En 2019, un año antes de la pandemia por coronavirus, “Juan” demandó a su empleador por despido injustificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Han pasado casi 3 años y su juicio aún no llega a la etapa de desahogo de pruebas, pues entre una y otra audiencia ha tenido que esperar entre 3 y 6 meses.
Desesperado, “Juan” –nombre ficticio para proteger datos personales– presionó a su abogado y lo retó: “¡Haz algo! ¡Ofrece dinero, agiliza esto!”.
Quería una pronta resolución de su caso y recibir una liquidación justa para enfrentar la crisis económica que sobrevino con la pandemia durante 2020 y 2021. Eso no ocurrió; conforme pasó el tiempo confió en que, a mayor tiempo, más dinero recibiría.
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Su abogado, Luis Ignacio López, intentó situarlo a la realidad para que comprendiera que su juicio no se iba a resolver de manera pronta y expedita; y que lo más razonable era conseguir un nuevo empleo mientras su juicio laboral seguía su curso.
“Juan” no aceptó del todo y solo comprendió su realidad hasta que su abogado lo invitó a la Junta de Conciliación y Arbitraje para revisar su caso. Aterrizó sus expectativas cuando pasó dos horas en una larga fila solo para conocer el estatus de su caso, constató la falta de personal y los largos periodos de tiempo entre una y otra audiencia.
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Esas peripecias no son una situación exclusiva del caso de “Juan”, sino una situación general para medio millón de personas que tienen juicios laborales pendientes.
“Que muera dignamente”
El final de las Juntas de Conciliación y Arbitraje es inminente. Su transición hacia un nuevo modelo con tribunales laborales, dependientes del Poder Judicial, inició el pasado 3 de octubre y tras la aprobación de la Reforma Laboral impulsada por la 4T. Así, tras 95 años de existencia, la Junta Federal y las Juntas Locales cerraron sus ventanillas y dejaron de recibir nuevos casos.
En adelante, las juntas solo existirán para resolver ese medio millón de juicios de un viejo modelo de justicia basado en papel. Ahora, la apuesta es conseguir la conciliación directa entre patrones y empleados, para destrabar y solucionar estos asuntos en la menor cantidad de tiempo.
“Juan” no se verá beneficiado con la nueva medida y deberá seguir en el anterior modelo, con lentitud y retrasos en resoluciones y audiencias.
“Las Juntas locales y federales poco a poco han ido perdiendo presupuesto y personal, recientemente salieron de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México poco más de 50 empleados”, explicó a La Silla Rota el abogado Luis Ignacio López, socio del bufete López Rodríguez abogados y consultores.
En un recorrido por el lugar, este medio constató que los rezagos saltan a la vista: los escritorios se encuentran rodeados de decenas de expedientes apilados y amarrados con cordeles en espera de solución. Incluso, en las ventanillas de algunas oficinas es común encontrar avisos de “cerrado por inventario” y en los estratos de atención los interesados esperan su turno en largas filas para poder ser atendidos en sus respectivos casos.
“Para resolver el caso de ‘Juan’ debemos seguir bajo el anterior modelo. No podremos agilizar y agotar la conciliación con el patrón ante las mesas de conciliación como se hace ahora, ni estar en manos de un juez laboral que agiliza estos procesos. Nos han señalado que el 70 % de los casos se resuelven por la vía de la conciliación y solo el 30 % restante continúa su proceso”, explicó el abogado.
“El problema para nosotros es que las Juntas no tienen personal suficiente ni presupuesto; lo que de por sí ya era lento, ahora se vuelve imposible. Los juicios todavía son en papel y las Juntas no cerrarán definitivamente hasta que no resolver todos los casos. Por eso los trabajadores que aún se encuentran en este proceso han decidido aguantar su resolución de manera indefinida y se van al volado de todo o nada”.
La desesperación ha llevado al límite a “Juan” y otros más, pues suelen reprochar a los abogados o gestores que “no hacen nada” o se ven en apuros económicos por no recibir las liquidaciones que les son las correspondientes por ley.
“Aunque nosotros presionemos a la autoridad es obvio que los rebasa el número de juicios que deben resolver con poco presupuesto y personal. No queda más que armarnos de paciencia y esperar”.
López precisó que un retraso de meses o semanas en cada audiencia afecta a todos y que esto pone en entre dicho el lema de “justicia pronta y expedita” porque no lo es. Y remató: “entonces no es justicia”.
