Los vehículos de lujo han estado dando golpes bajos durante los últimos días a la Cuarta Transformación (4T) que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora le aparece, como cortesía de los hacktivistas de Guacamaya, una polémica cuatrimoto de la marca Italika que es rentada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
De acuerdo a documentos compartidos en redes sociales por el periodista Jorge García Orozco, la Sedena paga por la renta de un año de esta cuatrimoto de Italika, más del doble de lo que le costaría comprarla definitivamente.
Estos documentos forman parte de los contratos del AIFA con una empresa fantasma de nombre “Eficaren, eficacia y calidad en rentas”, la cual especifica en una cláusula que la cuatrimoto sólo se renta por un año sin opción a compra.
Te podría interesar
En un hilo de Twitter, el periodista García Orozco explicó que por la cuatrimoto Italika 150 se pagó más de 100 mil pesos de renta, aunque un ejemplar como este vale menos de la mitad en el mercado.
El portal Latinus, del periodista Carlos Loret de Mola, ya había publicado que Eficaren es una empresa fantasma, pues no cuenta con domicilio, no tiene empleados y sus socios no existen, sin embargo, sigue recibiendo contratos en el AIFA.
OTROS VEHÍCULOS DE LUJO QUE DAN LATA A LA 4T
En mayo de 2019, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) capturaron en León, Guanajuato, a ocho presuntos miembros de una banda de piratas informáticos a los que les confiscó 34 vehículos de lujo de marcas como Ferrari, Lamborghini y McLaren.
El operativo incluyó el cateo de 11 inmuebles en un barrio residencial de León en donde las autoridades también confiscaron siete motocicletas de lujo, así como varias armas de fuego, cartuchos y droga.
A siete meses del decomiso, el Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) vendió siete vehículos de lujo asegurados al grupo de hackers, ahora enfrenta una demanda, de acuerdo con Reforma, según lo publicado el pasado 31 de octubre.
Los vehículos de lujo legalmente no podían ser enajenados y al parecer no eran propiedad de los acusados; sin embargo, el Indep vendió 7 de esos carros en la subasta efectuada en Los Pinos el 15 y 16 de diciembre de 2019.
Derivado de esta subasta, el Indep, dependiente de la Secretaría de Hacienda, ingresó a la dependencia 28.6 millones de pesos por la venta de los vehículos a personas originarias de Sinaloa, Querétaro, Quintana Roo, Estado de México y Guanajuato; sin embargo, en esas fechas ninguno de los vehículos tenía una sentencia de decomiso, extinción de dominio o declaratoria de abandono, con lo que se podría hacer uso de las unidades.
Fue así que en septiembre de 2020, es decir, nueve meses después de la subasta por parte del Indep, la empresa Intermediaria Sotecami interpuso una denuncia judicial por le venta de los vehículos de lujo y reclamó por escrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) levantar el aseguramiento y devolverle los autos.