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2022 también ha sido mortal para los defensores de derechos; suman 13 asesinatos

En lo que va del año han sido ultimados 13 activistas; los últimos son los sacerdotes jesuitas de Chihuahua; suman 7 sacerdotes asesinados en el sexenio

  • REDACCIÓN
  • 21/06/2022
  • 20:32 hrs
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2022 también ha sido mortal para los defensores de derechos; suman 13 asesinatos
De 2018 a la fecha ya suman 7 asesinatos en las entidades de Chihuahua, Baja California, Durango, Morelos, Tamaulipas y Zacatecas (Cuartoscuro)

Con los asesinatos de los sacerdotes jesuitas Joaquín Mora Salazar y Javier Campos Morales en Chihuahua, suman 111 homicidios y feminicidios de personas defensoras de los derechos humanos durante el actual sexenio encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

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Hasta finales del pasado mes de mayo, tras el asesinato de la abogada y activista Cecilia Monzón, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos contabilizaba 109 muertes de defensores de derechos desde diciembre de 2018.

En 2022, la cifra de los asesinatos de este tipo asciende a 13 con las muertes de "El Padre Gallo" y "El Morita".

(Foto: Twitter)

Conviene recordar que en lo que va del año han sido asesinados también 11 periodistas: Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, en Tijuana, Baja California; Heber López Cruz, en Salina Cruz, Oaxaca; Juan Carlos Muñiz, en Fresnillo, Zacatecas; Jorge Camero Zazueta, en Empalme, Sonora; Roberto Toledo, en Zitácuaro, Michoacán; José Luis Gamboa, en Veracruz, Veracruz; Armando Linares, en Zitácuaro, Michoacán; Luis Enrique Ramírez, en Culiacán, Sinaloa, Yesenia Mollinedo y Johana García, en Cosoleacaque, Veracruz.

LOS ACTIVISTAS ASESINADOS EN 2022

Ana Luisa Garduño Juárez, de 51 años de edad, fue madre de Ana Karen Huicochea Garduño, una joven de 17 años que fue víctima de feminicidio, el 12 de diciembre del 2012, en manos de su ex novio Eduardo Villalobos Villanueva.

El 27 de enero de este año fue asesinada por hombres armados en el municipio de Temixco, Morelos.

A partir del homicidio de Ana Karen y durante varios años, Ana Luisa impulsó la lucha contra la desaparición de personas.

Verónica Patricia Guerrero Vinueza fue dirigente del Colectivo de Vecinos Urbi Quinta, que desde hace meses luchan contra la operación irregular del basurero de Matatlán, operado por la empresa CAABSA Eagle de los hermanos Amodio.

Fue asesinada el 3 de febrero por dos sicarios que viajaban a bordo de una motocicleta este jueves 3 de febrero.

La conocida abogada jalisciense fue ultimada sobre la esquina de las calles Pedro Moreno y Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia Mirador, en Tonalá, Jalisco.

Verónica Guerrero había recibido amenazas de muerte por su lucha.

Días después, el 11 de febrero, fue ultimado Francisco Vázquez, quien fue atacado mientras se encontraba en su parcela, lo que acabó con los años que se mantuvo en lucha contra la termoeléctrica en Huexca, que forma parte del Proyecto Integral de Morelos, contra el que también se oponía Samir Flores, otro activista asesinado en la misma entidad, pero en febrero del 2020.

La mañana del 7 de marzo, José Trinidad Baldenegro fue atacado en Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo Chihuahua, por hombres armados, quienes además quemaron su vivienda y su vehículo.

El crimen se sumó a los asesinatos de Julio Baldenegro, en 1986, e Isidro Baldenegro, en 2017, padre y hermano de José Trinidad, así como al asesinato del defensor Julián Carrillo, también ocurrido en Coloradas de la Virgen en 2018, recordó la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) al condenar el asesinato.

El 20 de marzo fue asesinado Iván Merino Flores, líder de la Asamblea Popular de los Pueblos Indígenas (API) en Oaxaca.

Integrantes de la API señalaron en un comunicado que dos personas a bordo de una motocicleta dispararon contra Flores cuando se encontraba en un sitio de unidades de pasaje de la región de la cañada, en el centro de Teotitlán de Flores Magón.

Patricia Susana Rivera Reyes, la activista asesinada el pasado fin de semana en Tijuana, Baja California, llevó las voces indígenas y de mujeres hasta los foros internacionales más altos para que fueran escuchadas por todo el mundo.

