Expertos como José Woldenberg coincidieron en que se debe garantizar la autonomía de la autoridad electoral y que no se debe desaparecer los organismos públicos autónomos. Este fue el tema que se analizó en el octavo foro de la Reforma Electoral en Cámara de Diputados que revisa la iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador además de 49 iniciativas legislativas.
José Woldenberg, extitular del Instituto Federal Electoral, afirmó que México necesita una autoridad en esa materia que sea imparcial y dé garantías a partidos y ciudadanos. "México fue capaz de construir en los últimos años autoridades que se han comportado de manera transparente y los resultados están a la vista”, dijo. "Hoy tenemos elecciones legitimas donde son los ciudadanos quienes deciden quién debe gobernar y eso no teníamos hace 35 años”.
Señaló que la iniciativa presidencial es, en su opinión, la peor de las últimas tres décadas.
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"Si presidente propondrá 20 consejeros, la Cámara de Diputados 10, el Senado 10 y la Corte otros 20, para solo elegir 7 ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que quieran ganar buscarán tener que llegar a algún acuerdo con los partidos políticos”.
Ejemplificó que, en caso de que los siete que propone el titular del Ejecutivo ganen la contienda, no gozarán de autonomía. "Vamos a volver a un órgano electoral totalmente dependiente; si el asunto va por ahí yo prefiero que se mantenga tal y como está ahora; como esta funcionado ahora, con elecciones transparentes”.
Destacó que esta sería la primera reforma electoral que se hace a petición de un presidente desde exigencias de la propia presidencia "eso nos debería de llamar la atención”, dijo; y destacó que cuando menos, para discutir el tema en el Congreso, se debe buscar el consenso de todos los partidos políticos para garantizar su coexistencia electoral. "Importante que las reglas sean aprobadas por todos”, agregó.
Itzel Checa, integrante del Observatorio Ciudadano Designaciones Públicas, señaló que se debe evitar la captura de las instituciones que generen confianza social; dotar de legitimidad de origen a quienes son designados para asumir responsabilidades públicas y que cumplan con perfiles idóneos.
Recordó que en la última elección de cuatro consejeros del INE en 2019 no hubo transparencia en los resultados de las calificaciones y evaluaciones de los aspirantes.
"En algunos en materia de máxima publicidad y transparencia esto queda a voluntad, no debería ser así. Las evaluaciones no es algo que se publicó inicialmente; tuvo que ser a través de resoluciones de los propios participantes para pedir y poner sobre la mesa que dicha información sea pública”, recordó.
Carolina del Ángel, consejera electoral de la Ciudad de México, consideró de gravedad que la discusión sobre el tema electoral se centre en referir si la autoridad debe ser o no, autónoma de la política.
"Si la autoridad depende de alguien, no garantiza su imparcialidad”, subrayó. “No deberíamos de estar revisando ese tema, de lo contrario estaríamos promoviendo una simulación como hace 50 años. Y esa fue una gran lucha como para pensar que es viable echarla para atrás”.
José Antonio Carrera, especialista en temas electorales, consideró que la iniciativa presidencial no es la peor, pero que sí está basada en “una preocupación legítima para que no deba haber cuotas ni cuates, sino garantizar el expertisse de las autoridades electorales”.
En el caso de la elección de magistraturas para Tribunal Electoral, los expertos coincidieron en que la Corte debe tener procesos más transparentes para la evaluación de los mismos. “Que garantice máxima publicidad, que se vean los pasos que va a llevar la Corte y haya criterios claros en los instrumentos de evaluación”, apuntó Itzel Checa.
Mientras que en el caso de la elección de consejeros del INE consideraron que el Comité Técnico de Evaluación debe tener mayor independencia y facultades aunque la regulación sea de la Junta de Coordinación Política.