A pesar de que en las Comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y Estudios Legislativos del Senado se aprobaron reformas para la ley que regula el manejo de los residuos, y se busca crear una ley de economía circular, estas legislaciones no protegen el medioambiente, afectan a la ciudadanía y, en su lugar, protegen los intereses de las empresas.
Así lo destaca Greenpeace México y la organización en la que participa, Alianza México Sin Plástico que, además, cuestionan que, a pesar de que participaron en las discusiones y se reunieron con senadores, particularmente con el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Raúl Bolaños-Cacho Cué, no fueron tomados en cuenta para la redacción de los dictámenes.
“El senador organizó algunos parlamentos abiertos desde finales de 2018, principios de 2019 para discutir estas temáticas con muchos actores invitados pero lo cierto es que fue sólo una simulación para decir “escuchamos a todos”, pero a la hora de redactar el dictamen sólo consideraron las propuestas de la industria”, cuestiona Ornella Garelli, especialista en Consumo responsable y cambio climático de Greenpeace México.
Garelli explica en qué consisten los principales tres problemas de estas iniciativas de ley y de reformas.
RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DE LOS PRODUCTORES
En primer lugar, las propuestas legislativas no consideran un concepto que para los ambientalistas resulta fundamental: responsabilidad extendida de los productores que significa que quienes actualmente colocan en el mercado productos de plástico como envases y empaques, deben rediseñar su producto para que sean libres de empaques de plástico de un solo uso.
Sin embargo, en los dictámenes aprobados, no se habla de responsabilidad extendida de los productores, sino únicamente de responsabilidad extendida lo que permite que las empresas tengan un vacío legal que las protege y que es muy similar a conceptos que ya existían.
“Entonces termina siendo muy parecida a la responsabilidad compartida que ya estaba y solamente metieron ahí responsabilidad extendida para decir que nos cumplieron con esta exigencia, pero lo cierto es que no, al final terminaron poniendo una definición que va a generar mucha confusión al momento de su aplicación”, explica Garelli.
Además, al afirmar que la responsabilidad se extiende a consumidores y al gobierno, se pone el acento en la ciudadanía que va a tener que pagar, a través de los impuestos, este tipo de medidas de las que las empresas son responsables.
¿QUÉ ES EL PLÁSTICO DE UN SOLO USO?
Otro de los aspectos que le preocupa a los activistas que defienden el medio ambiente es que la definición de plásticos de un solo uso pone el acento en el consumo, en el reciclaje y, peor aún, incluso en su incineramiento.
“Esto es muy grave porque los plásticos de un sólo uso son tales porque están concebidos para desecharse, son plásticos que tienen una vida útil muy corta y eso lo vemos en su mismo diseño y ese diseño, esta concepción no cambia porque este plástico pueda idealmente llevarse a reciclar, o llevarse a compostar o peor aún, quemarse”, explica la especialista.
El principal problema de esto es que no modifica las dinámicas de contaminación o de creación de contaminantes.
“Esto es sumamente negativo porque esto no cambia la problemática de fondo, que es que estamos utilizando productos diseñados para tirarse que se van a seguir convirtiendo en residuos, que se van a tener que seguir recolectando, acopiar, reciclar con todos los impactos ambientales y para la gestión de residuos que esto conlleva”, afirma Garelli.
Greenpeace ha trabajado con base en una definición que permite entender en qué consisten los plásticos de un solo uso porque, hacen hincapié, lo principal es la lógica de la producción de estos materiales.
“Son productos que se fabrican total o parcialmente a partir de plásticos y que no están concebidos para lograr dentro de su vida útil múltiples rotaciones al ser devueltos al productor para su recarga o ser reutilizados para el mismo propósito con que fueron concebidos. Tales como bolsas, tenedores, cuchillos, cucharas, palitos mezcladores, platos, popotes, bastoncillos para hisopos de algodón, globos, varillas para globos, vasos y sus tapas, charolas para transportar alimentos, aplicadores de tampones, envases y empaques, de manera enunciativa más no limitativa”, señalan los documentos de Greenpeace.
