En la víspera de que el presidente Andrés Manuel López Obrador entregue su Tercer Informe de Gobierno, expertos exigen verdadera impartición de justicia y no revancha en el combate a la corrupción que realiza su gobierno.
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Especialistas consultados por La Silla Rota coinciden en que la percepción ciudadana del combate a la corrupción ha mejorado en tres años de gobierno, pero si para el segundo trienio no hay resultados en esa materia, el reclamo social podría venir al final de la administración, coincidente con la elección del próximo gobierno federal.
“Es claro que ésta (el combate a la corrupción) es la principal prioridad política del presidente de la República y la principal razón por la cuál una parte del electorado mexicano lo eligió. Hay un mandato popular muy claro: necesitamos justicia y no revancha en materia de control efectivo de la corrupción”, opina Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana.
Además, señala que la decisión federal de que el control de la corrupción se organizara desde la Fiscalía General de la República con apoyo del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera fue un importante giro en esta materia que, sobre todo, funcionó bien en términos de opinión pública.
De acuerdo con Bohórquez, incluso los grupos empresariales han reconocido que hay una reducción en la victimización de la corrupción por parte de sus agremiados. En términos del mejoramiento de la opinión pública sobre el combate a la corrupción, Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), coincide.
Hacemos una encuesta año con año y hay otras mediciones que hace el INEGI y coincidimos: la confianza general a la llegada de este nuevo gobierno, desde finales de 2018 a la fecha, muestran un incremento en la confianza en el gobierno federal sensible y demostrable, tanto en el sector empresarial como en la ciudadanía en general, con los datos que salieron de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (Encrige) y por otra parte, esta sensación de que los actos de corrupción son menos frecuentes”, explica Alvarado
Sin embargo, a pesar de que la percepción social haya mejorado, eso no tiene repercusión directa en los combates concretos, la obtención de sentencias o la prevención de la corrupción.
En términos de sentencias impuestas por un juez, redes de corrupción desmanteladas o activos desviados por corrupción que han sido recuperados, lamentablemente, todavía no hay resultados”, explica Bohórquez
Hasta el momento, continúan casos de denuncias de corrupción que, en los hechos, no se han visto reflejados en la sentencia contra aquellos que los perpetran. Y en los casos en los que se han visto involucrados personajes cercanos al actual gobierno, como el caso de los videos publicados en 2020 por LatinUs en los que se ve al hermano del presidente, Pío López Obrador, recibiendo dinero de David León que, en el momento del video, era operador del gobierno chiapaneco presidido por Manuel Velasco.
A pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera anunció que iniciaría una investigación sobre las personas que aparecen en los videos, no ha habido anuncios de resultados.
Uno de los cuestionamientos que recibe el gobierno actual es que, a pesar de contar con un amplio respaldo social, lo que significa menores dificultades para implementar medidas de gobierno, no ha habido mayores resultados en el combate a la corrupción.
En términos históricos, la administración del presidente López Obrador ha enfrentado incluso menos resistencias que la administración del expresidente Fox. Sopla viento a favor, pero no ha habido resultados concretos y medibles”, explica Bohórquez
Además de la falta de resultados concretos al momento de combatir la corrupción, el gobierno actual ha enarbolado la defensa de ciertas figuras dentro de su gobierno que, sumado a que están ligados a los anteriores gobiernos, han sido denunciados por irregularidades al momento de, por ejemplo, declarar su patrimonio.
El que tal vez sea el caso más escandaloso es el del actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, quien fue señalado por ocultar 23 residencias y 13 empresas al momento de realizar su declaración patrimonial. Sin embargo y a pesar de que el propio presidente anunció que todos los funcionarios de su gobierno tendrían que declarar su patrimonio sin ocultar información, López Obrador ha defendido continuamente a Bartlett y ha acusado que los “ataques” en contra del otrora gobernador de Puebla, representan a “intereses oscuros”.
Lejos de ser investigado, Bartlett y su familia continúan siendo beneficiados de manera importante desde el gobierno federal: el hijo del encargado de la CFE fue denunciado por MCCI de vender ventiladores necesarios para atender la pandemia de covid-19 a sobreprecio.
