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Los 36 casos de corrupción que le han explotado a la 4T

Compras irregulares, aumento de adjudicaciones directas, nepotismo, falta de transparencia e irregularidades en entrega de apoyos han marcado a la administración

Escrito en NACIÓN el

En sus informes de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador presume el combate que su administración hace a las prácticas de corrupción que han imperado por años en el sistema político mexicano, sin embargo, su sexenio no ha sido la excepción y, en tres años, han estallado al menos 36 casos que lo asoman como un gobierno no tan transparente. 

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Compras irregulares, el aumento de adjudicaciones directas, nepotismo, falta de transparencia en asuntos públicos e irregularidades en la entrega de los apoyos sociales han marcado la primera mitad de la administración obradorista. La Silla Rota y otros medios de comunicación han retratado estos casos. 

 

La Silla Rota también ha documentado que, pese al discurso presidencial por destacar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) como el eje para combatir la corrupción dentro del gobierno, la estructura orgánica de la dependencia impide que sea así, según han dicho los expertos consultados por este medio. 

En febrero, La Silla Rota organizó un recuento de los casos de corrupción que se han destapado en la administración federal actual, donde se han exhibido casos de corrupción en varios sectores, siendo las compras consolidadas y los programas sociales los focos rojos.

COMPRAS IRREGULARES

El sector salud ha sido uno de los más golpeados por casos de corrupción en lo que va de la administración de la autodenominada “cuatroté”, pues ha sido la mesa de negociación donde se cambian miles de millones de pesos entre funcionarios y empresarios cercanos.

El caso más emblemático ocurrió cuando el sistema de salud dejó ver los huesos de un deteriorado cuerpo de equipo médico y hospitalario, con la pandemia de covid-19, decretada en el país a mediados de marzo de 2020. El rápido aumento de casos en los primeros meses de ese año requirió que el gobierno hiciera compras de emergencia, sin licitación pública y en medio de la opacidad. 

Fue entonces que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó una investigación que evidenciaba una compra que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de 20 ventiladores respiratorios por un monto de 31 millones de pesos, a la empresa Cyber Robotics Solutions, de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.

En abril de 2020, La Sill Rota también documentó que el IMSS adjudicó contratos a tres de las empresas que conforman el denominado “cártel de la sangre”, señalado por colusión y prácticas monopólicas, por un monto máximo de 10 mil 158 millones de pesos. 

Entre otros detalles –como los ventiladores Ehécatl 4T que el Conacyt nunca entregó al Insabi–, este medio también ha documentado las observaciones que tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la propia Función Pública han hecho a las compras irregulares del gobierno federal.

Por ejemplo, en agosto pasado, La ASF pidió al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) informar en qué se ejercieron más de 3 mil 453 millones de pesos que fueron etiquetados para la compra de medicamentos, insumos y equipo médico durante 2020, pero de los cuales la institución no pudo acreditar su compra. 

Además, diversas auditorías de la Función Pública exponen un foco rojo de corrupción en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), pues se ha registrado que la falta de compra de insumos para atender la pandemia, pese a los gastos que sí registra la institución, han puesto en riesgo la vida de los pacientes. 

 La SFP detectó inconsistencias en la adquisición de equipo e insumos contra la covid-19, por más de mil 700 millones de pesos, entre los meses de marzo y agosto de 2020, en el ISSSTE. La Silla Rota también reportó el caso del Hospital Regional “Adolfo López Mateos”, cuyo director llegó a admitir que –en un momento de la pandemia– la atención a los pacientes era “incompleta y poco profesional”.

TAMBIÉN EN PROGRAMAS SOCIALES

En septiembre del año pasado, La Silla Rota dio cuenta de una auditoría, practicada por la Secretaría de la Función Pública, en la que detectó pagos injustificados y duplicados a más de 330 mil “beneficiarios” inexistentes, que sumaron 593 millones de pesos, en el programa de Pensión para el Bienestar de la Personas Adultas Mayores.

En ese programa y en el de Becas para el bienestar de hijos de madres trabajadoras, la SFP detectó inconsistencias en el padrón de personas a las que se les otorgan los apoyos y de los empleados que cobran por honorarios la entrega de la ayuda.

Según la misma auditoría de la SFP, las irregularidades que registró en los primeros cinco meses de 2020 la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, generará corrupción por parte de los operadores, es decir, los servidores.

