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García Luna entre los 7 con orden de aprehensión por Rápido y furioso

Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, son tres de los 7 acusados de ingresar armas de manera ilegal a México

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La Fiscalía General de la República (FGR), obtuvo órdenes de aprehensión contra Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y otras cuatro personas más por el caso “Rápido y Furioso”.

Joaquín "El Chapo Guzmán", purga una condena de cadena perpetua en Estados Unidos; García Luna, también se encuentra en una prisión estadounidense, donde enfrenta cargos relacionados con el tráfico de drogas entre 2006 y 2012.

Por su parte, en julio pasado, Cárdenas Palomino, exmiembro de la Policía Federal (PF), recibió auto de formal prisión por el delito de tortura presuntamente cometido contra cuatro miembros de la banda ‘Los Zodiaco’.

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A través de un comunicado señala que en la investigación realizada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se pudo establecer la presunta responsabilidad de Joaquín "G” quien, durante un largo lapso de tiempo fue líder del Cártel de Sinaloa, organización delictiva destinataria de las armas.

"Asimismo, se lograron las órdenes de aprehensión en contra de Genaro "G”, ex secretario de Seguridad Pública Federal; así como de Luis "C”, Coordinador de Inteligencia de dicha Policía; y quienes se encuentran recluidos en prisiones de alta seguridad, tanto en Estados Unidos, como en México".

Por lo que toca a Genaro "G”, existen ya dos órdenes más de aprehensión, dictadas por jueces mexicanos, que han motivado la solicitud de extradición a territorio mexicano de dicho individuo. 

"De conformidad con las investigaciones desarrolladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se obtuvo la información necesaria para establecer dicho tráfico ilegal de armas de fuego, que fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en el país, desde al año de 2009 hasta fechas recientes", señala el comunicado.

Reitera que "En México y de conformidad con una investigación propia, y con los datos adquiridos en las averiguaciones previas correspondientes, se pudo establecer que dichas armas no solamente fueron introducidas ilegalmente al país, sino que también han sido utilizadas en diversos actos criminales, que ya han sido investigados y procesados en México". 

EXTINTA PGR IGNORÓ EVIDENCIAS DE CASO RÁPIDO Y FURIOSO: ONG 

Hace siete años la organización [Des] arma México, A.C. presentó una denuncia por el caso "Rápido y Furioso" donde señalaba la introducción de  más de 2 mil armas de fuego provenientes de Estados Unidos hacía México. 

Ayer un juez giro órdenes de aprehensión contra siete personas relacionadas con el caso, hoy la organización civil celebró este fallo, luego de que anteriores funcionarios de la antes Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República ignoraron su petición, hoy reconocemos la labor de las autoridades en este caso y exhortamos a que sea llevado hasta sus últimas consecuencias.  

OPERATIVO FALLIDO 

Entre 2006 y 2011, a través de un operativo llamado “Rápido y Furioso”, implementado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos introdujo 2 mil 500 armas a México con chip para vender a presuntos criminales y dejarlas pasar hacia la frontera con el objetivo de poderlas rastrear y darles seguimiento, esperando identificar a los responsables del tráfico de armas que posteriormente irían a dar a manos de narcotraficantes.

El escándalo estalló cuando en diciembre de 2010, dos rifles de asalto comprados por una persona que ahora está presa fueron utilizados en un tiroteo en Arizona donde murió el agente fronterizo Brian Terry.

Diez años después del asesinato del agente, Eric Holder, exfiscal general de Estados Unidos, fue acusado de encubrir la operación “Rápido y Furioso”, y de mentir durante la indagación del Congreso sobre el trasiego ilegal de armas a México, según un informe del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, según lo dio a conocer La Silla Rota.

El Departamento de Justicia, bajo la guía de Holder, en 2012 habría tratado de esconder los hechos a la familia de Brian Terry. El entonces presidente Barack Obama, incluso aplicó su facultad de fuero ejecutivo para restringir el acceso a la información del caso, pero Holder fue declarado en desacato por el Congreso.

La muerte de Terry, sin embargo, desencadenó el cierre del operativo.