Durante los últimos cinco años, los gobiernos de las 32 entidades han apostado por incrementar la presencia de policías en los municipios y estados, aumento de la seguridad pública que no se ha visto reflejado en la disminución de los delitos del fuero común que más dañan a la población.
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Documentos públicos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que el número de elementos de seguridad pública y estatal pasó de 307 mil 696 policías a 320 mil 539 en agosto de 2021, lo que representa un aumento del 4.17%.
En el caso de las corporaciones municipales, la presencia del personal pasó de 140 mil 669 en 2017 a 143 mil 949 en agosto de 2021, lo que representa un incremento del 2.33%. En las policías estatales, los datos indican que en 2017 se contaban con 167 mil 27 policías, cifra que pasó a 176 mil 590 en agosto de este año, lo que equivale a un incremento del 2.33%.
El incremento de los elementos de seguridad pública municipales y estatales no se ha visto reflejado en una disminución de los delitos del fuero común que más afectan a la población, entre ellos, los homicidios dolosos, los feminicidios, secuestros y extorsiones.
Los registros públicos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que el número de carpetas de investigación por la comisión de delitos que le competen a los estados no ha bajado del millón 800 mil expedientes al año.
De acuerdo con los datos, en 2017 se abrieron un millón 939 mil 497 investigaciones; en 2018, un millón 989 mil 930; en 2019, dos millones 71 mil 164; en 2020, un millón 841 mil 189; mientras que en los primeros ocho meses de 2021 suman un millón 352 mil 163.
La incidencia delictiva mensual y anual del SESNSP indica que, a pesar de los operativos y programas de seguridad, como lo fue la Policía de Proximidad, los ilícitos no bajan, y mucho menos la cifra de negra de personas víctimas de la inseguridad, la cual, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no disminuyen del 90%.
Según los reportes mensuales del SESNSP, las víctimas de los ilícitos se han mantenido por arriba de los 300 mil casos (mujeres y hombres). El peor año, de acuerdo con el periodo analizado (2017-2021), es 2019, donde se reportaron 346 mil 232 personas afectadas de distintos delitos.
En el caso de las víctimas de homicidio doloso, los datos muestran que, durante este sexenio, las mujeres y hombres no han bajado de las 34 mil. De acuerdo con los datos, en 2017 hubo 28 mil 870; en 2018, 33 mil 739; en 2019, 34 mil 681; en 2020 34 mil 557; mientras que en los primeros ocho meses de este año suman 22 mil 611. Los datos indican que al finalizar este año se establecerá un nuevo récord en los homicidios dolosos que se cometen con violencia extrema en el país.
En el caso de los feminicidios los reportes del SESNSP proyectan que al culminar 2021, las víctimas de delito rebasaron las 800 muertes. Lo mismo sucede en el caso de las extorsiones, donde se estima que al finalizar el año se tenga un registro de ocho mil 500 víctimas.
FALLA ESTRATEGIA OFICIAL
El especialista en seguridad nacional, Armando Rodríguez Luna, consultor en Strategic Affairs, considera que la presencia de más policías no garantiza la disminución de los delitos del fuero común.
Más policías no significa que vayan a bajar los delitos. No hay ninguna relación en ello. Donde tienen que haber una relación es en la estructuración de estrategias y en la coordinación entre los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad pública
Rodríguez Luna mencionó que el problema que se tiene es que no hay coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, lo que origina la falta de estrategias que permitan atacar al crimen organizado.
La seguridad pública es responsabilidad de los municipios de los estados y de la federación. Este es un problema que ha tenido el país siempre, un problema que se origina a partir de la disfuncionalidad de la organización político jurídica. Es disfuncional por que las autoridades no cooperan entre sí, además de que no se elaboran estrategias para llevar a cabo estrategias que detengan la incidencia delictiva
Agrega: “tiene que haber estrategias que vayan más allá de la división jurídico política. Tiene que haber coordinación en los operativos y generación de inteligencia entre los gobiernos. Nada de esto existe, por lo que resulta difícil combatir los delitos del fuero común, como lo es la extorsión o el robo a transportista”.
Los datos consultados mencionan que en este año algunos estados han incrementado sus estados de fuerza sin que se tengan resultados en la disminución de los delitos. Un ejemplo de ello, es Chihuahua, donde el número de elementos pasó de 10 mil 486 en 2017 a 13 mil 277. Esta entidad concentra una de las cifras más altas de víctimas de homicidios (mil 701) y feminicidios (35).
Otro caso es Guanajuato, la cual en 2017 contaba con 10 mil 486 elementos, cifra que aumentó a 13 mil 277 en agosto de 2021. Sin embargo, la presencia de más policías no ha evitado que Guanajuato tenga el mayor número de asesinatos violentos (dos mil 383) en este año.
Estado de México y Jalisco son otras entidades donde se registra un aumento del personal en comparación al año 2017, sin embargo, ambas entidades se encuentran entre los estados con más víctimas de homicidio doloso. En el caso particular del Estado de México, tiene una las cifras más altas de víctimas de feminicidio (99).
Otras entidades que han aumentado la presencia de elementos en los últimos cinco años sin tener resultados en la disminución de los delitos del fuero común son: Michoacán, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.
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