Durante los dos primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la letalidad militar en contra de la población civil aumentó a entre 10 y 15 personas por cada efectivo del ejército en servicio, de acuerdo con el estudio “Monitor del uso de la fuerza letal en México 2022”.
“En el nivel federal los resultados que más preocupan son los del Ejército, donde mantiene los tres años el indicador A-2 por encima de los umbrales de 10 y 15 civiles muertos por cada militar fallecido mientras prestaba servicio”, señala con base en datos oficiales y de prensa.
Otro indicador apunta a que el aumento de la letalidad de civiles se elevó sin que también lo hayan hecho las razones para ello, lo que habla de diferencias en capacidades y entrenamiento, en donde las fuerzas armadas tienen ventajas.
El estudio señala que si bien el uso de la participación de militares en tareas de seguridad pública no es nueva, a partir del año 2006 hubo un quiebre innegable que va en incremento con cada nuevo sexenio, aunque con sus matices dependiendo del año que se analice.
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El sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN) concluyó con un promedio mensual de 52 mil efectivos militares desplegados en el país aunque entre 2014 y 2015 este fue de 93 mil 580 soldados y entre 2015 y 2016 de 128 mil 954.
Para octubre de 2020, ya con Andrés Manuel López Obrador como presidente había 181 mil 286 elementos de las Fuerzas Armadas en el país, es decir, en esos dos años superó en un 40% a la estadística más alta de EPN.
Esta cifra de 2020 se desglosa de la siguiente forma:
-83 mil 157 elementos eran de la Guardia Nacional.
-80 mil 881 de la Secretaría de la Defensa Nacional.
-27 mil 247 de la Secretaría de Marina.
Pero además existió un agregado de 33 mil 449 elementos asignados a “apoyo de operaciones”, osea que en total existían 214 mil 735 oficiales armados en el país.
RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL CONTROL DEL USO DE LA FUERZA
Tras la investigación realizada, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide), coautores del documento emitieron una serie de recomendaciones con el objetivo de moderar el uso de la fuerza letal, corregir y transparentar datos.
“El abuso de la fuerza letal erosiona la imagen de las instituciones y ma´s que llevar al decremento de la violencia puede propiciar el resultado opuesto”, insistió.
1. Rendir cuentas permanentemente acerca de todo uso de la fuerza letal o no, esto incluye a heridos y debe aplicar para autoridades locales y federales.
2. Abrir investigaciones de oficio a nivel administrativo y penal a partir de distintos umbrales de uso de la fuerza y dicha indagación debe realizarse por áreas independientes a quienes realizaron los comportamientos a investigar.
3. Establecer sistemas de intervención temprana para corregir patrones; reentrenar agentes de seguridad problemáticos; atención psicológica a agentes de seguridad; además debe existir respaldo jurídico para defender el uso legítimo de la fuerza.
4. Tomar en cuenta la participación de la sociedad civil en el sistema de rendición de cuentas del uso de la fuerza letal.
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