Luisa Castellanos busca a su esposo Nicolás Flores Reséndiz y a su cuñado Reyes Flores Reséndiz, ambos desaparecieron en marzo de 2011 de camino de Nuevo León a Tamaulipas.
“Mi esposo trabajaba como chofer foráneo en el Mercado de Abastos de San Nicolás y transportaba fresa a Tampico para que se vendiera. Viajaba dos o tres veces por semana a realizar las entregas de esa mercancía”, recuerda.
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En esa ocasión su cuñado lo acompañó para apoyarlo por si le daba sueño. Desaparecen ambos sin rastro a pesar de que la camioneta tenía GPS. Fue localizada días después; sin embargo, a la fecha no se sabe nada de los hermanos.
Los gobiernos de Tamaulipas y Nuevo León fueron omisos. Hay una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos porque no hubo acciones de búsqueda por parte de la Procuraduría local o ninguna otra instancia.
En el caso de Tamaulipas, la averiguación previa se remitió solo a la localización del vehículo y la devolución al propietario. “No hubo ninguna acción para buscarlos. La empresa recibió la camioneta y hasta ahí no ofreció apoyo ni información”.
Cuando localizaron el vehículo no había huellas de violencia. Elementos del ejército aseguraron la camioneta, por lo que no se realizó una prueba pericial.
En siete años no hay ninguna línea de investigación concreta por parte de las autoridades. Sin embargo, de acuerdo a los datos recabados por Luisa, por esa zona cruza la carretera 101 que va hacia San Fernando, Tamaulipas y la desaparición se dio 12 días antes de la masacre de 72 migrantes en ese municipio en 2011.
Tanto los hermanos Nicolás y Reyes como Luisa son víctimas, indirectas, de la guerra contra el narcotráfico que emprendió el gobierno de Felipe Calderón en 2006 y que desde entonces hasta el primer cuatrimestre del 2018 ha dejado a más de 130 mil personas asesinadas, 33 mil 125 desaparecidos y al menos 329 mil 917 desplazados. Además han sido ultimados periodistas, políticos, alcaldes, líderes religiosos y defensores de derechos humanos.
“(A Nicolás) le tocó presenciar cuando asesinaron al candidato a gobernador de Tamaulipas. Estaban las ambulancias cuando pasó. En esa ocasión me dijo que nadie querría secuestrar a quien transportaba fresas. Él no tenía temor de circular por la carretera, porque decía que solo el que estaba metido en algo o que trajera cosas de valor, lo levantaban. Estábamos en un contexto de violencia, donde la impunidad en Tamaulipas estaba y está a la orden del día. Muy probablemente a alguno de esos grupos que operaba por ahí se le antojó las fresas”, dijo Luisa.
Debido a ese contexto y a la negación por parte del Estado mexicano a reconocer la masividad de la violencia y las graves violaciones de derechos humanos, un grupo de académicos, colectivos y organizaciones civiles crearon el año pasado la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción, que ahora presenta la propuesta de formar una Comisión de la Verdad y Memoria en México.
Meses después de la desaparición de su esposo y cuñado, Luisa Castellanos al ver que ella era la única que los buscaba y que no contaba con el apoyo de las autoridades, entró al colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León que a su vez forma parte de la Plataforma que propone la Comisión de la Verdad, la cual pretende dar justicia y proteger a las familias y víctimas de la violencia ocasionada por la guerra contra el narco.
En Acapulco, la violencia es de todos los días
María Emma Mora Liberato es integrante de Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, una de las asociaciones civiles que apoya la creación de la Comisión de la Verdad. Su hijo fue secuestrado en ese puerto turístico de Guerrero el 20 de septiembre de 2011 cuando él tenía 14 años.
José Alberto Tellez Mora fue secuestrado de camino a la escuela en el fraccionamiento Cota Azul en Acapulco. En ese momento estudiaba la secundaria, pero ya no llegó. “Tuvimos dos llamadas pidiéndonos rescate, hubo un silencio y después volvieron a comunicarse. Se entregó el dinero, mas no a nuestro hijo. Nos dijeron que nos llamarían para decirnos a donde lo iban a dejar, pero nunca más llamaron. Tengo seis años, 10 meses y cinco días buscando y lo seguiré haciendo hasta mi último suspiro”, relató María.
Además del dolor de saber que su hijo fue secuestrado, su familia fue desplazada del lugar donde vivía por miedo a la inseguridad. Sumado a ello, las autoridades no investigaron el caso, lo archivaron.
María, junto con otras madres que también buscan a sus hijos en Acapulco, formaron hace tres años un colectivo y en 2016 se constituyó como asociación civil para tener más apertura y certeza jurídica.
“Decidimos caminar juntas y unir nuestras voces para ser escuchadas. Empezamos 11 familias y ahora somos 108 en la AC. No quisimos que creciera tanto pero lamentablemente, la violencia, desapariciones, secuestros, asesinatos y levantones son de todos los días. Incluso el mismo gobierno y las agencias nos canalizan a las familias para que les demos un acompañamiento”.
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¿Qué propone la comisión de la verdad y memoria en México?
Guillermo Trejo, profesor de la Universidad de Notre Dame e integrante de la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción, explicó que el documento “Romper el Silencio” desarrolla una propuesta para iniciar un largo proceso de verdad y de reconstrucción de la memoria que ayude a romper la impunidad sobre las graves violaciones de derechos humanos y en su caso crímenes de lesa humanidad cometidos entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2018, en el marco de la guerra contra el narcotráfico.
Esa búsqueda se plantea que sea a través de una Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica cuyo objetivo principal sea de dignificar a las víctimas y a sus familiares. Para que funcione tendría que presentarse en el legislativo y aprobarse desde ahí.
“Tendría que conformarse en un organismo autónomo apoyado y financiado con recursos del erario público y con el apoyo técnico de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
El también coordinador del documento “Romper el Silencio” afirmó que esta propuesta surge luego que en el contexto de violencia, el Estado ha atentado contra la dignidad de las víctimas, silenciado a la sociedad y alimentado la impunidad que se ha convertido en una de las principales causas de la grave crisis de derechos humanos que aqueja al país.
“(En experiencias internacionales de Comisiones de la Verdad creadas por la ciudadanía), el Ejecutivo reconoce y generalmente ahí es donde empiezan los países a refundarse a partir de la verdad. Esta propuesta quiere refundar a México a partir de la verdad”, señaló Trejo.
fmma