Un juez federal negó parar la cancelación del Tratado Internacional de Extradición entre México y los Estados Unidos que solicitó Ovidio Guzmán López, "El Ratón", hijo de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo".
A través de la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el juez informó que concedió por una parte y niega por otra la petición que realizó.
“Primero. Se niega la suspensión definitiva a Ovidio Guzmán López, en términos del considerando segundo de esta interlocutoria. Segundo. Se concede la suspensión definitiva a Ovidio Guzmán López".
Hasta el momento el juzgado no ha hecho pública la resolución, por lo que se desconocen los alcances de la determinación de conceder y negar por una parte la suspensión.
La semana pasada Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, presentó un nuevo amparo para frenar su extradición a Estados Unidos donde es requerido por una Corte de Distrito de Columbia por delitos de narcotráfico.
El tratado fue aprobado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 20 de diciembre de 1978 y publicado (Decreto) en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de enero de 1979. De acuerdo con el documento, en el artículo 1. “las Partes contratantes se comprometen a entregarse mutuamente, con sujeción a las disposiciones de este Tratado, a las personas respecto de las cuales las autoridades competentes de la Parte requirente hayan iniciado un procedimiento penal o que hayan sido declaradas responsables de un delito o que sean reclamadas por dichas autoridades para el cumplimiento de una pena de privación de libertad impuesta judicialmente, por un delito cometido dentro del territorio de la Parte requirente”.
De acuerdo con la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, el nuevo recurso que solicita es contra “la aprobación o ratificación del tratado internacional de extradición entre México y los Estados Unidos”.
El tratado fue aprobado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 20 de diciembre de 1978 y publicado (Decreto) en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de enero de 1979. De acuerdo con el documento, en el artículo 1. “las Partes contratantes se comprometen a entregarse mutuamente, con sujeción a las disposiciones de este Tratado, a las personas respecto de las cuales las autoridades competentes de la Parte requirente hayan iniciado un procedimiento penal o que hayan sido declaradas responsables de un delito o que sean reclamadas por dichas autoridades para el cumplimiento de una pena de privación de libertad impuesta judicialmente, por un delito cometido dentro del territorio de la Parte requirente”.