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Sin contar con terrenos, Comunicaciones pide 1,500 mdp para ampliar carreteras

De no contar con los recursos, “habrá retraso en el proyecto, especulación en precios de la tierra y problemas sociales o legales": Comunicaciones y Transportes

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La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) determinó que costaría mil 500 millones de pesos el desarrollo de 21 proyectos de ampliación de carreteras, lo que “aumentará la conectividad en polos económicos, turísticos y conexión de zonas alejadas”… pero aún no cuentan con los terrenos para hacerlo.

De estos proyectos destacan 2 en la autopista y vía libre México-Pachuca  por ser la ruta que conducirá al aeropuerto Felipe Ángeles; con un costo estimado en 140 millones.


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El plan incluye la construcción de accesos urbanos, caminos interurbanos y suburbanos, libramientos y ampliaciones de vías en puntos donde el tránsito ha crecido de manera relevante en 10 estados del país.

El proyecto “Análisis del costo-eficiencia para el programa de liberación de derecho de vía para autopistas a realizarse mediante concesión o asociación público privada 2022” fue elaborado en el segundo semestre de 2021 por la Dirección General de Desarrollo Carretero, a cargo de Rogelio Mauricio Rivero Vázquez.

El documento prioriza la necesidad de ampliar dichas carreteras con mil 350 millones de pesos, mismos que se destinarán a comprar o expropiar terrenos (particulares, ejidales o comunales), y 150 millones de pesos más para pago de impuestos, regularización, liberación de derecho de vía y avalúos.  

De no contar con dichos recursos, según advirtió la SICT en el documento, del cual La Silla Rota posee una copia, “habrá retrasos en el proyecto, especulación en precios de la tierra y problemas sociales o legales, en caso de que particulares o comunidades no desean vender”.

“No sería posible llevar a cabo la construcción de tramos nuevos de autopistas, en donde la única opción es adquirir los terrenos necesarios. Asimismo, el derecho de vía actual no es suficiente para las obras de modernización y para la realización de pasos solicitados por las comunidades adyacentes, las cuales requieren de áreas adicionales para terraplenes”.

La SICT planteó, en caso de no contar con recursos federales, tramitar un préstamo bancario por mil 515 millones lo que implica pago de intereses anuales y comisión; y, en caso de incumplimiento de obligaciones, cláusulas penales a considerar.  

LOS 21 PROYECTOS

De los 21 proyectos propuestos por la SICT, destacan 2 en la autopista México-Pachuca en su tramo Revolución-Tizayuca y el entronque de la autopista libre México-Pachuca por ser la ruta que conducirá al aeropuerto Felipe Ángeles; con un costo estimado en 140 millones.

También destacan trabajos en el sur como el proyecto Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas, Coatzacoalcos-Salina Cruz y San Fernando; además de cuatro libramientos en Lagos de Moreno, Ixmiquilpan, Ciudad Juárez y Ensenada.  

En cuanto a la ruta de trabajo, después de tener el dinero, es conseguir el terreno e indemnizar a los propietarios. Luego iniciarán los trabajos en el lugar (topográfico, jurídicos, administrativo y financiero) así como que se realizan fuera del lugar (estudios de mercado y medioambientales).

¿CÓMO CONSEGUIR TERRENOS?

La Dirección General de Desarrollo Carretero señaló 7 procedimientos para su adquisición y enlistó la compra-venta a particulares; o bien, su expropiación a particulares, bienes ejidales y comunales.

El pago con bienes distintos a la tierra que funciona mediante tabuladores del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. O bien, el movimiento de instalaciones y obras inducidas, cambio de destino en inmuebles a cargo de dependencias federales, sujetos al régimen del dominio público de la federación. Y, finalmente, la adquisición de predios propiedad de organismos públicos descentralizados.

En el global de trámites a realizar, a partir de que ya se consiguió el terreno intervienen un promedio de 10 dependencias entre ellas Pemex, Comisión Nacional de Agua, Comisión Federal de Electricidad, Secretaría del Medio Ambiente, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Secretaría de la Función Pública e Indaabin, entre otros.


(djh)