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SFP: “mucho ruido y pocas nueces” en el combate a la corrupción

Apoyos sociales y compras directas: los focos rojos para la secretaría; las SFP es “mucha saliva y pocos resultados”, señalan expertos

Escrito en NACIÓN el

Una de las principales banderas con las que Andrés Manuel López Obrador tomó el poder fue la de acabar con la corrupción, para el propio presidente, “la peor pandemia de todas”. Pero los esfuerzos que ha implementado el gobierno en esa materia no han hecho la diferencia con otras administraciones y, en ocasiones, ha resultado todo lo contrario.

La Silla Rota organizó un recuento de los casos de corrupción que se han destapado en la administración federal actual, donde se han exhibido casos de corrupción en varios sectores, siendo las compras consolidadas y los programas sociales los focos rojos.

Muchas de las investigaciones que han revelado casos de corrupción en el gobierno actual las ha presentado Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización a la que la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, acusó de actuar como “las empresas factureras”, y cometer evasión fiscal.

La organización desmintió a Buenrostro en un comunicado de prensa, en el que aseguró que apenas el 4 de febrero, el SAT les otorgó su “opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo”, y acusó “noticias falsas”, por parte de la funcionaria.

Para Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa, uno de los principales problemas de esta administración ha sido el uso excesivo de las adjudicaciones directas y del rubro de “otras contrataciones” en el presupuesto.

 

Imperan las compras irregulares

En noviembre del año pasado, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción expuso que 90 % de las contrataciones hechas por Petróleos Mexicanos (Pemex), desde el inicio de la administración, presentaron anomalías.

Entre las irregularidades que expuso la investigación están la falsa competencia, repetidamente se elegía a un solo proveedor y hubo “claras preferencias” por los procesos discrecionales, como invitaciones restringidas o adjudicaciones directas.

Sobre este tipo de compras, Marco Fernández dijo a La Silla Rota que las adjudicaciones directas han aumentado respecto al sexenio de Enrique Peña Nieto, así como el uso de la categoría de “Otras contrataciones”, dentro del presupuesto de la dependencia, una categoría opaca con la que no requieren justificar las compras.

“Eso preocupa porque, en el sexenio de Peña Nieto, esas otras contrataciones eran apenas 152 millones de pesos; pero en el sexenio de López Obrador, en el primer año, fueron 24 mil millones de pesos, y para el segundo es de 59 mil millones de pesos”, dijo.

 

Pemex no ha sido la única dependencia que se ha nublado con la sombra de las compras irregulares, lo mismo ha sucedido con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al que se le comprobó la compra, vía adjudicaciones directas, de ventiladores para tratar enfermedades respiratorias agudas y medicamentos a empresas de cercanos al gobierno.

El Seguro Social compró a la empresa de León Manuel Bartlett, hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, ventiladores hasta 85 % más caros que en el resto del mercado, bajo el argumento de que eran urgentes para tratar el aumento de casos críticos por covid-19, el año pasado.

El IMSS también se vio involucrado en la compra de medicamentos, de nuevo por la vía de adjudicación directa, a empresas ligadas al exdelegado para los programas sociales de Bienestar en Jalisco, Carlos Lomelí; igual que otras dependencias del sector público.

De acuerdo con la investigación publicada por MCCI, hasta 2019, la actual administración federal había firmado contratos con al menos nueve empresas ligadas al exdelegado, que le dieron a ganar 164 millones de pesos en un solo año.

La SFP: “mucho ruido y pocas nueces”

El caso fue investigado por la Secretaría de la Función Pública y resolvió inhabilitar a algunas de las empresas, pues comprobó que existía conflicto de interés al tener relación directa con un funcionario público; mientras que Carlos Lomelí renunció a su encargo.

En 2020, una de las empresas obtuvo un contrato del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. Apenas esta semana, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anuló la inhabilitación que la SFP dio a una de las empresas involucradas.

Para Marco Fernández, la intención del gobierno de López Obrador de terminar con la corrupción no se refleja en acciones concretas, como que el Senado de la República, donde Morena es mayoría, nombrara a los fiscales en materia administrativa que hacen falta para completar el Sistema Nacional Anticorrupción.

 

“Ni siquiera arman las investigaciones de manera correcta y ahí está por qué se les cayó la sanción contra la empresa del delegado de Jalisco. Fueron tan incompetentes, en la Función Pública, que terminan perdiendo el caso en los tribunales”, declaró el experto.

En julio del año pasado, La Silla Rota publicó que la SFP no funciona como un órgano de combate a la corrupción, sino de control interno del gobierno; pese a que se ostenta como “fundamental en la erradicación de la corrupción de la vida pública nacional”.

En ese texto, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, aseguró que la SFP “carece de facultades para combatir la corrupción desde dentro”, y el eje principal de esa lucha debería ser la Fiscalía General de la República.

