El último informe de Human Rights Watch asegura que, a pesar de las políticas implementadas durante el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se siguen cometiendo violaciones a derechos humanos y delitos en contra de la población, los cuales han alcanzado “niveles históricos”
De acuerdo con el reporte, durante este sexenio “miles de personas siguen desapareciendo cada año. Más de 105,000 se consideraban desaparecidas en el mes de septiembre. La mayoría desaparecieron después de 2006.
México es uno de los países más peligrosos del mundo para periodistas y defensores de derechos humanos”.
“Los niveles de delitos violentos han alcanzado picos históricos durante la presidencia de López Obrador. En 2021, se registró una tasa de 28 homicidios cada 100,000 personas.
Cerca del 90 % de los delitos nunca se denuncian, una tercera parte de los delitos denunciados nunca se investigan y menos del 16 % de las investigaciones se “resuelven” (en la justicia, por mediación o con alguna forma de resarcimiento), lo cual implica que las autoridades resolvieron poco más del 1 % de todos los delitos cometidos en 2021, según el organismo oficial de estadísticas”, menciona el apartado de México.
Dividido en 12 apartados, el informe refiere que en el sistema de justicia penal no ha evitado que los policías, fiscales y soldados recurran a la tortura para obtener confesiones y abusos contra personas señaladas por delitos, por lo que “el sistema de justicia habitualmente no asegura las garantías de debido proceso”.
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“Los jueces están obligados por ley a dictar la prisión preventiva de las personas procesadas por una amplia variedad de delitos, sin evaluar las circunstancias del caso, lo cual viola estándares internacionales de derechos humanos. Cerca del 85 % de quienes fueron enviados a prisión en 2020 no habían sido condenados por ningún delito", según un análisis de datos oficiales que realizó la organización de derechos humanos Intersecta. En 2019, el Congreso, controlado por el partido de López Obrador, amplió la lista de delitos que requieren de prisión preventiva obligatoria.
Además, menciona el reporte de Human Rights Watch, las cárceles son insalubres y sobrepobladas. Los agentes del Ministerio Público siguen empleando el mecanismo de arraigo, una figura legal que les permite obtener autorización judicial para detener a cualquier persona por hasta 40 días sin presentar cargos por ningún delito, lo cual viola estándares internacionales de derechos humanos.
Tortura
Según Human Rights Watch, en el caso de tortura, el último corte de información realizado en julio de 2021, casi la mitad de los encuestados señalaron que, tras ser detenidos, policías o soldados los habían sometido a abusos físicos. Entre quienes habían confesado algún delito, el 38 % manifestó haberlo hecho sólo porque las autoridades los habían golpeado o amenazado.
“El uso de pruebas obtenidas mediante tortura en los procesos penales se encuentra prohibido. Sin embargo, muchos acusados enfrentan obstáculos y demoras para demostrar que fueron torturados, lo cual limita la eficacia de la prohibición. Una ley adoptada en 2017 exige que el fiscal general de la república establezca un registro para el seguimiento de las denuncias de tortura. En diciembre de 2022, la fiscalía puso el registro en línea y comenzó a publicar datos preliminares”.
Abusos militares
En el apartado, el documento indica que los abusos de militares se juzgan tribunales militares, principalmente a partir de año pasado, cuando el Congreso modificó la ley para que los soldados estén sujetos al fuero militar en lugar del fuero civil, aun cuando realizan actividades de seguridad pública civil.
“Hasta diciembre, había seis casos ante la Suprema Corte de Justicia, presentados por organizaciones de derechos humanos y partidos de oposición, en los que se impugnaba como inconstitucional la intervención de militares en tareas de seguridad pública civil”.
Desapariciones
En el caso de las desapariciones, el informe de Human Rights Watch, asegura que, al menos 105 mil personas están registradas como desaparecidas en México, según estadísticas oficiales. Las autoridades creen que el número real sería mayor.
“Casi mil han desaparecido desde el comienzo de la “guerra” contra el crimen organizado en 2006. Miles de personas siguen desapareciendo cada año. Más de 36,000 personas desaparecieron desde que López Obrador asumió la presidencia”.
El apartado sobre México, menciona que, en abril de 2022, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada presentó el informe sobre su visita a México, que fue su primera visita a un país. El comité criticó a los funcionarios mexicanos por su “actitud pasiva” ante las desapariciones, y expresó su preocupación por la “impunidad casi absoluta” por estos delitos. Al momento en que se publicó el informe, solamente había 36 sentencias por desaparición forzada.
Ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos
En las agresiones contra periodistas, el documento menciona que “México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. Desde enero hasta septiembre de 2022, 15 periodistas fueron asesinados. En la primera mitad de 2022, Artículo 19 registró 331 amenazas, ataques u otras formas de agresión contra periodistas. Muchos periodistas recurren a la autocensura”.
“Es habitual que las autoridades no investiguen adecuadamente los delitos contra periodistas. Desde su creación en 2010 hasta septiembre de 2022, la fiscalía especial federal para la atención de delitos contra periodistas había iniciado 1,552 investigaciones y obtenido 32 sentencias condenatorias, incluyendo siete por homicidio. La gran mayoría de las sentencias se obtuvieron después del nombramiento, en 2017, del fiscal especial actual”.
Derechos de mujeres y niñas
Según la información, a pesar de la legalización del aborto, muchas personas siguen enfrentando numerosos obstáculos al intentar acceder al beneficio, además que, durante este sexenio, hasta 2021, tres mil 700 mujeres fueron asesinadas de forma violenta.
“En 2022, varios estados legalizaron el aborto. Al mes de noviembre, eran once los estados que permitían el aborto por cualquier motivo hasta al menos las 12 semanas de gestación. Todos los estados permiten el aborto en casos de violación sexual. En 2021, el gobierno informó que se habían producido aproximadamente 3,700 asesinatos de mujeres. De este total, la cuarta parte se consideraban femicidios, es decir, asesinatos perpetrados contra mujeres por su género. Según indican organizaciones de derechos de la mujer, es probable que no se informen todos los casos de femicidios”.