Con 84 votos a favor, el Senado de la República aprobó la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios, el cual será de carácter público y comprenderá algunas limitaciones para las personas registradas. Este proyecto garantizará que las personas deudoras de manutención cumplan con sus obligaciones y que los menores de edad puedan gozar de la pensión alimenticia, derivado de una serie de reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente.
En este sentido, la Cámara de Diputados aprobó la minuta y desde 2019 fue enviada al Senado, no obstante quedó en la congeladora por un lapso de cuatro años hasta que la senadora Olga Sánchez Cordero, quien preside la Comisión de Justicia, rescató la rescató.
Asimismo, resultó aprobada por las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos Primera el pasado 22 de febrero y pasada al Pleno este miércoles 22 de marzo, donde fue aprobada. En tanto, será reenviada al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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Luego de estos cambios a la ley, cada persona deberá presentar el certificado de no inscripción al Registro Nacional de Deudores Alimentarios como requisito para realizar ciertos trámites como lo son: solicitud de permisos y licencias para conducir; trámite de pasaporte o documento de identidad de viaje, así como trámites ante notario, referentes a la compra-venta de inmuebles y cesión de derechos.
Certificado será necesario para casarse
Por otra parte, el certificado se deberá presentar para solicitudes de matrimonio y si es el caso de estar dentro del padrón, el Registro Civil informará a los solicitantes sobre las deudas alimentarias del registrado.
Sin embargo, en caso de ser deudor alimentario moroso, este no podrá participar como candidato a cargos de elección popular o cargos concejiles, tampoco podrá ser parte de procesos para la designación de personas juzgadoras (magistrados o ministros).
Asimismo, esta medida también implica restricciones migratorias si es el caso en que la justicia determine que dicha salida del país es un medio de evasión de las responsabilidades alimentarias de las personas deudoras.
“La pensión alimentaria debe ser un tema que tenga por objeto fortalecer su ejecución y garantizar su oportuno cumplimiento de manera homologada en todo el país”, señaló desde la tribuna la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
“Si bien, es cierto, en la actualidad existen diversas normas que buscan alcanzar dichos objetivos, en la realidad no se ha logrado de manera integral”, agregó la morenista.