La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tiene más de 2 mil 11 trámites rezagados en materia de plaguicidas o nutrientes vegetales desde 2018, denuncian organizaciones de la sociedad civil.
Esto, debido a que el proceso burocrático se ha ralentizado desde inicios de sexenio ya que el organismo ha tenido cambios de administración interna lo que también ha dificultado la resolución de los trámites.
Otra de las razones por las cuales se han detenido las gestiones entre la Cofepris y los particulares que buscan que se aprueben sus productos, es el fin de la comunicación entre la comisión y los particulares con el argumento del combate a la corrupción que el gobierno federal ha anunciado desde el inicio del sexenio.
“Se suspendió toda comunicación y esto ha llevado a serios retrasos en las gestiones que hace la industria para efecto de resolver dudas, de llegar a acuerdos con la autoridad que faciliten los procesos internos de la Cofepris que así se hacía anteriormente desde 2018 este diálogo se suspendió por completo”, explica Cristian García de Paz, director ejecutivo de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología (PROCCYT).
La cifra, 2 mil 11, sólo corresponde a los trámites rezagados en el área de plaguicidas y nutrientes vegetales, a los que habría que sumar los trámites de otros ramos como alimentos, bebidas o tabaco.
“Es la primera ocasión en la que se presentan estos rezagos tan importantes y normalmente era un proceso habitual administrativo donde la Cofepris, si no hacía resoluciones de un día para otro, eran resoluciones que cumplían los tiempos establecidos”, explica García.
El director ejecutivo de PROCCYT explica que hay algunos trámites muy sencillos, como el cambio de razón social, que en otro momento podía tomar una semana, ahora llevan más de dos años sin que se puedan finalizar.
Además, no existe una política de gestión clara y unificada para gestionar los plaguicidas, lo que ha generado que aumente el contrabando y falsificación de productos para el campo lo que representa daños para la salud, el medio ambiente y la productividad agrícola.
Si bien las legislaciones que regulan a la Cofepris están claramente establecidos y definidos, las leyes están dispersas y son responsabilidad de distintas autoridades lo que también complica el cumplimiento de los marcos jurídicos.
Así lo señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su informe titulado “Gobernanza Regulatoria en el Sector de Plaguicidas de México”.
“El marco regulatorio de plaguicidas existente en México es exhaustivo, pero está disperso entre varios instrumentos regulatorios y administrado por varias autoridades”, explica la OCDE y recomienda la creación de una única ley federal que aborde estos aspectos para facilitar los procesos de aprobación de plaguicidas.
Cristian García de la Paz coincide con el diagnóstico del organismo internacional porque, afirma, hay seis leyes relacionadas con la aprobación de plaguicidas y más de 30 normas oficiales a lo que se suman las dificultades de la falta de coordinación entre las distintas autoridades.
“Precisamente esta dispersión de facultades y dispersión de responsabilidades de diferentes dependencias representa una problemática porque además de que están tan dispersas, no hay una coordinación entre las autoridades”, afirma García.
Algunas de las consecuencias que esto puede traer para el país es que la seguridad y la autosuficiencia alimentaria puede estar en riesgo, así como la productividad del campo mexicano.
Además, a nivel internacional lo que permite realizar el comercio exterior de productos agrícolas es el estatus fitosanitario de México que podría estar en riesgo, en caso de que las plagas no se controlaran.
“Si nosotros perdemos el estatus fitosanitario por un mal manejo de plagas, un mal manejo de hierbas, por un mal manejo de hongos que afecten a los cultivos y a los productos del campo en México, nuestro país perdería ese estatus fitosanitario que tiene reconocido a nivel global y se podría perder la posibilidad de exportar nuestros productos a otros países”, alertó Cristian García.
Una situación de este tipo afectaría principalmente a los productores de aguacate, maíz y cebada.
Otro de los problemas que PROCCYT ubica en la política de gestión de plaguicidas, ahora en el aspecto internacional, es el hecho de que, a pesar de los acuerdos y tratados de comercio con Estados Unidos y Canadá, la aprobación de un producto en cualquiera de los otros dos países de Norteamérica no garantiza la aprobación del mismo producto en el país.
El argumento, la defensa de la soberanía nacional en materia del registro y aprobación de productos, es válido, opina Cristian García, pero puede generar problemáticas de comercio con los países del tratado comercial.
“Pudiera tener razón este argumento, sin embargo, el enfoque con el que se toma la vulnerabilidad de la soberanía es un poco equivocado porque no estamos hablando de cederle la facultad de registro a un Estado extranjero, sino de homologar los procedimientos regulatorios para facilitar el flujo comercial”, afirma el director ejecutivo de PROCCYT.
Estas condiciones que parecen circunstanciales podrían convertirse en una política pública que derive en el establecimiento de barreras arancelarias a los productos que se comercializan entre los países que componen el T-MEC lo que podría derivar en procesos judiciales internacionales.
“No estamos muy lejos de esos niveles de riesgo porque tenemos decretos famosos como el de glifosato que ya establece políticas públicas que son barreras no arancelarias para el intercambio de algunos productos”, explica el director ejecutivo de PROCCYT.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en caso de que los plaguicidas a nivel mundial fallen, se podría perder el 30 % de los cultivos planetarios.
“Esto es un promedio de la productividad a nivel global. Sin embargo, en nuestro país, la necesidad del control de plagas, del control de maleza, nos lleva a asumir que ese porcentaje podría ser mayor y llegar al 35% de la pérdida de los cultivos o productividad”, explica García.
