Cuando un mexicano entra a prisión, la condena también la paga su familia. El cobro por cada servicio implica para las familias un desgaste no solo emocional y físico, sino económico, pues pagan un promedio de 8,000 pesos al mes para el sustento de sus familiares privados de su libertad.
Daniel García, cuyo caso ha sido de seguimiento puntual para La Silla Rota, relata para este medio que en los poco más de 17 años que pasó en prisión, sin sentencia, su familia lo ayudó en pagar todo lo que desde adentro era indispensable para sobrevivir.
“Te cobran por todo, por el agua que tomas –allí nada es gratis, el Estado no te da nada, ni ropa, ni comida, todo lo tenía que pagar yo–, la comida la me la llevaba mi familia, pero tenía que pagar por el uso del refrigerador para que se conservara, para calentarla; si quería participar en alguna actividad productiva, como trabajos de madera o de pintura, todo eso se tenía que pagar”.
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En entrevista con La Silla Rota, Nayomi Aoyama González, coordinadora del Programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de la organización Documenta AC, dijo que a las familias que tienen a alguien en prisión les cuesta hasta 8 mil pesos mensuales el apoyarlos.
La especialista que las familias mexicanas gastan un aproximado de 1,500 pesos en cada visita al penal, visitándolos una vez a la semana y, adicionalmente, pagan 2,000 pesos al mes por los servicios indispensables en los centros de readaptación social.
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“Considerando que las familias visitan a sus internos por lo menos 4 veces al mes, el gasto que erogan es de 6 mil pesos, que con los 2 mil que desembolsan porque a la persona privada de su libertad no la cambien de celda o le permitan tener algunos objetos, cobijas, un espacio, etcétera; estaríamos hablando que pagan alrededor de 8 mil pesos cada mes”.
“Adentro todo cuesta”
Agustín también estuvo preso en el penal de Barrientos, en el Estado de México, al igual que Daniel García, pero él admite haber cometido los crímenes que le imputaban. Su primer proceso fue por robo de un coche, 5 años después volvió por robo con violencia.
Al referirse al costo del permanecer encerrado dentro de un penal, aseguró que es incalculable, sobre todo a nivel emocional, para las familias de los internos.
“Siempre es la familia quien la lleva, no uno. Primero, el privar a tu familia de tu presencia, luego el que ellos tuvieran que pagar abogados, pagar en cada proceso desde copias hasta recursos no contemplados”.
Lo mismo asegura Daniel, quien permaneció por más de 17 años encerrado sin sentencia, acusado por homicidio, pero finalmente se determinó que no cometió el delito.
“Mi permanencia en el penal de Barrientos fue tormentosa, lacerante y desgastante, tanto para mí como para mi familia. El costo de los abogados, sobre todo, porque llegaban unos y vendían el caso y se iban, llegaban otros y también no lograban nada, pero sí cobraban y se iban, sin hacer lo que tenía que hacer”.
Daniel pudo hacerse cargo de la biblioteca del penal de Barrientos, ahí –dice– aprovechó el tiempo para estudiar Derecho y pudo interponer hasta 50 amparos para su propio caso y, luego, para ayudar a otros compañeros del penal.
Ahora, Daniel está en espera de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), donde demandó al Estado Mexicano y donde pide le restituyan todo lo que perdió en ese tiempo que permaneció sin recibir sentencia.
Agustín, el otro testimonio, recuerda que incluso llegó a pagar para que le permitieran dormir en el piso y no dejarlo de pie.
“En el interior vives las peores pesadillas, estas sólo y todo te cuesta: pagas por el agua que consumes, por la comida que te llevan tus familiares, por ‘la talacha’ (el aseo y mantenimiento de la celda), por ocupar un espacio, por la ropa que usas –aunque la lleven tus familiares– y pagas para que no te golpeen, para que puedas comunicarte con tus familiares”.
“A muchos jóvenes se les hace fácil obtener dinero robando y cometiendo crímenes, creyendo que nunca los van a atrapar, pero se equivocan, la justicia siempre llega”, agrega.
El drama de visitarlos
Victoria Orta, quien tiene a un familiar recluido en el penal de Barrientos, asegura que incluso se tiene que pagar para que los internos reciban el agua que gratuitamente debería suministrar el penal a las personas privadas de su libertad.
“Me dijo (su familiar) que el encargado de la celda le está pidiendo dinero para pagar el agua”.
La mujer reconoció que, al llevar comida, en el día que le toca visita, siempre tiene que ir preparada: “pagas porque te permitan ingresar en bolsas transparentes comidas para tu interno, por el uso de su celda y si quieres que este en una zona donde no lo molesten tienen que pagar mucho más cada mes”.
Nayomi Aoyama González, de Documenta AC, asegura que, del total de las personas privadas de su libertad en México, solo el 54% recibe visitas de sus familiares y de ellos el 97% les lleva recursos económicos, que gastan en ingresar o apoyar al interno para los gastos de sus servicios.
“Desde luego, esos gastos son adicionales a los que implica el pago de abogados en la defensa del proceso legal que enfrentan las personas recluidas, que un gasto mucho mayor el que desembolsan las familias”.
Refirió que, aunque el Estado destina en el presupuesto para los penales, que consiste en cerca de 1,000 pesos diarios por cada interno, solo el 30% se destina a mejorar las condiciones de vida de las personas en condición de privada de su libertad.
“Estamos hablando de un presupuesto de más de 17 billones de pesos, de los cuales el 70% se destina a salarios y gastos operativos, es decir, que disponen de 12 billones de pesos para ello y el restante es aplicado para toda la atención”.
Por eso, asegura la especialista, es que los internos viven en las condiciones actuales: sobrepoblación, deficiencia de los servicios y otras carencias que hacen más difícil su permanencia. Es ahí donde los familiares se ven obligados a apoyarlos con recursos propios.
Los tres estados que concentran la mayor población de reclusos son el Estado de México con 34,000; la Ciudad de México con 20,000; y Nayarit con 2,300 internos. “Van en proporción casi con el total de habitantes de esas entidades”, dijo finalmente Nayomi Aoyama.