Recientemente, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, metió freno por tiempo indefinido a la aplicación del Plan B electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y con ello el Instituto Nacional Electoral (INE) podrá seguir operando en la normalidad tal y como lo hacía antes de que entrara en vigor dicha reforma.
En respuesta, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó a la Suprema Corte de ser parte de la “mafia del poder” y de ser “partidarios de la oligarquía”.
En entrevista, AMLO dijo: "Es la misma mafia. Los conservadores que no quieren que haya democracia porque ellos son partidiarios de la olirgaquía, no de la democracia".
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En este sentido, López Obrador explicó que: "La olirgaquía es el gobierno de los ricos y la democracia es el gobierno del pueblo. Ellos no quieren el gobierno del pueblo, y por eso no quieren la Reforma Electoral".
"Los distinguidos miembros del Poder Judicial y del INE ganan más de lo que gana el presidente de la República, entonces, como la ley lo que busca es reducir los sueldos elevadísimos de los consejeros y de los jueces magistrados, ministros de la Corte, pues no quieren. Ellos tiene como Dios al dinero, su único Dios es el dinero", agregó.
¿Qué pasó con el Plan B?
El ministro Laynez Potisek dio entrada a trámite a la controversia constitucional del INE contra la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y otras leyes secundarias, por lo que otorgó una suspensión en contra del Plan B electoral de AMLO.
“El ministro instructor concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma”, dio a conocer este viernes la Corte.
“Dicha suspensión fue otorgada debido a que el Decreto no sólo contiene normas de carácter general sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede. Asimismo, la Corte ha resuelto en ocasiones anteriores que en controversias constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión aun tratándose de leyes, cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos. En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía”, detalló.
La suspensión durará todo el tiempo que tarde la Corte en tramitar la controversia para resolver sobre la constitucionalidad de la reforma.
En tanto, el Ejecutivo y el Legislativo tienen el derecho de impugnar la suspensión ante una de las salas de la Corte.
Hay que recordar que, el INE presentó el pasado 2 de marzo una impugnación contra el Plan B de AMLO.
“Se solicita al máximo tribunal otorgue una suspensión y, en tanto se pronuncia sobre el fondo de las controversias, se interrumpa la aplicación de la reforma y, por lo tanto, de sus efectos de manera particular por lo que hace a la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el INE y a los derechos políticos de la ciudadanía”, se lee en dicha controversia.