Pilar Noriega García, ex integrante de la Comisión de la Verdad de Guerrero, quien ha venido impulsando que se atienda a las más de 500 víctimas registradas con relación a la guerra sucia en la entidad, señala que a más de un año de haber conseguido un amparo para que estas víctimas sean reconocidas y atendidas, ni el anterior titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín, ni Mara Gómez en los pocos meses de su gestión, cumplieron la sentencia judicial que obliga al Estado Mexicano a proporcionar una atención integral a las más de 500 víctimas de la guerra sucia en Guerrero.
Si bien la CEAV ya registró a una parte de las víctimas reconocidas por la Comverdad, lo único que han obtenido de la institución es una silla de ruedas prestada para una mujer con discapacidad y los medicamentos prometidos para una persona diabética todavía no llegaban hace una semana.
Mara Gómez, la hoy ex titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, fue nombrada por el Senado por mayoría en diciembre del año pasado, aunque desde entonces se escucharon voces que señalaban que no contaba con experiencia en la materia, requisito que establece la ley.
Desde muy pronto a partir del inicio de su gestión se le criticaba por carecer de sensibilidad respecto de lo que han pasado las víctimas y la situación hizo crisis cuando denunció que le habían reducido el presupuesto en 75%, lo cual se sumaba a sus limitaciones de recursos ya existentes, y prácticamente le impedía operar.
Diversos colectivos de víctimas mantenían un plantón frente a Palacio Nacional para exigir la renuncia de Gómez. Una carta con la misma petición, entregada al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, fue turnada al Senado para su conocimiento.
Ahora que se dio a conocer su renuncia, se buscó conocer la experiencia de personas que tuvieron relación con la funcionaria dependiente de la Secretaría de Gobernación.
En opinión de Pilar Noriega, quien también fue primera visitadora de la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, si bien en un principio Mara Gómez “tenía un ejercicio muy ejecutivo, práctico, esquemático y se le reclamaba falta de sensibilidad”, la titular de la CEAV fue modificando su actitud, por lo menos en los casos de la Comisión de la Verdad (Comverdad).
La Comverdad fue instituida en Guerrero en 2012 por decisión del Congreso local para investigar las violaciones a los derechos humanos que había cometido el Estado mexicano durante los años 1969 y 1970. Los integrantes de la Comverdad presentaron su informe en octubre de 2014 y desde entonces no han logrado la “justicia, verdad y reparación integral del daño”, demandas que se derivaron de su trabajo.
Junto con Nicomedes Fuentes García ha acudido también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la cual tampoco ha dado solución al caso, por lo que tuvieron que recurrir a un amparo, el mismo que la CEAV se comprometió a acatar desde la época del anterior titular. Y de eso ya hace un año.
Pilar Noriega aclara que la Comverdad no participó en la demanda de renuncia de Rochín ni lo hizo ahora en el caso de Mara Gómez porque en su opinión, esos cambios sólo hacen que se retrase más el cumplimiento del amparo para la reparación integral del daño de las víctimas.