La dependencia también advirtió que, además, se carece de información verídica sobre los procesos de operación en el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, el cual contó con un presupuesto de 7 mil 776 millones de pesos en 2020.

 Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad también registró que, durante el primer año del gobierno obradorista, Liconsa dejó fuera de la distribución de leche subsidiada a 478 mil mexicanos en situación de pobreza e incrementó el precio del litro en 150 %.

En mayo de 2021, La Silla Rota dio cuenta de una auditoría de la SFP determinó que Liconsa es incapaz de acreditar el gasto de 83 millones 259 mil pesos, que se ejerció a través de cinco contratos para adquirir materias primas.

De acuerdo con la auditoría que llevó a cabo la Función Pública, los convenios fueron para la compra de vitaminas, minerales y aceite de palma, los cuales son suministrados a la leche que distribuye Liconsa, así como para adquirir película de polietileno.

La Silla Rota también documento, en diciembre pasado, las irregularidades que mantuvo el Crédito ganadero a la palabra, antes de que la Secretaría de Hacienda terminara por desaparecer, en los hechos, dicho programa social. 

Un reportaje de la Unidad de Investigaciones Especiales de Noticieros Televisa documentó la entrega de animales enfermos a pequeños productores de leche en Zacatecas, tierra de David Monreal Ávila, entonces coordinador del programa Crédito ganadero y actual gobernador electo. 

NEPOTISMO DESDE LO ALTO

Aunque el presidente López Obrador ha asegurado que el combate a la corrupción en su gobierno se hace “como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo”, el discurso se ha quedado solo en los dichos, pues hasta su familia se ha visto beneficiada por prácticas corruptas de su gobierno. 

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que tres de los familiares directos del primer mandatario han sido señalados por cometer presuntos actos de corrupción. Entre ellos, su hermano Pío López Obrador, su cuñada Concepción Falcón Montejo, esposa de José Ramiro López Obrador; y su prima Felipa Obrador Olán.

Pío López Obrador apareció en un video recibiendo millón y medio de pesos de manos de David León Romero, según lo dio a conocer Carlos Loret de Mola en agosto de 2020. El asunto recibió la defensa del presidente, quien dijo que se trataban de “aportaciones voluntarias” para su campaña. 

En enero, un reportaje del periodista Raúl Olmos para MCCI dio a conocer que la Sedatu asignó 89 millones de pesos para remodelar el estadio del equipo de béisbol de las Guacamayas de Palenque, cuyo fundador es Pío López Obrador. 

La asignación, resultado de una licitación entre 15 empresas, benefició a la empresa ALZ Construcciones con un monto de 89 millones 336 mil 901 pesos, sin impuestos, para la remodelación de dicho estadio, ubicado en Palenque, Chiapas.

En noviembre de 2020, La Silla Rota publicó, con base en una revisión de las bases de datos de nómina transparente y de declaración patrimonial de la SFP, la lista de familiares de Octavio Oropeza, director de Pemex, que trabajan como funcionarios.

En la revisión, también se encontró que María Eugenia Lozano Torres, esposa de Romero Oropeza, aparece en el directorio de la Secretaría de Salud como titular del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud. 

LA FALTA DE TRANSPARENCIA

En enero de este año, La Silla Rota publicó que el gobierno de López Obrador ha recibido cuatro veces más recursos de revisión ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que el gobierno anterior, encabezado por Enrique Peña Nieto.

En marzo, este medio también publicó que la Secretaría de Salud justificó, con un documento de 59 cuartillas, por qué el contrato de compra de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus, que asciende a un monto de 309.6 millones de dólares, fue catalogado como confidencial y reservado, por un período de cinco años. 

Antes de eso, el presidente López Obrador declaró, en enero, que su administración sería “transparente con este y el resto de los contratos hechos con farmacéuticas”. El argumento dado por la dependencia, para la confidencialidad, es que se trata de un asunto “de seguridad nacional”.

Otro caso en el que el gobierno de López Obrador demostró tener poca transparencia y un combate a la corrupción parcial fue el de las propiedades millonarias de Manuel Bartlett, director de CFE, dado a conocer por Carlos Loret de Mola. 

La Secretaría de la Función Pública realizó una investigación al respecto y confirmó que los bienes de la familia Bartlett, pero lo absolvió a él al declarar que “la omisión de hacer públicos dichos bienes con valor de más de 800 millones de pesos no violó ninguna ley”.

Por Marcos Muedano, Erika Flores, Mariluz Roldán y Alejandra Canchola


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