CONACYT

Pierde Álvarez-Buylla persecución contra científicos: juez cancela acusaciones

La carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General de la República (FGR) contra 31 científicos que trabajaron en el Conacyt, buscaba acreditar distintos delitos con el agravante de autores materiales

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La directora del ConacytMaría Elena Álvarez-Buylla pierde una batalla más contra un grupo de 31 científicos que fueron señalados por delincuencia organización, un juez federal canceló de forma definitiva la imputación contra Enrique Cabrero Mendoza, ex director del Conacyt, y otros ocho científicos y académicos, por el caso de las supuestas aportaciones ilegales al Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología (FCCyT).

De acuerdo con Reforma, Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, determino archivar el caso de delincuencia organizada y lavado de dinero en favor de Cabrero Mendoza, Rodrigo Roque Díaz, Miguel Adolfo Guajardo, Mauricio Coronado, David García Junco, Víctor Carreón Rodríguez, Elías Micha Zaga y María Dolores Sánchez, al estimar que no son delito los hechos atribuidos por la Fiscalía General de la República (FGR).

Con este nuevo mandato judicial suman 15 científicos que han logrado la cancelación de las acusaciones por parte de la directora de Conacyt, Álvarez-Buylla que fueron presentadas en 2019. 

En enero de este año, Regina María Alarcón Contreras, quien fue secretaria administrativa del Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (Fordecyt) y directora de Planeación de Ciencia en el Conacyt, así como Inocencio Higuera Ciapara, director adjunto de Desarrollo Regional del Conacyt y Luis Mier y Terán Casanueva, quien fue integrante del Comité de Ciencias Exactas para la evaluación de becas de posgrado al extranjero y posgrados de excelencia, también libraron las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero, por las aportaciones de 244 millones de pesos que hizo ese organismo al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico.

La acusación 

La carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General de la República (FGR) contra 31científicos que trabajaron en el Conacyt, buscaba acreditar distintos delitos con el agravante de autores materiales, coautores y por “querer y conocer” relacionados con el supuesto desvío de 471 millones de pesos en beneficio del Foro Consultivo y Tecnológico A.C., entre 2012 y 2019.

Según la primera orden de captura que solicitó el 24 de agosto pasado el Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o alteración de Moneda (UEIORPIFAM), y la cual fue negada, cada una de las personas mencionadas en la investigación tuvieron una presunta participación en cuatro delitos tipificados en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La Silla Rota informó de la orden de aprehensión que pidió la FGR contra las 31 personas el 20 de septiembre de 2021. En la misma investigación se aclara que la solicitud fue negada porque las autoridades no aportaron datos de prueba claros, sólo suposiciones. La petición hecha a un juez, fue rechazada 24 horas después (el 25 de agosto de 2021).

En el expediente que inició el Ministerio Público, bajo las órdenes de Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, se asegura que el Foro Consultivo y Tecnológico obtuvo más de 471 millones de pesos, los cuales fueron utilizados en gastos ajenos en el fomento y apoyo para la Ciencia y Tecnología del país.

Las pruebas que presentó la FGR ante un juez adscrito al penal federal del Altiplano para que concediera las 31 órdenes de captura, el Ministerio Público federal buscó sustentar la petición de aprehensión en 39 informes. Ninguno de ellos fue aceptado por Gregorio Salazar Hernández, juez de Control de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, adscrito a Almoloya de Juárez, Estado de México.

Álvarez-Buylla contra comunidad científica

A mediados de 2019, el Conacyt a cargo de María Elena Álvarez-Buylla, desconoció la relación jurídica con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, conformado por 31 científicos, que fueron señalados por la Fiscalía General de la República de delincuencia organizada.

En esas fechas el Conacyt dejó de recibir fondos esto a pesar de que se interpuso un recurso de amparo, en ese juicio el Foro obtuvo una suspensión provisional, y más tarde la definitiva, a fin de que el Conaycyt siguiera entregando los recursos.

El 21 de noviembre de 2019, Conacyt expidió un cheque por siete millones de pesos. Pero era un cheque incobrable porque venía nombre de la secretaría técnica del Foro: esto imposibilitó que ingresara en la cuenta correspondiente.

Ante ello los jueces exigieron al Conacyt que cumpliera con la ley de Ciencia y Tecnología que era entregar los fondos.

Sin embargo, Álvarez-Buylla y sus operadores hicieron una jugada perversa y el 11 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo mediante el cual “se reforman diversas disposiciones del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”.

Con ello,  el Foro dejó de tener personalidad jurídica, es decir perdió la capacidad de tener autonomía y patrimonio propio.

El Conacyt modificó sus estatutos en tres ocasiones el 11 de diciembre de 2019, el 11 de febrero de 2020 y el 2 de junio de 2020.

A través de esas modificaciones se eliminó el artículo que establecía que el Foro tenía una A.C. Había dejado de existir esa relación jurídica y por tanto no existía ya la sentencia de amparo dictada por el juez de distrito, por lo que se resolvió sobreseer dicho juicio.

Con ello, el el Foro Científico Consultivo y Tecnológico alzó la mano contra la desaparición de fideicomisos que estaban destinados a actividades de investigación, innovación y labores científicas centrales para México.