Sumado a esto, de acuerdo con LatinUs, la empresa de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del funcionario, suma siete contratos con la administración federal en lo que va de 2021 a pesar de que ha sido sancionada en tres ocasiones por la Secretaría de la Función Pública e incluso a llegado a ser inhabilitada por el gobierno federal por incumplimiento de contrato.
El más reciente: una adjudicación para Cyber Robotic Solutions, S.A. de C.V. en un contrato por 31 millones 135 mil 708 pesos para surtir materiales de cirugía robótica.
En relación con las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, Ricardo Alvarado señala que es parte de una medida interesante de combate a la corrupción, aunque señala su limitación.
El ejercicio de nómina transparente y el programa de alertadores (de la Secretaría de la Función Pública, son en principio muy buenas ideas: acercan a la ciudadanía herramientas funcionales para conocer mejor cómo opera el gobierno desde adentro y permite que personas que forman parte de redes de corrupción puedan denunciarlas y con eso pueda uno desmantelarlas que para eso eran los alertadores. Pero son esfuerzos pequeños que no parecen vinculados a políticas públicas de más largo aliento dentro de la SFP”, explica el investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
El asunto es grave porque la corrupción tiene consecuencias directas en lo que la población vive debido a que los empresarios trasladan los costos de la corrupción a los bienes y servicios que proveen.
“Los trámites se vuelven engorrosos e inefectivos; hay sobreprecios en lo que adquiere el gobierno, y el costo se hace más grave mientras menor es el nivel de ingreso. De hecho, en los últimos dos años la corrupción en trámites y servicios creció en 9% para los hogares mexicanos”, explica Bohórquez.
Otra de las consecuencias de la corrupción que se ve reflejada directamente en la vida de la población es que cuando existen contratos a sobreprecio o irregularidades en la adquisición de bienes, se puede incluso poner en riesgo la vida de las personas.
El caso de la salud es uno de los que más resalta sobre todo en el contexto de la pandemia de covid-19 pues el sistema de salud federal ha tenido que enfrentar la peor crisis sanitaria de las últimas décadas con un sistema debilitado, en parte, por los diversos casos de corrupción como la compra de material a sobreprecio, la no demostración de compras millonarias y la falta de profesionalización de los trabajadores de la salud.
TAREAS PENDIENTES
De acuerdo con Eduardo Bohórquez, el gobierno sí podría mejorar el combate a la corrupción durante los próximos tres años que le quedan al sexenio si se empleara en ciertas tareas fundamentales, como la recuperación de activos desviados por corrupción, el desmantelamiento de redes de corrupción con protección política y la reparación de daño a las víctimas de corrupción.
Sin embargo, también es necesario que el combate de la corrupción no sea utilizado con fines políticos y para la obtención de votos, lo que de acuerdo con Ricardo Alvarado puede ser peligroso.
Es un gobierno cargado a atender las elecciones que vienen, particularmente las elecciones estatales de 2023 y la federal de 2024 y que construya un discurso político cargado a las elecciones entre los buenos y los malos. Ese discurso es bueno y redituable en términos electorales, es malo para el control de la corrupción porque lo que se termina haciendo es no hacer caso a los casos de corrupción al interior del gobierno y al uso político de las denuncias de corrupción de los gobiernos anteriores”, explica Alvarado
Una de las demostraciones de que hay un uso más político electoral del combate a la corrupción sería el caso de las denuncias contra Emilio Lozoya, pero sin que hasta el momento se haya detenido a más de una persona.
Al mismo tiempo, explica, se abren procesos jurídicos contra personas que no estaban tan vinculadas con el gobierno anterior para acusarlos de corrupción y un caso emblemático sería el de Ricardo Anaya.
Parece que se va a quedar en el discurso y en plantear: “la solución a la corrupción soy yo y somos nosotros y mientras estemos nosotros en el gobierno no va a haber corrupción” y eso no resuelve nada”, explica Alvarado
En coincidencia, Bohórquez afirma que es necesario pasar del compromiso político a los resultados, parece ser el principal reto de la administración. Menos tuits, más acciones.
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