En los primeros 15 meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, 53 mil 981 trabajadores de 291 dependencias de gobierno federal fueron separados de sus puestos de trabajo.
Documentos de la Secretaría de la Función Pública (SFP) consultados por La Silla Rota muestran que las bajas “voluntarias” de empleados (base y confianza) se registraron entre el 1 de diciembre de 2018 y el pasado 30 de abril.
El recorte de la nómina federal va en aumento. En junio de 2019 La Silla Rota documentó la destitución de nueve mil 746 empleados de diferentes dependencias de gobierno, entre los meses de diciembre de 2018 y marzo de 2019.
El reporte más reciente de la Secretaría de la Función Pública indica que las bajas ya alcanzan a 53 mil 981 personas. La separación de trabajadores se presenta tanto en secretarías como en institutos, coordinaciones o áreas de gobierno.
De acuerdo con el listado, las dependencias con más bajas “voluntarias” son: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), seis mil 481 trabajadores; Policía Federal, seis mil 50; Servicio de Administración Tributaria (SAT), cinco mil 718; ISSSTE, dos mil 482; Secretaría de Gobernación (Segob), mil 6181; mientras que en el Instituto Nacional de Migración (INM), suman mil 212.
En las secretarías de Educación Pública (SEP), mil 184; Trabajo y Previsión Social (STPS), mil 142; Comunicaciones y Transportes (SCT), mil 91 (aunque se prevé salgan más de 2 mil 300 empleados); Fiscalía General de la República (FGR), mil 28; Prevención y Readaptación Social, 997; secretarías del Bienestar, 972; Salud (SA), 772; Función Pública (SFP), 770 y en la Oficina de la Presidencia de la República, 755.
En junio de 2019 el Instituto Belisario Domínguez, del Senado presentó un estudio el cual menciona que se desconocen los criterios que se han seguido para la reducción de la plantilla laboral, de los costos de servicios personales, así como de las plazas eventuales
“La reducción de la plantilla laboral, por ejemplo, pareciera ser una medida cuya instrumentación se plantea como homogénea sin que exista un diagnóstico organizacional que permita identificar las necesidades particulares en materia de recursos humanos que se requieren para el cumplimiento óptimo de las funciones encomendadas a cada dependencia o entidad.”
En el documento, titulado: “El alcance de los objetivos de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”, menciona que los ajustes que busca hacer el gobierno forman parte del combate a la corrupción, sin embargo, se necesitan hacer diferentes reformas que permitan un ataque frontal.
“Lo anterior pone de manifiesto que la propia complejidad del fenómeno de la corrupción demanda la convergencia de esfuerzos y recursos, lo cual puede entrar en conflicto con el objetivo de una reforma organizacional centrada en el valor de la austeridad. Aunado a los desafíos de implementación que ésta requiere, es necesario valorar su complementariedad con otras reformas”.
Durante los primeros meses de la presente administración, trabajadores de Notimex, Agencia de Noticias del Estado, denunciaron despidos laborales injustificados, así como el acoso de directivos para que los trabajadores presentaran sus renuncias “voluntarias”.
En junio pasado, trabajadores de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) aseguraron que el recorte al presupuesto anunciado por el gobierno federal llevará a una pérdida del 60% de las plazas de trabajo.
En abril pasado, exempleados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, protestaron frente a Palacio Nacional por despidos injustificados que les aplicaron. En diciembre de 2018 trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT), denunciaron que eran obligados a renunciar por parte de los directivos.