De acuerdo con PROCCYT en el último año se puede hablar de la pérdida de entre el 5% y el 7 % de los cultivos debido a la falta de plaguicidas.
Otra de las graves consecuencias que la falta de cumplimiento en los trámites de aprobación de plaguicidas y nutrientes vegetales es el predominio del contrabando y falsificación de estos productos lo que puede afectar a la salud de los productores agrícola, al medio ambiente como los mantos freáticos y a la salud de los consumidores.
Así lo alerta el Observatorio Nacional Ciudadano que, además, explica que la prevalencia de plaguicidas ilegales promueve un aumento en la violencia del país.
“¿Por qué hablar de la venta de plaguicidas ilegales? Por el desarrollo de la violencia que se manifiesta en amenazas, lavado de dinero, contrabando y delitos contra el medio ambiente”, afirmó Francisco Rivas director del ONC.
Además, la Senasica ha revelado que una de cada dos muestras analizadas de productos agrícolas, como frutas o verduras, tienen restos de plaguicidas ilegales.
“Se están importando plaguicidas de manera ilegal, se están adulterando plaguicidas convirtiéndolos en sustancias peligrosas”, afirmó por su parte Cristian García.
Además, de los problemas de salud que pueden representar, los plaguicidas ilegales son vendidos a bajos precios a los productores agrícolas lo que aparentemente podría aumentar sus ganancias, sin embargo, en los hechos terminan afectando a los cultivos, a la tierra y, por lo tanto, la productividad de los cultivos.
“La Cofepris no está monitoreando de manera efectiva el tema de los plaguicidas ilegales y esto sí representa un peligro para la salud y el medio ambiente”, cuestiona García.
Ambas organizaciones, el ONC y PROCCYT, han hecho llamados respetuosos a que las autoridades responsables, principalmente la Cofepris, tomen cartas en el asunto tanto para agilizar los trámites correspondientes y para vigilar el comercio ilegal de plaguicidas y nutrientes vegetales.
LA OCDE SE PRONUNCIA SOBRE EL TEMA
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó un informe sobre el manejo de los plaguicidas en México en donde realizó un diagnóstico y una serie de recomendaciones para mejorar la gestión de estos materiales.
Entre las recomendaciones se encuentra la necesidad de que México coordine de manera eficaz las disposiciones legales entre las dependencias oficiales.
La OCDE también llamó a que haya mucha más transparencia en las decisiones de gobierno y se destine mayores recursos para la infraestructura y la capacitación del personal técnico.
Además, la Organización alertó que es necesario que en el país se preste especial atención a la gestión y manejo de los envases de plaguicidas así como de recursos para recolectar 50 millones de contenedores al año, pues se tiene apenas 10 % para esa tarea.
En relación con la dispersión de las legislaciones relacionadas con la gestión de plaguicidas, además de que es responsabilidad de distintos organismos, la OCDE alerta en su informe que esto puede generar contradicciones entre los objetivos y los mecanismos operativizados para la materia.
“Genera metas contradictorias entre las dependencias, por ejemplo, aquellas relacionadas con la protección de la salud humana o el medio ambiente y la protección de cosechas, pueden tener un impacto sobre la cooperación entre secretarías o reguladores en la implementación de sistema en general”, reza el informe de la organización internacional.
El director de PROCCYT agregó que al sector de plaguicidas lo regulan 6 leyes federales, como la Ley Federal de Salud, la Ley Federal de Sanidad Vegetal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 14 reglamentos, incluido el de actividades peligrosas y más de 30 Normas Oficiales Mexicanas, en donde se establecen parámetros de aplicación, de uso, manejo, transporte, distribución, entre otras actividades.
“Todo lo cual, a pesar de ser muy robusto, integra un marco regulatorio complejo y, propenso a la descoordinación entre dependencias oficiales, que dificultan la aplicación de la normatividad, misma que debería tener los estándares del primer mundo, como lo sugiere la OCDE”, afirmó García.
CORRUPCIÓN Y FENTANILO
El mes pasado, un operativo de la Secretaría de Marina en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se llevó a cabo en sus instalaciones porque se detectó corrupción, ya que se dieron permisos de importación de precursores químicos a discrecionalidad, como en el caso del fentanilo, que enfatizó que debe ser controlado por cuestiones internacionales del crimen organizado, dijo en comparecencia Jorge Alcocer.
El 6 de octubre fue nombrado el capitán de navío, Francisco Julián Arce, como titular del Órgano Interno de Control y se ha mencionado, explicó la senadora, que la Dirección Ejecutiva de regulación de estupefacientes, psicotrópicos y sustancias químicas será encabezada por la teniente de fragata química Celeste Ruiz que proviene de la Secretaría de Marina.
El periodista Darío Celis, en su columna en El Financiero, advirtió hace unos días que se hace limpia en la Cofepris “ante la creciente corrupción que ahí impera”.
Publicó que el presidente mandó a su hijo Andrés Manuel López Beltrán a meter orden, lo que significó un manotazo a Hugo López-Gatell, cuya subsecretaría asumió desde agosto pasado el control de ese regulador.
“Pese a la salida de José Novelo, los vicios y corrupción en la operación día a día de ese importante organismo no cesaron. La llegada de Alejandro Svarch, si bien destrabó procesos no fue al fondo del problema. La mano de ‘Andy’ se empezó a sentir hace diez días tras el cese de funcionarios claves. El 30 de septiembre salieron Olga Piña y América Orellana, día que la Marina arribó a custodiar las instalaciones”.
MJP