En dos años, el Poder Judicial de la Federación (PJF) destinó 318 millones de pesos de su presupuesto a la compra de 142 vehículos blindados estilo SUV (Sport Utility Vehicle-vehículo utilitario deportivo) para la seguridad de jueces y magistrados.
De acuerdo con documentos oficiales del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) cada camioneta blindada estilo SUV tuvo un precio de 2.1 millones de pesos a 2.4 millones de pesos; el costo varió por el nivel de blindaje de los automotores.
Las unidades se entregaron en 2016 y 2017 a integrantes del PJF de siete estados, donde destacó Jalisco como la entidad a la que se destinó el mayor número de vehículos blindados con un total de 30.
Los 318 millones de pesos para la adquisición de los vehículos blindados de los jueces y magistrados del CJF equivalen a entregar una beca de 800 pesos mensuales durante un año a 33 mil 125 estudiantes de bachillerato.
El 27 de septiembre de 2016, se lanzó la licitación pública nacional número CJF/SEA/DGRM/LPN/029/2016, la cual fue firmada por Rosa María Vizconde Ortuño, entonces secretaria Ejecutiva de Administración, antes fue contralora del PJF y quien fue suspendida de su encargo junto a otros cuatro funcionarios por el hallazgo de 4 millones de pesos en efectivo en la cajuela de un vehículo de la Dirección de Inmuebles y Mantenimiento de la CJF.
Se solicitaron 30 vehículos blindados SUV para Nuevo León y Jalisco, 40 vehículos blindados SUV para el Estado de México y la Ciudad de México.
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El CJF clasificó como reservados los nombres de las empresas participantes y los montos de las propuestas, “en virtud de contener información de carácter técnico que pone en riesgo la vida y la seguridad de las personas”.
Los vehículos SUV debían cumplir con Norma Oficial Mexicana NOM-142-SCFI-2000 “niveles de protección de materiales para blindajes resistentes a impactos balísticos”, que van desde el calibre .22 hasta el calibre 7.62 x 51 mm.
El fallo de la licitación por la adquisición de los 70 vehículos blindados se comunicó hasta el 27 de enero de 2017.
Por 40 camionetas blindadas para el Estado de México y la Ciudad de México se pagaron 94.4 millones de pesos, es decir, 2.3 millones de pesos cada una.
Las 15 unidades blindadas asignadas a Nuevo León costaron 35.4 millones de pesos, por vehículo 2.3 millones de pesos, y por las 15 camionetas para Jalisco se desembolsaron 32.9 millones de pesos por vehículo.
Ese año se pagaron 162.7 millones de pesos para los vehículos blindados del CJF.
Con sólo unos meses de diferencia, el 10 de octubre de 2017 se emitió otra licitación pública nacional, la CJF/SEA/DGRM/LPN/026/2017 para la adquisición de vehículos blindados, prendas de protección personal y equipo de detección intrusiva, la cual fue firmada por el nuevo secretario Ejecutivo de Administración, Miguel Francisco González Canudas, quien presentó la denuncia contra su antecesora por los 4 millones de pesos encontrados en el vehículo oficial.
El CJF solicitó 72 vehículos blindados tipo SUV, 80 chalecos balísticos, 38 bandas de rayos X, 22 arcos detectores de metales y 45 detectores de metales manuales.
Según el fallo de licitación se asignaron 15 vehículos a Jalisco por 31.6 millones de pesos, 19 a Querétaro por 37.8 millones de pesos, 19 a San Luis Potosí por 39.7 millones de pesos, y 19 a Sonora por 46.5 millones de pesos.
Por lo que en el 2017 se destinaron 155.6 millones de pesos para vehículos blindados, y 19.9 millones de pesos para los chalecos balísticos, las bandas de rayos X, los arcos detectores de metales y los detectores de metales manuales.
Esto se suma a lo que los jueces y magistrados del CJF reciben de apoyo como casas de hasta 6 millones de pesos o ayudas para renta de viviendas en los estados.