Luego del escándalo que generó la contratación del Servicio de Protección Federal para vigilar sus instalaciones, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), a cargo de José Antonio Romero Tellaeche, busca contratar a una empresa privada para el servicio de seguridad, protección y vigilancia de las instalaciones, bienes y valores de su sede en Aguascalientes.
Así lo evidencia una invitación a cuando menos tres empresas, publicada el pasado 2 de marzo en la plataforma Compranet con código IA-38-90M-03890M001-N-7-2023, por la que el CIDE busca servicio de vigilancia en las puertas y estacionamientos en dicha sede, para lo que resta del año.
En febrero de 2022, el CIDE contrató al Servicio de Protección Federal para mantener la seguridad intramuros de sus instalaciones en la Ciudad de México. El contrato en ese momento se firmó por 7 millones 90 mil pesos, según información obtenida por La Silla Rota a través de la plataforma Compranet.
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Ese gasto significó 27% más del que el CIDE hizo un periodo antes. El servicio, de acuerdo con los datos relevantes del contrato EPO-03890M001-N1-2022 –aún disponible en Compranet–, aún no concluye, pues el periodo fue del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023.
Quién entra y quién sale
El nuevo contrato, según la invitación, es para garantizar la seguridad en las puertas de la sede del CIDE en Aguascalientes. Las tareas que desempeñarán estas funciones, según la empresa que gane la licitación, incluyen verificar que todos los visitantes se registren en una lista y pedirles una identificación oficial para poder entrar.
Otras facultades que los elementos de seguridad privada tendrán será pedir a los visitantes que dejen objetos que atenten contra la seguridad de los demás visitantes del CIDE o solicitarles que abran sus mochilas o bolsos en caso de ver “bultos sospechosos”.
Los elementos de seguridad, de la empresa que finalmente sea contratada, deberán prohibir el acceso a vendedores ambulantes, observar que tanto docentes como alumnos cuenten con su credencial vigente, y apagar y encender las luces de las instalaciones según el código de ahorro de energía del CIDE.
Quienes cuiden de los estacionamientos deberán advertir que la reja esté abierta a partir de las 6 de la mañana, hacer recorridos constantes por todo el estacionamiento y revisar que los vehículos no tengan las luces encendidas y que solo se ocupe un cajón de estacionamiento por automóvil.
Podrán usar gas
Como parte del equipo de protección, el personal de seguridad que se contrate para la sede en Aguascalientes podrá utilizar un tanque individual de gas pimienta, un bastón tonfa policial (PR-24), así como una lámpara de mano y un teléfono celular.
El vestuario de estos elementos también sería muy específico: deberán portar uniforme que consista en una camisola y pantalón con insignias bordadas; los zapatos deberán ser tipo bostoniano; deberán tener acceso a una capa impermeable y una gorra con visera bordada.
La seguridad del CIDE
En noviembre de 2021 comenzó una crisis en el CIDE que solo se apagaría con el paso del tiempo. En esa fecha, el recién nombrado director interino del Centro, José Antonio Romero Tellaeche, despidió a Catherine Andrews de su cargo como secretaría académica, acusándola de “rebeldía” por no acatar sus indicaciones de la nueva política de austeridad republicana.
Para entonces, los alumnos y docentes del CIDE comenzaron un paro indefinido de labores: tomaron las instalaciones (que estaban a cargo de un servicio privado de seguridad) y protestaron en las calles en contra de las decisiones que tomaba el nuevo director, cercano a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla.
La tensión aumentó el 29 de noviembre, cuando Romero Tellaeche fue ratificado como director general y se modificaron los estatutos para permitir el nombramiento de Jordy Micheli como nuevo secretario académico.
Luego de varias jornadas de protestas en diciembre de 2021, para el 15 de enero de 2022 los alumnos y docentes del CIDE entregaron las instalaciones. En solo unos días el Centro contrató, por adjudicación directa, al Servicio de Protección Federal para proteger sus instalaciones, lo que fue tomado por la comunidad académica como un abuso.