Un esquema familiar de lavado de dinero, en el que han participado amigos y múltiples personas que han manejado recursos públicos, como Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, está detrás del triunfo electoral de Samuel García como gobernador de Nuevo León, el pasado 6 de junio.
La red de apoyo financiero, detectada por autoridades federales, de acuerdo con los documentos consultados por La Silla Rota, detalla la participación del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, a través de empresas desde las que se organizó, monetariamente, la estrategia de marketing de Samuel García.
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Según la información, recabada por las áreas de inteligencia del gobierno federal, las irregularidades identificadas incluyen la participación de la senadora Verónica Delgadillo García y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la empresa Indatcom S.A. de C.V.
Esta es la segunda investigación que presenta La Silla Rota sobre irregularidades financieras detectadas antes y durante la campaña de Samuel García, a partir de documentos del gobierno federal.
En la primera entrega, este medio informó que la federación identificó tres empresas de “boots”, a través de las cuales se posicionó, en redes sociales, al entonces candidato. Las empresas, todas ubicadas en Jalisco son: La Covacha Gabinete de Comunicación S.A. de C.V.; EU ZEN Consultores S.C., e Indatcom S.A. de C.V, las cuales han obtenido más de mil contratos de publicidad e imagen con autoridades municipales y estatales del gobierno de esa jalisciense.
La red financiera que identificó el gobierno federal forma parte de una investigación que se busca presentar ante la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, en contra del gobernador electo.
Según el expediente, parte de los recursos que se rastrearon, entre los años 2013 y 2020, fueron destinados para posicionar en las preferencias electorales al gobernador Samuel García, afiliado al partido Movimiento Ciudadano.
LA FAMILIA APOYÓ IRREGULARMENTE
Los documentos, consultados por La Silla Rota, incluyen un diagrama en el que se identifican, con nombre y apellido, a 33 personas. El cerebro de las operaciones se centra en Rosario Asenat García Morales, media hermana de Samuel Alejandro García.
Además de Rosario García, el primer círculo de las operaciones financieras lo integran su esposo, José Luis García Urroz; así como los padres de ella, María del Rosario Morales Pérez y Samuel Orlando García Mascorro, también padre de Samuel García.
Otra de las personas identificadas es el contador y notario Israel García Morales, copropietario de la empresa García Morales Asesoría Profesional Inmobiliaria, ubicada en Monterrey, Nuevo León.
El diagrama central, a través del cual se efectuó el lavado de dinero, incluye a seis empresas, las cuales fueron los pilares para el flujo y transferencia de dinero que se ha identificado hasta el momento.
Estas empresas son PNPK Marketing S.A. de C.V. (agencia de publicidad); Sinergia Empresarial A&H S.A. de C.V. (servicios de consultoría en administración); Sinergia Integral S.A. de C.V. (servicios de apoyo a pequeñas, micro y medianas empresas); Lergar S.A. de C.V. (administración y consultoría); Liveser S.A. de C.V. (suministro de personal permanente); así como a la inmobiliaria García Morales Asesoría Profesional Inmobiliaria.
En todas estas empresas –según el gobierno federal–, Rosario Asenat García Morales, quien es dueña de HouseHunter y media hermana del gobernador electo, es propietaria o representante legal.
LA RUTA DEL DINERO
El mapeo financiero que llevaron las autoridades federales incluye el nombre de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y quien enfrenta dos juicios por uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, por haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht, así como por la venta de la planta Agro Nitrogenados.
La información incluida en el esquema de lavado de dinero detalla un encuentro entre éste y el empresario Adrián García Pons, cofundador y directivo de la empresa Arendal S. de R.L. de C.V.; una constructora de gasoductos que obtuvo distintos contratos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
A García Pons también se le relaciona con la construcción de penales federales durante el periodo en que Genaro García Luna, ex titular de la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, en ese periodo.
Según los documentos consultados por La Silla Rota, en enero de 2014, Adrián García Pons solicitó a Emilio Ricardo Lozoya una reunión para dialogar sobre concesiones de gasoductos en Sonora.
Las autoridades identificaron que la empresa Arendal S. de R.L. de C.V recibió pagos por honorarios, ascendentes a 93 millones de pesos, entre los años 2016 y 2019, por los trabajos realizados en ductos en esa entidad.
En las transacciones participaron Tomas Adrián y José de Jesús García Pons, así como José de Jesús García Vázquez, padre de ellos. La ruta del dinero detalla que la empresa Arendal está ligada a Operadora de Negocios del Norte MRCI, y ésta a Lergar S.A. de C.V., en la cual se tiene identificada a Rosario Asenat García Morales, media hermana de Samuel García, como administradora única.
Las irregularidades financieras en la campaña de Samuel Alejandro García Sepúlveda, gobernador electo de Nuevo León por el partido Movimiento Ciudadano, han llegado a los tribunales electorales, quienes impusieron multas por más de 55 millones de pesos por recibir aportaciones indebidas durante el proceso electoral.
El pasado 22 de junio, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) multó con 448 mil 995 pesos a Samuel García, por haber recibido aportaciones económicas de su esposa Mariana Rodríguez sin haberlas reportado a la autoridad. En el caso del partido Movimiento Ciudadano, se impuso un pago de 55 millones 400 mil pesos, por los mismos motivos.
Desde el pasado 3 de agosto, La Silla Rota solicitó al equipo de comunicación del gobernador electo de Nuevo León una postura sobre el tema, sin embargo, hasta el momento no se ha obtenido respuesta.
(djh)