El 19 de marzo su asesinato fue registrado inicialmente como uno más dentro la habitual violencia de Tijuana. Hombres armados irrumpieron en un domicilio donde se celebraba una fiesta para robar y dispararon en contra de la abogada de 61 años de edad y de otro hombre que resultó mal herido.

La Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California (Fedabo), y la misma CEDH, confirmaron la identidad de la víctima.

El 20 de abril, Juana Ovando fue víctima de homicidio; se le identificaba como activista en favor de los derechos de la mujer y pertenecía a la corriente juvenil del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Lorena Chantzin y Marcos Campos, ambos defensores de la autonomía de los pueblos originarios y miembros del Consejo Indígena Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), quienes habían sido reportados como desaparecidos días antes.

También fueron los casos de Teófilo Barrera, Marcelo Carrera y un menor de 15 años, identificados como defensores del territorio nahua en Coyomeapan, Puebla, quienes fueron ejecutados en el municipio de Zoquitlán el 9 de mayo.

Cecilia Monzón fue asesinada de seis balazos la mañana del sábado 21 de mayo en su natal San Pedro Cholula, Puebla, por dos hombres en motocicleta que la siguieron desde el Periférico cuando ella conducía su camioneta. De acuerdo con la Fiscalía del Estado los agresores eran Jair ''N'' y Silvestre ''N'', este último disparó contra la activista.

La abogada penalista contaba con experiencia en el servicio público con perspectiva de género, por lo que llevó muchos casos de mujeres víctimas de abuso, violencia familiar y quienes también peleaban por la custodia o las pensiones alimentarias de sus hijos. Ella misma enfrentaba un proceso legal por pensión alimentaria en contra de Javier López Zavala, ex secretario de Gobernación estatal durante la administración de Mario Marín Torres.

A estos asesinatos, se suman los de los sacerdotes jesuitas conocidos como "El Gallo" y "El Morita", quienes fueron ultimados dentro de una iglesia mientras auxiliaban a una persona que era agredida por sujetos armados.

SUMAN 7 SACERDOTES ASESINADOS EN EL SEXENIO DE AMLO

El sacerdote Omar Sotelo, director del Centro Católico Multimedial (CCM), aseguró que, con el homicidio de los sacerdotes jesuitas en Chihuahua, ya suman siete los religiosos asesinados durante el tiempo que lleva la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el sacerdocio. Y esta cruda realidad nos la vuelve a confirmar (el asesinato de los sacerdotes en Cerocahui, municipio de Urique, en la sierra rarámuri, Chihuahua -cuyos cuerpos fueron extraídos de la escena del crimen-)", aseguró, en entrevista con Apro, Omar Sotelo.

Explicó que "con los asesinatos de estos dos religiosos jesuitas, ya son siete los crímenes contra sacerdotes ocurridos durante este sexenio".

Omar Sotelo indicó que, de acuerdo con información del CCM que dirige, en mayo fue asesinado el sacerdote José Guadalupe Rivas Saldaña, quien, luego de estar desaparecido, su cuerpo fue localizado en un rancho cercano a la Hacienda Santa Verónica, en Tecate, Baja California.

El 30 de agosto de 2021, fue asesinado José Guadalupe Popoca Soto, párroco del templo de San Nicolás de Bari, perteneciente al municipio de Zacatepec, Morelos.

El 12 de junio de 2021, el religioso franciscano Juan Antonio Orozco Alvarado cayó víctima de un fuego cruzado entre dos carteles rivales, en la comunidad tepehuana de Mezquital, Durango, casi en los límites con el estado de Zacatecas.

El 28 de marzo de 2021, se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida del sacerdote Gumersindo Cortés González, quien laboraba en la diócesis de Celaya, Guanajuato. Su cuerpo presentaba rastros de violencia.

Mientras que el 23 de agosto de 2019, fue asesinado el sacerdote José Martín Guzmán Vega, en la comunidad de Cristo Rey de la Paz, ejido Santa Adelaida, perteneciente a la diócesis de Matamoros, Tamaulipas.

En varios de sus informes sobre sacerdotes asesinados, el CCM ha venido recalcando que el sacerdocio es una actividad de alto riesgo en México, puesto que las prédicas de la Iglesia van en contra de la actividad del narcotráfico, lo cual provoca represalias por parte del crimen organizado.