La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional que presentó el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual forma parte del plan B.
El caso fue resuelto por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien concedió un plazo 30 días hábiles, contados a partir de la notificación a las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como el titular del Poder Ejecutivo Federal y la Secretaría de Gobernación para que den sus argumentos.
La semana pasada, el ministro admitió siete reformas de inconstitucionalidad presentadas por distintos partidos de oposición y organizaciones civiles, diputados y senadores, el ministro Alberto Pérez Dayán, frenó, de momento, la aplicación de la reforma, en 30 entidades del país, excepto en los estados de México y Coahuila donde este año se celebrará elecciones.
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Con la medida se para el tope en el gasto del 0.1 por ciento municipios de Coahuila y el Estado de México en su programa de comunicación social y frenó a funcionarios para tener libertad de expresión durante los procesos electorales.
El ministro determinó que no realizar la excepción en ambas entidades, causaría afectaciones en la democracia del país.
“Se concede la suspensión solicitada por los diversos Diputados integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión, promoventes de la acción de inconstitucionalidad 37/2023, para el efecto de que no rija en los procesos electorales que se encuentran en desarrollo en el Estado de México y en Coahuila…porque de no concederse, su aplicación podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en éste”.
Al aceptar a estudio las controversias presentadas por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolución Institucional (PRI), Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano, por Senadores y Diputados, así como por la organización Hagamos, el ministro aclaró que la medida entra en vigor inmediatamente.
Hasta el momento se han presentado 125 controversias constitucionales por autoridades municipales y estatales, así como partidos de oposición.
La semana pasada la Consejería Jurídica de Presidencia informó que el Poder Ejecutivo impugnará la decisión del ministro Alberto Pérez Dayán “para revertir los efectos de esta determinación arbitraria e ilegal”, la cual se contrapone con la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105, que estipula que admitir una acción de inconstitucionalidad, “no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada”.