PERTINENCIA ECONÓMICA DE LAS LEGISLACIONES ESTATALES
El tercer punto que a la organización le preocupa es el hecho de que, en caso de aprobarse, la nueva legislación permitiría que algunas leyes locales en los estados de la República se puedan echar para atrás en beneficio de las empresas que no están siendo obligadas a dejar de producir plásticos de un solo uso.
“Si estas prohibiciones no tienen pertinencia económica, aunque sean ambientalmente positivas, se podrían echar para abajo privilegiando los intereses de la industria. Esta parte de privilegiar los intereses empresariales por encima del bienestar general y del medioambiente es sumamente grave”, alerta la especialista.
¿Y LOS IMPUESTOS DE LA POBLACIÓN?
Otro de los aspectos por los que la legislación es preocupante para las organizaciones que componen Alianza México sin Plástico, es que en conjunto se pone hincapié en el consumo de la ciudadanía cuando no es comparable con la producción masiva por parte de las empresas; por eso es importante que las empresas rediseñen sus productos.
“Es muy fácil culpar a las personas consumidoras al decir “es que la gente no tira la basura en su lugar o sigue consumiendo de forma masiva” y claro que es un problema y las personas tenemos responsabilidad al respecto, pero no se compara nuestra responsabilidad con la que tienen las grandes empresas que ponen miles de millones de empaques y envases plásticos en el mercado. Cuando tú como persona consumidora vas a comprar lo que necesitas de despensa, por ejemplo, entras al súper y encuentras todo empaquetado en plástico, es como las empresas te lo están dando”, cuestiona la especialista.
Además, con la nueva legislación y la gestión de los residuos, quien va a poner la infraestructura son exclusivamente los gobiernos locales y estatales sin ningún tipo de participación de la industria.
“En el dictamen, la infraestructura corresponde únicamente a los gobiernos estatales y municipales. Quienes tienen que poner los recursos para construirla son estos gobiernos y de nuevo, con dinero público de los impuestos de la gente. Nosotros demandamos que las empresas también tengan responsabilidad en el establecimiento de esta infraestructura, que es justo la responsabilidad extendida de los productores”, explica Garelli.
Al respecto explica que, en diversos países de Europa, las empresas son las responsables de recolectar y reutilizar los envases y empaques de los productos que colocan en el mercado.
¿QUÉ HACER ENTONCES?
Para la organización ambientalista es fundamental que las y los legisladores escuchen y realmente tomen en cuenta la opinión de las organizaciones de la sociedad civil y no sólo privilegien el interés de las empresas por encima del bienestar general de la población y el medio ambiente.
Además, se debe garantizar la reducción o eliminación de la producción de este tipo de residuos de un solo uso, lo que no necesariamente significa la eliminación del plástico sino rediseñarlo para que sirva en muchas ocasiones.
Un ejemplo que ponen es el de las caguamas o los refrescos retornables.
“Un ejemplo de esto son las caguamas. Es un envase de vidrio, que tú adquieres en una tienda, pero tienes que dejar un depósito y cuando te acabas la bebida, regresas la botella y te regresan tu depósito o tú llevas una botella que tú tengas y la intercambias por una botella rellenada. Ese tipo de esquemas son economía circular basado en la reutilización y es lo que estamos promoviendo que las empresas hagan. Y puede ser una botella incluso de plástico pero que esté diseñada para utilizarse y no para desecharse”, afirma la especialista.
La Alianza México Sin Plástico le hizo llegar nuevamente una carta al senador Raúl Bolaños-Cacho Cué en la que cuestionan que ninguna de sus propuestas fundamentales fue considerada al momento de escribir el dictamen a pesar de que los senadores se comprometieron a ello.
(djh)