“Quienes estamos inmersos en este proceso consideramos que la autoridad debe dar una buena muerte, una muerte digna a las Juntas de Conciliación. Muchos de sus funcionarios valiosos y con experiencia, no fueron contratados en el nuevo modelo de justicia laboral. El argumento fue que se limpió el ambiente de corrupción y optaron por contratar a funcionarios nuevos”.
Y consideró que, aunque el nuevo modelo es más ágil e innovador, abre un reto. “Ahora las audiencias son orales y al juez se le debe tratar con decoro. No puedes consultar tu celular ni computadora; desconozco si un juez podrá estar presente en todas las audiencias de todos los juicios”.
“Cargan” con su propia papelería
Bajo las limitaciones operativas de las Juntas de Conciliación, los litigantes y gestores han debido pagar las consecuencias y se ven en la necesidad de sufragar, de su propia bolsa, gastos relacionados con papelería para destrabar sus propios asuntos.
Álvaro Altamirano, abogado laboral y socio director del despacho Altamirano y Estudillo, explicó que ha tenido que llevar “hasta un cartucho de tóner” para que puedan imprimir sus audiencias. “Sí, esto nos ha causado gastos adicionales, en promedio, de unos 10 mil pesos al mes, para este tipo de insumos de trabajo que no pueden ser deducibles de impuestos”.
Así, el reembolso de estos gastos a su equipo de trabajo, se ha vuelto ya una situación común, aunque no deseable.
“Hay importantes cantidades mensuales de dinero que pagar a nuestros abogados y pasantes porque tienen que pagar las copias e impresiones de audiencias, llevar su propio tóner. Hasta plumas y lápices nos ha pedido. Es un desembolso importante que francamente, constitucionalmente, no deberíamos de estar pagando”, lamentó.
A esto se suele sumar el pago de gratificaciones a diversos funcionarios o secretarias, para poder imprimir un documento o agendar una audiencia entre el mar de juicios de papel que ahí se llevan a cabo.
“Todos (los litigantes) sabemos que son gratificaciones que no tienen razón de ser, pero existen. Y eso, sumado a los gastos de papelería, se está convirtiendo en un problema muy serio”.
Ambos abogados, entrevistados por La Silla Rota, exigen que desde el Presupuesto de Egresos de la Federación o del de la Ciudad de México haya una mejor asignación para que las Juntas de Conciliación y Arbitraje trabajen de manera digna, el tiempo que les quede.
Esperar o alcanzar un buen acuerdo
Hugo Ojeda, abogado laboral en Hogan Lovells México, advirtió que continuarán enfrentando asuntos burocráticos en las Juntas de Conciliación por los próximos años.
“Hay muchísimos juicios y su rezago tardará tiempo en depurarse. En mi opinión, difícilmente se verán resueltos en los próximos 3 años, por lo menos. Los trabajadores que se encuentran en este tipo de litigios obviamente quieren que esto se acabe lo más rápido posible, pero no sucederá así. Hay mucha gente desesperada y no quedar más que esperar la emisión del laudo o alcanzar un buen acuerdo”.
Refirió que la nueva forma de litigio agilizará los nuevos juicios laborales que podrían resolverse en cuestión de semanas. “Se busca que las audiencias de conciliación sean semanales y que la conciliación sea la reina de las estrategias en el litigio laboral”, afirmó.
Describió también que en este escenario patrones y empleados buscan alcanzar los mejores acuerdos para tratar de solucionar su problema. “Generalmente ya no se paga el 100% de la liquidación, de ahí viene la conciliación. Aquí el beneficio es el tiempo en el que el trabajador podría recibir su dinero o el gasto que puede ahorrarse la empresa en honorarios y otros gastos de juicios”.
En promedio, dijo, los pagos de liquidaciones ascienden entre 50 % y 75 % del salario en cuestión. “El juicio siempre es un volado y está el 50% al aire: puede ganar el trabajador o la empresa, es decir, implica un conjunto de variables que no se pueden definir en un momento”.
Finalmente, el abogado Luis Ignacio López concluyó que el nuevo modelo de justicia laboral debe concientizar a trabajadores y empresas para que accedan a solucionar juicios por la vía de la conciliación bajo acuerdos justos.