REDES SOCIALES

¿Es constitucional que autoridades bloqueen comentarios en redes? Corte atrae caso

Créditos: Cuartoscuro
Por
Escrito en NACIÓN el

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado atraer el caso sobre si funcionarios públicos que manejan redes sociales en las que difunden sus actividades oficiales pueden bloquear a los ciudadanos que usan esas plataformas para emitir comentarios o críticas severas a su actuar. 

De acuerdo con Héctor Ivar Hidalgo Flores del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) hizo referencia a que el tema ya se encuentra en la Suprema Corte donde es analizado por la ministra Norma Lucía Piña.

En 2019, durante la sesión de la Segunda Sala de la Corte los ministros avalaron un proyecto de Eduardo Medina Mora en el que estableció que cuando un servidor público con cuentas en redes sociales bloquea a otros usuarios alegando el “derecho a la intimidad” atenta con los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de los ciudadanos.

Un amparo solicitado por el periodista Miguel Ángel León Carmona colaborado en La Silla Rota ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó que todo funcionario público con una cuenta en la red social Twitter, no está facultado de bloquear a los usuarios tanto de la ciudadanía como de comunicadores.

Puedes leer: “Que la resolución de la SCJN sobre bloqueos en Twitter sea un precedente”

La Sala afirmó que el fiscal no dio razones suficientes para considerar que su cuenta de Twitter pueda ser calificada como privada ni mucho menos que su información sea de carácter reservado, cuya difusión vulnere su derecho a la privacidad.

Por ello, la orden de desbloquear al periodista "no es una medida desproporcionada" que afecte injustificadamente el derecho a la privacidad del servidor público, el cual tiene un umbral de protección menos extenso que el de las personas privadas.

La resolución fue por unanimidad, al considerarse que dicha plataforma digital es una de las vías de comunicación entre los ocupantes de cargos públicos y ciudadanos.