Manuel Alejandro Robles, diputado de Morena en la Comisión Permanente, se encuentra en una misión crucial: la de "obradorizar" el Poder Judicial. Con esta iniciativa se menciona que busca agradar al poder ejecutivo a la par de que de trazar un camino legal para salvaguardar las obras estratégicas del Estado. En esencia, Robles se propone proteger lo hecho por la 4T de los embates de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La "obradorización" del Poder Judicial no representa un simple gesto de alineamiento con la visión del actual gobierno. En realidad, este concepto abarca una renovación de la justicia mexicana, basada en los principios de la 4T: no mentir, no robar y no traicionar. En esta perspectiva, "obradorizar" implica impulsar un sistema de justicia más equitativo y transparente, que lucha contra la corrupción y favorece al pueblo mexicano; esto de acuerdo a lo dicho por el propio presidente y los ejes rectores de su gobierno que han sido dichos desde el 2018.
La segunda parte de su iniciativa, la protección de las obras estratégicas del Estado. Con el rápido avance del país en distintos ámbitos, el gobierno lanza numerosas iniciativas y proyectos estratégicos. Sin embargo, estas obras suelen enfrentarse a obstáculos en su implementación, ya sea por las decisiones judiciales de la SCJN o por la intervención del INAI. Mismas que han levantado criticas desde las mañaneras del presidente tanto como a las y los ministros de la Corte como también al INAI donde se ha dejado "inoperante" por la falta de un comisionado.
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Estos obstáculos, de acuerdo con el diputado, pueden retrasar o incluso detener proyectos que son esenciales para el desarrollo del país. Es aquí donde la iniciativa de Robles entra en juego: al establecer un marco legal que proteja estas obras estratégicas, el diputado busca garantizar que puedan realizarse sin interferencias.
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Pero, ¿qué significa exactamente "proteger" estas obras? En primer lugar, implica que los proyectos estratégicos del gobierno se llevan a cabo en un marco en el cuál pueda existir una grave falta de transparencia y legalidad, donde no se estén respetando los derechos humanos y el medio ambiente. En segundo lugar, se asegura que estos proyectos reciban un trato justo en el sistema judicial, sin estar sujetos a decisiones arbitrarias o políticamente motivadas mismas que acusan miembros de la 4T así como el mismo presidente.
Por supuesto, la propuesta de Robles no está exenta de controversia. Algunos críticos argumentan que proteger las obras del gobierno de las decisiones de la Corte y del INAI puede limitar la transparencia y la rendición de cuentas. Así, pues, esta propuesta, más allá de la que dijo el presidente sobre la elección popular de los ministros de la SCJN, busca mermar los contrapesos del país.
"Guanajuatizar" el país.
El adjetivo de "Obradorizar" el país no es el primero que se usa de esta manera para que todas las políticas de un país o estado estén en armonía con lo que desea el titular del ejecutivo. Ya en 2008 se había usado e intentado con anterioridad. En aquel entonces, no se quería nada más que sólo "Guanajuatizar" el país. Este adjetivo fue utilizado por el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) con la finalidad de que todos los actores políticos estuvieran en armonía con lo que deseaba hacer el presidente del país. No es distinto a lo que busca actualmente el diputado Manuel Alejandro Flores.
En aquel entonces, en 2008, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Germán Martínez, propuso una idea controversial: "Guanajuatizar el país". Este concepto, dicho de manera pública en León, Guanajuato, planteó extender por todo México las políticas y prácticas que actualmente se aplican en dicho estado.
Sin embargo, "Guanajuatizar el país" generó inquietud entre algunos medios y críticos así como también descontento por lo dicho. La propuesta de Martínez sugirió una posible implementación a nivel nacional de políticas semejantes a las del gobernador de Guanajuato, basándose en la visión política de Vicente Fox y adoptando tácticas similares a las de las fuerzas policiales de León, famosas en esos años por su dureza y controversia.
Esta idea, en apariencia inofensiva, pudo conllevar efectos negativos en términos de derechos humanos y en particular en el respeto hacia los derechos de las mujeres. Bajo la propuesta de "Guanajuatizar el país", se percibió una amenaza latente de que leyes con estas mismas garantías, que ya estaban en otros estados, puedan ser derogadas.
"Guanajuatizar el país" no fue una propuesta que se tomó a la ligera. Su implementación pudo representar un obstáculo significativo para el avance de las mujeres en México y un retroceso en la lucha por garantizar sus derechos fundamentales. Ante esto, se solicitó hacer un análisis crítico y una reflexión seria sobre el impacto de estas políticas en la vida de las personas.
Estos casos demuestran, una vez más, que aunque se puedan tener ideas políticas en sintonía con otros actores de la sociedad civil, es necesario en una democracia que haya disidencias, criticas y que no se centre el poder político en una sola persona. Esto, por supuesto, se extiende al carácter ideológico de la política donde es aún más peligroso y dañino al país.
DJC