte de 34% para dejar su asignación en 27 mil millones.
El INE había pedido 13 mil millones para organizar la elección de jueces, que se llevará a cabo en junio de 2025.
El miércoles, cuando se autorizó el recorte el INE emitió un boletín en el que se advirtió que de no recibir los recursos solicitados no se alcanzará la calidad idónea de la elección. Horas más tarde, su presidenta, Guadalupe Taddei, señaló que probablemente tendrán que sustituir las casillas por centros de votación y no usar papel seguridad sino Bond, pero eso “no significa que se tenga un voto de menor calidad”.
“Hay un recorte y el Instituto habrá de revisar qué procede”, señaló Taddei.
El INE comienza hoy el análisis y no se puede adelantar qué área tendrá el mayor ajuste, añadió.
Ante la reducción de los recursos, el INE tiene que garantizar que en cada centro haya una boleta para cada uno de quienes acudan a votar en junio próximo añadió.
No descartan impugnar
A pregunta de los periodistas, el consejero Arturo Castillo, el único que acompañó a Taddei en la conferencia pese a que todos fueron convocados, dijo que no se descarta utilizar algún recurso judicial para que se dote al INE de los recursos necesarios para organizar la elección.
Castillo dijo que él no descartaba la posibilidad de que presentar una controversia constitucional, sin embargo, la decisión recaerá en los 11 consejeros. Taddei a su vez, indicó que podría solicitarse una ampliación presupuestal una vez que se lleve a cargo la elección de junio.
Reforma electoral en puerta
Ante la posibilidad de que en 2025 se ponga en marcha una reforma electoral, como han adelantado los legisladores de Morena, Taddei confió en que se escuchará al INE antes de aprobarla.
"Creo que sí lo van a escuchar, no creo que se intente destruir el sistema electoral, a ningún país del mundo le conviene destruir un organismo como el INE. Es garantía de celebración de elecciones pacíficas y transición del poder, es parte consustancial a un gobierno autodenominado democrático, como el mexicano”.
Liquidaciones en el Inai
De acuerdo con la reforma de simplificación administrativa, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) también desaparecerá pero deberá funcionar durante los 180 días en que se elaboran las leyes secundarias.
Fuentes consultadas por La Silla Rota señalaron que se desconoce cuántos trabajadores serán reasignados a las secretarías que tomarán las funciones del Inai, Anticorrupción y Buen Gobierno, y Economía, de acuerdo con lo que ha anticipado el gobierno. En caso de que se optara por liquidarlos se necesitarían alrededor de 300 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones.
El martes, la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que desaparece los organismos autónomos y se envió al gobierno para su publicación en el Diario Oficial y promulgación, no obstante, este paso aún no se ha dado.