Durante la XIX Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), la ministra Norma Lucía Piña Hernández expresó sus preocupaciones sobre la reforma judicial implementada en México. Señaló que, si bien el proyecto se presenta como una transformación para garantizar derechos humanos y fortalecer el sistema judicial, carece de un solo caso que respalde su efectividad o justifique su implementación.
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En su intervención, la ministra destacó que la reforma fue concebida sin un diagnóstico claro, una falta admitida incluso por representantes del Estado mexicano. Este vacío metodológico, según Piña, convierte la propuesta en una hipótesis política sin evidencias que aseguren que el cambio mejorará la impartición de justicia.
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La reforma introduce la elección de jueces mediante voto popular, eliminando el sistema de carrera judicial que ha garantizado profesionalismo e independencia durante décadas. Esta medida, señaló la ministra, podría politizar la justicia y someter a los juzgadores a presiones constantes para asegurar su reelección, poniendo en riesgo la imparcialidad y autonomía del Poder Judicial.
Advertencias de expertos y la sombra de la postverdad
Piña calificó la reforma como un ejemplo de postverdad, donde creencias y emociones han primado sobre hechos objetivos en la formación de opiniones. Citando a académicos y jueces retirados, alertó que esta iniciativa podría desmembrar el principio de división de poderes y convertir al Poder Judicial en un órgano subordinado al poder político.
La ministra subrayó que el verdadero desafío de la justicia radica en garantizar derechos humanos, equidad y dignidad, más allá de reestructuraciones legales. "Ninguna falla del sistema de justicia justifica la eliminación de la carrera judicial", enfatizó, recordando que un Poder Judicial independiente es esencial para la democracia mexicana.
A pesar del discurso oficial sobre las bondades de la reforma, Piña instó a reflexionar sobre sus posibles consecuencias negativas. Señaló que, hasta ahora, no se ha presentado evidencia tangible de que el modelo propuesto pueda resolver los problemas estructurales del sistema de justicia o beneficiar a la sociedad.
La experiencia internacional, según Piña, muestra que sistemas judiciales sujetos a elecciones populares tienden a politizarse y debilitar su independencia. Este modelo, lejos de garantizar una mejor impartición de justicia, podría erosionar la confianza ciudadana en las instituciones y generar un retroceso democrático.
La ministra también expresó su preocupación por la protección de los derechos humanos bajo un Poder Judicial debilitado. Advirtió que, sin contrapesos efectivos, el poder político podría amenazar las garantías individuales, comprometiendo el Estado de Derecho.
La falta de casos concretos: un vacío en la narrativa oficial
Uno de los puntos más críticos es la ausencia de casos concretos que demuestren cómo esta reforma funcionará en la práctica. La ministra subrayó que, sin pruebas claras, cualquier cambio de esta magnitud implica un riesgo significativo, tanto para el sistema judicial como para la democracia mexicana.
Concluyendo su discurso, Piña señaló que el éxito de esta reforma solo podrá evaluarse con el tiempo y mediante resultados concretos. Mientras tanto, enfatizó la importancia de proteger la independencia judicial como una garantía para la sociedad y la democracia.
El debate sobre la reforma judicial en México sigue abierto, pero las palabras de la ministra Norma Lucía Piña ponen en el centro del análisis una realidad incómoda: sin pruebas que sustenten su viabilidad, el proyecto podría terminar siendo un experimento político con consecuencias imprevisibles.