El reporte de daños que presentara el INE está semana, en caso de que el plan B de la reforma electoral de Morena siga su curso, podría afectar la organización de las elecciones presidenciales en 2024.
La Constitución establece que será en septiembre cuando empiece la organización de este proceso a manos del Instituto Nacional Electoral como un ente autónomo del gobierno federal. No obstante, expertos y consejeros electorales adelantaron desde el primer momento que de aprobarse esta reforma (constitucional o bien como reformas secundarias) está en riesgo la democracia.
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El presidente del INE, Lorenzo Córdova, reiteró en diversas ocasiones que esta reforma pone en riesgo la transición democrática del país; primero por ser una reforma electoral que se realiza previo a una elección presidencial, cuando debió realizarse -como en ocasiones anteriores-, en las elecciones intermedias.
Y segundo, porque al debilitar al INE no solo en materia financiera sino también en su autonomía. Además, refirió, abre la puerta para dicha reforma se aplique al margen de los consensos entre todas las fuerzas políticas; y se concrete solo con el respaldo del bloque legislativo mayoritario que integran Morena y sus aliados, los partidos Verde y del Trabajo.
En noviembre el diputado morenista Hamlet García detalló a La Silla Rota las directrices de esta reforma secundaria. Y explicó que, aunque estas no son de perfil constitucional, podrían ser impulsadas por Morena en sus congresos estatales para reunir un número importante de respaldo legislativo local a nivel nacional.
"Vamos a retomar los siete ejes de la reforma constitucional. Uno es la reducción de diputados locales, regidores y síndicos en municipios; si no se puede hacer desde una reforma constitucional haremos un llamado a nuestra mayoría en 19 congresos locales para que se impulsan las reformas desde ahí estado por estado”, dijo.
En cuanto al voto electrónico consideró que no hay impedimentos para modificarlo desde una ley secundaria. En materia de tiempos de espacio en radio y televisión adelantó que seguirán la directriz que marque el partido Verde. “Ellos quieren que se compacten los tiempos para que los spots sean de un minuto en lugar de 30 segundos porque en ese tiempo no se puede hacer una propuesta política; solo un golpeteo”.
"La reducción de diputados y senadores tampoco puede ser a nivel secundario sino desde una legislación constitucional”, reconoció. “Y el método de elección de consejeros y magistrados tampoco no se puede mover desde legislación secundaria; en este caso el plan b sería continuar con el modelo actual de designación desde el Congreso”.
Las violaciones a la ley
En abril de 2022 el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma electoral de carácter constitucional. En general su propuesta planteó reducir el número de consejeros del INE y cambiar la denominación de éste y su estructura, a un órgano compacto que, justificó, causaría ahorros al erario público. Su propuesta también implicó modificaciones al tribunal electoral y desaparición de los órganos electorales estatales, entre otros temas relevantes.
Del 7 al 15 de diciembre de 2022 el Congreso rechazó la reforma electoral constitucional que presentó el Ejecutivo y aprobó una reforma electoral secundaria que se envió en diciembre. Ésta fue turnada a comisiones, pero la bancada de Morena la hizo suya mediante un copy-paste para dispensarle trámites y someterla a discusión y votación del pleno durante las doce horas siguientes.
Ya aprobada, la envió al Senado donde en menos de 3 días (un fin de semana) fue dictaminada y debatida en Comisiones. Así, en menos de 12 horas se le dio trámite parlamentario y se aprobó para regresarla a la Cámara de Diputados donde en un lapso de 6 horas fue aprobada en lo general y particular además de que se eliminó la llamada cláusula de vida eterna a partidos pequeños. Finalmente, la reforma se devolvió al Senado donde se revisará de nuevo en febrero 2023.
Por su contenido, analistas y expertos revisaron la propuesta y consideraron que el trasfondo de la misma no era precisamente para tales fines, sino para desmantelar al INE y su estructura de frente a las elecciones presidenciales de 2024. También interpretaron que la propuesta se trataba de un ajuste de cuentas político como resultado de las elecciones presidenciales de 2006.