En entrevista, para este texto, Eduardo Bohórquez recalcó que, para saber si un gobierno avanza realmente en el combate a la corrupción se deben medir “el número de redes de corrupción desmanteladas, las sentencias en firme puestas por un juez y los activos recuperados y depositados en la Tesorería de la Federación”.

El INDEP: entre corrupción y pocos resultados

La Silla Rota publicó, en diciembre, que el Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) carece de supervisión sobre la seguridad de inmuebles que ha recuperado, e incluso, registra 67 denuncias penales por despojo de sus bienes.

En septiembre, el exdirector del Indep, Jaime Cárdenas, presentó su renuncia al presidente López Obrador, en la que acusó actos de corrupción dentro de la institución y adelantó que presentó denuncias penales en contra de posibles responsables, por ello.

Marco Fernández destacó que el Indep no ha podido dar pruebas que sustenten el uso del dinero recaudado de las subastas y la venta de los bienes recuperados por el crimen o los actos de corrupción que se hayan materializado en sentencias judiciales.

“El supuesto dinero que han recuperado por corrupción, 200 mil millones de pesos, no es cierto, no han recuperado nada. ¿Dónde aparecen? Si fuera cierto que los han recuperado, ¿cómo se explican los recortes presupuestales sustantivos?”, cuestionó.

La mancha en los programas sociales

La Silla Rota documentó, en septiembre de 2020, los pagos injustificados y duplicados a más de 330 mil “beneficiarios” inexistentes en programas como la Pensión a Adultos Mayores y las Becas Benito Juárez; según una auditoría que hizo la Secretaría de la Función Pública, la fuga que representó 593 millones de pesos. https://lasillarota.com/nacion/la-4t-pago-593-mdp-en-pensiones-a-beneficiarios-inexistentes-sfp-/439332

Según la misma auditoría de la SFP, las irregularidades que registró en los primeros cinco meses de 2020 la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, generará corrupción por parte de los operadores, es decir, los servidores.

La dependencia también advirtió que, además, se carece de información verídica sobre los procesos de operación en el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, el cual contó con un presupuesto de 7 mil 776 millones de pesos en 2020.

Esta semana, el periódico Reforma detalló que existen dos redes de corrupción en Nuevo León, relacionadas con la operación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, donde cobran a los muchachos por inscribirlos en el programa y terminan estafándolos, pidiéndoles una comisión que termina por ser mayor al dinero que obtienen como apoyo.

La Silla Rota también documento, en diciembre pasado, las irregularidades que mantuvo el Crédito ganadero a la palabra, bajo la coordinación de David Monreal, hoy candidato de Morena al gobierno de Zacatecas, y antes de que la Secretaría de Hacienda terminara por desaparecer, en los hechos, dicho programa social.

A decir de legisladores del mismo partido, y según lo dio a conocer una investigación de Noticieros Televisa, los coordinadores estatales del programa entregaron reses enfermas a los pequeños productores que se inscribieron al crédito, les entregaron notas de posesión por animales que nunca les entregaron, y luego no se hicieron responsables por ello.

La SFP también ha detectado, en auditorías hechas a los programas sociales, que en el programa Sembrando Vida faltan documentos que acrediten la entrega de recursos a los beneficiarios, hay tarjetas de pago pérdidas, cobros duplicados, beneficiaros que fueron dados de baja “en 1970”, cuando aún no existía el programa.


Persisten el amiguismo y las familias

En septiembre del año pasado, El Universal dio a conocer que al menos 97 denuncias en contra de súper delegados, entre ellos Carlos Lomelí y Pablo Amílcar Sandoval, hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

Según lo dio a conocer una investigación de MCCI, Sandoval Ballesteros, y otros 10 delegados para los programas sociales, fueron investigados por desvío de recursos y promoción personalizada del presidente López Obrador.

El pasado 11 de enero, MCCI también publicó el fallo por el que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) otorgó a una constructora 89 millones para rehabilitar el estadio de béisbol de las Guacamayas de Palenque, equipo del que es dueño el hermano del presidente López Obrador, Pío López Obrador.

La Silla Rota dio a conocer que la Secretaría de la Función Pública detectó irregularidades en la asignación de diferentes contratos en la Sedatu, en 2019. De acuerdo con la SFP, la mayoría de los recursos fueron ejercidos en entidades gobernadas por Morena.

Otros casos de corrupción que se han documentado han sido las denuncias por la supuesta triangulación de recursos a través del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), que maneja la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), a cargo de Ana Gabriela Guevara.

La Silla Rota documentó, en noviembre pasado, cómo familiares del director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, y del mismo presidente López Obrador aparecen en la nómina de Pemex, algunos de ellos sin contar con la experiencia requerida.