"Me da la impresión de que hay un desconcierto total en la ruta que siguió la reforma. Parecería que el presidente y su secretario de Gobernación iban al unísono; pero terminó en la improvisación, el desorden, la discordia y la sorpresa. Parecería que la política mexicana está siendo guiada por ocurrencias o golpes de mesa más que por una estrategia. Aunque en este momento cruzamos por la hegemonía de un partido oficial, parece que todo está a la deriva", afirmó a La Silla Rota Josén Fernández Santillán, profesor investigador del Colegio de Jalisco y profesor visitante de la Universidad de Harvard
Horacio Vives, profesor de Ciencia Política en el ITAM afirmó "lo que vimos el 6 y 7 de diciembre cuando se aprobó esta reforma en la Cámara de Diputados, es una absoluta violación a cualquier tipo de procedimiento legislativo porque, lo que quedó claro, es que los diputados no sabían qué es lo que estaban aprobando por la forma tan atropellada y extensa del documento que se sometió a votación. Fue el Senado quien corrigió la plana a la colegisladora".
El 14 de diciembre Córdova consideró que se trata de “una reforma regresiva” y ofreció a los legisladores la colaboración del INE para proporcionar la información necesaria para análisis del tema. Y advirtió que, de ser necesario, acudirá a la Corte para garantizar elecciones libres y auténticas.
"Se advierten deficiencias que ponen en peligro la operación de los procesos electorales... Se pone en riesgo la confección del padrón electoral, la instalación de casillas y realización de los cómputos de votos. También el monitoreo puntual de todas las estaciones de radio y televisión del país la fiscalización de actividades de los partidos políticos y campañas electorales", enlistó.
El consejero Uuc Kib Espadas remató "¿Puede esta nueva estructura frágil proveer un servicio comparable con el que el INE ha venido proveyendo? La respuesta más optimista que podemos dar a esa pregunta es que no lo sabemos porque lo que se está haciendo hoy es obligar a experimentar con una nueva y frágil estructura una elección presidencial que promete ser, como lo son siempre, una elección difícil pensar y probablemente polarizada".
Los despidos
El 7 de diciembre Arturo Sánchez, ex consejero electoral del INE y profesor de Transformación Pública en el Tecnológico de Monterrey, detalló a La Silla Rota en qué consiste los fideicomisos que el Plan B electoral refiere eliminar; y el perfil laboral de quienes serían despedidos en ese escenario.
Se trata del Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y mejoramiento de Módulos del INE cuenta con 235 millones de pesos; mientras que el Fondo para Atender el Pasivo Laboral cuenta con 40 millones para este año.
"Uno de los fideicomisos estaba destinado al pasivo laboral, es un dinero que se usa para las liquidaciones del personal del instituto. Es una responsabilidad tenerlo porque en el momento en el que un funcionario abandona el organismo, no habría recursos para su liquidación de ley".
Detalló que el segundo fideicomiso se trata de recursos para construir oficinas (con terrenos propios) en diferentes partes del país para evitar pago de cuantiosas rentas.
"El INE tendrá que hacer uso de estos fideicomisos para enfrentar las liquidaciones que están en puerta. Lo menos que yo puedo deducir, al leer esta iniciativa, es que tendrían que despedir a un promedio de mil 300 personas porque se recorta la estructura del Servicio Profesional Electoral, estamos hablando de personal especializado responsable de organizar una elección”.
Y detalló que este personal especializado es responsable de organizar toda elección en cada distrito del país, vocales en cada distrito encargados de la capacitación en el momento de las elecciones, entregar a los ciudadanos la credencial para votar con fotografía y organizar la elección local o federal, entre otros.
La semana pasada el consejero Ciro Murayama expuso que por su perfil, este tipo de personal sería difícil de sustituir en términos operativos en caso de ser despedidos. Y reiteró que en caso de que el plan B se mantenga el INE respaldará las acciones legales que decida emprender el personal de servicio profesional en caso de ser despedido.